Las operaciones militares ejecutadas por la potencia norteamericana en los océanos Atlántico y Pacífico se presentan bajo el argumento de combatir el narcotráfico; pero la realidad de fondo es el sometimiento, pues dichas intervenciones han causado la muerte de numerosas personas y la destrucción de embarcaciones sin que medie un debido proceso. Tales acciones, consideradas ejecuciones extrajudiciales, han sido promovidas, según se afirma, por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien se ha consolidado como el principal ideólogo de los bombardeos.
La influencia de Rubio en la administración Trump ha sido determinante para afianzar una estrategia que confunde la justicia con el autoritarismo y proyecta al país norteamericano como una nación desestabilizadora en América Latina y el Caribe. En consecuencia, se presenta en calidad de juez y parte en la región, imponiendo directrices destructivas frente a un contexto vulnerable.
A ello se suma una intensa guerra psicológica, sustentada en la denominada Lista Clinton, procesos de certificación, amenazas constantes de extradición, embargos económicos, monitoreo satelital de cultivos ilícitos y la demonización de administraciones consideradas incómodas. El titular del Departamento de Estado ha contribuido a desatar una ofensiva orientada a doblegar a gobiernos latinoamericanos mediante la narrativa del supuesto combate al “narcoterrorismo”. En su discurso, incluso ha etiquetado a comunidades enteras como “criminales”, legitimando el uso indiscriminado de la fuerza militar.
Ante la barbarie que representan los ataques contra embarcaciones, se hace imprescindible que la comunidad internacional actúe con firmeza y de manera coordinada. Por lo tanto, es necesario remitir una nota diplomática al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, argumentando que tales actos suponen una amenaza para la paz y el orden mundial, a fin de que el órgano correspondiente adopte las medidas pertinentes. Asimismo, dicho país ignora los acuerdos de cooperación policial suscritos entre los Estados para enfrentar esta clase de situaciones. En este panorama, el rol de Marco Rubio como promotor de esas intervenciones armadas lo sitúa en el centro de una política que, según se afirma, ha provocado la muerte de múltiples personas.
Para Trump y Rubio, los ataques aéreos constituyen una maniobra destinada a fortalecer sus imágenes públicas y desviar las críticas en su contra. Mientras el presidente busca atenuar los señalamientos judiciales y mediáticos que enfrenta, Rubio procura moderar los señalamientos surgidos en torno a presuntos vínculos familiares con actividades relacionadas con el narcotráfico.
Corresponde también a los países latinoamericanos impulsar una campaña en redes sociales que exija que los responsables sean castigados. Una acción de este tipo tendría un impacto significativo, pues enviaría un mensaje claro y sostenido a los perpetradores, los cuales no podrían evitar el rechazo de la opinión pública ni vivir en completa tranquilidad. Se generaría así una presión digital constante, un verdadero “bombardeo cibernético” que, sin duda, alcanzaría de lleno a quienes han cometido estos actos crueles.
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