Doce años después de ser aprobada la despenalización del aborto en el país, las mujeres que defienden la opción de interrumpir su embarazo chocan con múltiples barreras que hacen que ese derecho se cumpla a medias, o a veces se vulnere definitivamente. El sistema de salud cierra muchas veces la puerta a la práctica de un aborto, las iglesias ejercen presión sobre hospitales y clínicas y sectores políticos conservadores cierran filas al momento de impedir a toda costa la garantía de este derecho.
En las últimas semanas la magistrada de la Corte Constitucional Cristina Pardo propuso modificar la sentencia C-355 de 2006 que despenalizó el aborto en Colombia. La propuesta que más molestó a las defensoras del derecho al aborto fue la de limitar esa práctica a un tiempo no mayor a 24 semanas de embarazo, argumentando que la sentencia inicial no pone límites al aborto pues no especifica cuál es el tiempo máximo para la interrupción.
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