En Colombia se ha vuelto común afirmar que lo que vivimos es polarización. La frase circula con comodidad en medios, redes y conversaciones políticas. Suena tranquilizadora: dos bandos enfrentados que discuten fuerte, pero que aún respetan las reglas básicas de la democracia. Nada más falso. Esa explicación es un engaño que adormece a la ciudadanía, la hace bajar la guardia y la invita a pensar que seguimos dentro del cauce institucional. La realidad es mucho más grave: no estamos frente a una simple polarización, estamos ante la erosión sistemática de la democracia.

La diferencia es sustancial

La polarización supone adversarios que se reconocen mutuamente, que discuten con fuerza, incluso con agresividad, pero que admiten la legitimidad del otro y aceptan las reglas del juego. Esa confrontación puede ser intensa, pero ocurre dentro de los márgenes democráticos. Lo que vivimos en Colombia, en cambio, es la demolición de esas bases. El adversario ya no es contradictor, sino enemigo. El propio presidente Gustavo Petro lo expresó sin rodeos: “Yo soy el jefe del alcalde y el jefe del Ejército”. No habló como jefe de Estado limitado por la Constitución, sino como caudillo que subordina autoridades electas y fuerza pública a su figura personal.

Instituciones debilitadas, democracia herida

La erosión no se queda en el lenguaje. El Parlamento Europeo alertó sobre el recorte presupuestal a la Defensoría del Pueblo, justo cuando esa entidad ha documentado más de 1.500 asesinatos de defensores de derechos humanos desde 1992. Reducirle recursos en plena ola de violencia no es un ajuste técnico: es un golpe directo a la capacidad del Estado de proteger a los más vulnerables. ¿Cómo se puede hablar de garantías democráticas si se debilita a la institución que más documenta las violaciones a los derechos humanos?

La desprotección que mata

El caso del senador Miguel Uribe Turbay es aún más doloroso. Presentó más de veinte solicitudes formales de seguridad a la Unidad Nacional de Protección. La última, dos días antes del atentado que acabó con su vida en agosto de 2025, fue rechazada. No fallaron las alertas, falló la voluntad política para proteger a un opositor. La desprotección no es accidente: es consecuencia de un clima en el que la oposición se considera un estorbo, no una garantía del sistema.

Un país bajo dominio de violentos

Mientras tanto, los violentos avanzan. Según la Defensoría, los grupos armados hoy están presentes en 809 municipios, lo que equivale al 73 % del país. Indepaz ha documentado 52 masacres en lo corrido de 2025 con 172 víctimas, y el Observatorio de la ONU reporta que 1,45 millones de personas han sido afectadas por la violencia en apenas seis meses, cuatro veces más que en 2024. ¿Cómo puede alguien insistir en que esto es polarización? Lo que hay es un Estado que cede territorio, abandona comunidades y se refugia en un discurso que disfraza la gravedad de la situación.

El espejismo del diálogo

Algunos insisten en que la salida es más diálogo. Es un espejismo peligroso. El diálogo democrático solo tiene sentido si se respetan unas reglas mínimas: protección de la vida, independencia de las instituciones, libertad de prensa, garantías para la oposición. Cuando esas bases se erosionan, el diálogo se convierte en una trampa: un escenario manipulado por quien controla las reglas, mientras la otra parte llega desarmada.

Europa advierte el deterioro

El Parlamento Europeo lo advirtió con claridad en su resolución del 11 de septiembre de 2025 dirigida a Petro: “las declaraciones incendiarias difundidas por la Presidencia y actores políticos han contribuido a aumentar la polarización, la violencia política, la incitación al odio y la inestabilidad en el país”. No es una acusación de la oposición local: es una constatación internacional de que las palabras del presidente están alimentando la violencia y debilitando la democracia.

Elecciones bajo amenaza

El riesgo mayor es que esta erosión llegue al corazón mismo del sistema: las elecciones de 2026. La Unión Europea ya expresó su preocupación por el aumento documentado de la violencia contra candidatos y dirigentes en 2025, advirtiendo que podría socavar las garantías electorales y la confianza ciudadana en las instituciones. Eso significa que podríamos tener elecciones formalmente libres, pero materialmente inseguras, sin garantías reales para todos los actores políticos.

Creer que todo esto es solo polarización es aceptar una mentira que nos puede costar la democracia. No se trata de un pleito normal entre dos bandos. Se trata de la deslegitimación del adversario, la erosión de las instituciones y la expansión de la violencia en los territorios. El momento exige claridad. Colombia no está dividida en dos polos que se enfrentan dentro de la democracia. Colombia está perdiendo el piso democrático bajo sus pies. Y la responsabilidad de defenderlo no es solo de las élites políticas, sino de toda la ciudadanía que aún cree en la libertad, en el Estado de derecho y en el futuro de la nación.

Del mismo autor: El chupasangre fiscal de Petro