El punto más cuestionado es que el gobierno establece que el privado debe asumir “no solamente los casos sino las responsabilidades derivadas de la aplicación” haciéndolo responsable por posibles efectos adversos. Piden darles via libre a negociar directamente con los fabricantes teniendo en cuenta que las empresas asumirán todos los costos y se las aplicarán gratuitamente a sus empleados.
Le solicitan al gobierno también poder usar la capacidad instalada de los centros prestadores de servicios salud para el Plan Nacional de Vacunación y no excluir de la posibilidad de importar vacunas a empresas publico-privadas como son las empresas de servicios públicos, Ecopetrol, EPM, etc.
Este es el memorando de la Andi al Presidente Duque:
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