En el año 2000 cuando Enrique Peñalosa fue alcalde de Bogotá por primera vez, tomó una drástica decisión contra el club capitalino: expropiar su cancha de polo para convertirla en un parque público. Desde entonces arrancó una batalla legal entre el Distrito y lo socios del club que ha tenido varios capítulos. Primero pasó por el juzgado Segundo Civil del Circuito que avaló la decisión; luego por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que confirmó el fallo de primera instancia y en 2014 el Consejo de Estado ratificó la decisión judicial pero con una condición: Se le debía reconocer un lucro cesante además de la indemnización por la expropiación. Desde entonces comenzó el avalúo que, según se ha conocido, asciende a los $190 mil millones de acuerdo al peritazgo del Instituto Agustín Codazzi. En caso de que Peñalosa desista deberá reconocerle al club el valor del lucro cesante del predio.
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