En un episodio que ha generado fuertes debates públicos, el pasado 3 de octubre, en Envigado (Antioquia), según denuncias ciudadanas, se desplegó un operativo extremadamente contundente para desalojar solo a nueve adultos mayores y un sacerdote de los predios de la Catedral.
Se afirma que el alcalde Raúl Cardona, junto al comandante de Policía local, ordenaron la movilización de más de setenta uniformados, incluidos grupos élite, caninos antiexplosivos, unidades antinarcóticos y especialistas en carabineros, para realizar la diligencia. Una acción que muchos consideran desproporcionada, innecesaria y hasta intimidatoria.
¿Por qué le tenía tanto temor el alcalde Cardona al sacerdote?
¿Pretendía demostrar fuerza, autoridad o enviar un mensaje? Algunos ven en el despliegue un acto impresionante de poder, casi desafiante, hacia un religioso conocido por su labor pastoral, y hacia adultos mayores indefensos. Otros reclaman explicaciones: ¿era verdaderamente indispensable esa cantidad de policías para hacer cumplir una orden? ¿Qué grado de riesgo se estimó?
El episodio abre preguntas, además, sobre los límites del uso de la fuerza pública en casos civiles, las garantías de derechos humanos, la protección de personas vulnerables y el respeto a la libertad religiosa. ¿Hasta dónde puede llegar la autoridad local sin ser acusada de abuso o intimidación?
Envigado exige luz sobre este acto que muchos califican de “acto cobarde”: ¿Qué intención subyace detrás del despliegue desbordado? ¿Qué mensaje quiso enviar el alcalde al ordenar semejante operación? ¿Por qué se prefirió el temor y la fuerza, cuando hubo colaboración total?
El clamor ciudadano pide respuestas concretas, institucionales y transparentes.
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