Elina Ulloa Sánchez y Eddye Yarik Reyes, secretaria de Hacienda y jefe de la Oficina Asesora de la Secretaría Departamental de Educación de la gobernación de Boyacá, durante la administración de Carlos Amaya, hacen parte de un grupo exfuncionarios y particulares condenados a pagar una condena fiscal por $222 millones por irregularidades en contrato de prestación de servicios de educación a adultos mayores y jóvenes inscritos en programas por ciclos.
Al dictar su fallo la Contraloría General de la República exoneró a Amaya, ex aspirante presidencial por el Partido Verde, después de tenerlo vinculado y embargado temporalmente. La decisión ha resultado polémica porque la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han dicho que la delegación no exime de responsabilidad y que los subalternos no son los únicos responsables de las órdenes que reciben de sus suspensiones.
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