El único delito en Colombia sobre el cual no se puede conocer al delincuente es el de evasión de impuestos. La pasada reforma tributaria introdujo la conducta penal de “defraudación” o “evasión tributaria”, con castigo de 3 a 5 años de cárcel. Amparados en esta circunstancia, varias personas hemos pedido a la Fiscalía General de la Nación que remita el listado de los delincuentes (empresas y personas), junto con el monto evadido y la sanción económica y penal impuesta, a lo que la entidad responde que no estamos “legitimados para acceder a información reservada”, porque pone en riesgo los derechos a “la vida, a la seguridad, a la intimidad y a la salud”, de los delincuentes.
Asimismo, la reforma tributaria de 2014 incluyó entre su estatuto la obligación de que el Gobierno Nacional calcule, desagregue por sectores y publique la información del costo que tiene para la Nación renunciar a cobrar impuestos por cuenta de los más de 230 regalos tributarios otorgados a los grandes grupos económicos desde 1959. Tampoco ha sido posible que la Dian y el Ministerio de Hacienda cumplan con la ley, por lo que hoy nadie sabe exactamente cuánto pierde el país en este recaudo, cuál es la contraprestación que otorgan los privados y si son efectivos o no estos beneficios.
La reforma tributaria de 2014 obliga que se calcule, desagregue y publique
la información del costo para la Nación renunciar a cobrar impuestos
por más de 230 regalos tributarios a los grandes grupos económicos desde 1959
Finalmente, no se permite obtener muestras anonimizadas del pago de impuesto de renta a personas jurídicas ni la distinción por género en las declaraciones de renta de personas naturales, información relevante que en los países desarrollados que hacen parte de la OCDE se entrega, para realizar análisis sobre progresividad y regresividad en el pago de impuestos, que tienen efecto sobre la desigualdad del país.
Sin esta información, de la cual se presume que ni las autoridades económicas del país la poseen, es imposible analizar a fondo y tomar decisiones de política económica, para que Colombia, según el Banco Mundial, deje de ser el cuarto país más desigual del planeta. En efecto, el 1 % de la población colombiana, unas 480.000 personas, tienen concentrada el 20 % de la riqueza del país. Lo peor es que, según un estudio de Juan Sebastián Contreras, en la medida en que estas personas son más ricas, sus ingresos provienen mayoritariamente de la renta de capital, no del trabajo ni de actividades productivas.
Por estas razones, cinco de las principales universidades del país: Nacional, Andes, Rosario, Externado y Javeriana, por medio de sus grupos de investigación sobre política fiscal, junto con Fescol, De Justicia y Cedetrabajo, lanzamos la campaña: ¡Quiero Saber! Si pagas, exiges. El objetivo es que se creen las medidas necesarias para que la población tenga acceso oportuno y transparente a este de tipo de datos que, en buena medida, desnudarían la intencionalidad plutocrática de las catorce reformas tributarias de las últimas tres décadas en el país.
Twitter: @mariovalencia01
