A finales del primer periodo presidencial de Álvaro Uribe se expidió este decreto el 17 de noviembre de 2005 en donde se sacaba una lista de recompensa especificando cuánto se pagaba por guerrillero muerto. Este decreto habría incentivado las más de 3.000 ejecuciones extrajudiciales por las que altos oficiales del ejército como el General Mario Montoya se han presentado en la JEP:
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