El alcalde Carlos Caicedo se encontró de frente con aquella realidad cruel que ponía a Santa Marta en el puesto 32 de las ciudades más inseguras de Latinoamérica. Recién había comenzado su mandato como alcalde cuando debió enfrentar el 5 de enero del año 2012 el paro armado decretado por Los Urabeños en cabeza de Darío Úsuga, alias Otoniel. La temidas Bacrim –banda criminal-, tenía el comercio de Santa Marta cerrado como retaliación a la muerte de su hermano. Caicedo no se dejó intimidar y ordenó militarizar el centro de la ciudad para que almacenes, restaurantes y hoteles funcionaran con normalidad. Prendió las alarmas y puso al corriente de la gravedad de la situación con el ministro Juan Carlos Pinzón quien se encontraba en la zona. Incluso el presidente Santos confirmó personalmente la amenaza de los Úsuga. Caicedo hizo de la crisis una oportunidad y planteó la necesidad de que Santa Marta tuviera una policía metropolitana sólida y se estructurara un plan de seguridad que le devolviera la tranquilidad a la gente. Había llegado un nuevo alcalde a la ciudad.
Este fue el primero de la serie de hechos que se le vinieron a Carlos Caicedo quien se había probado en aguas espesas como la rectoría d la Universidad del Magdalena en tiempos del control y mando de los paramilitares en la región. Sabía lidiar con chantajes y amenazas. Pero los samarios tenían miedo de salir a la esquina. Su desafío como gobernante era volver vivible y amable para todos la ciudad. Par todos.
Las estadísticas con las que recibió la alcaldía eran poco halagadoras: se asesinaban 227 personas al año; más de una cada dia de por medio. El primer paso y el más obvio era aumentar la presencia de la policía en las calles. En el primer años la Policía metropolitana de Santa Marta fue reforzada con 1200 agentes más y se dispuso de $7.700 millones de presupuesto para mejorar su operación: dispuso dos lotes para las nuevas instalaciones de la Policía, más de 60 motos, unidades móviles, sistemas inteligentes de vídeo y 253 cámaras de vigilancia localizadas en puntos clave de la ciudad asegurando una tasa de cobertura de 1854 habitantes por cámara y algo calve: en el 2013 la alcaldía logró articular el trabajo de cinco instituciones involucradas en la seguridad: Policía Metropolitana, CTI, Ejército, Armada Nacional y Migración Colombia
Pero la administración de Caicedo no se limitó a las acciones defensivas y de cobertura policíaca. Buscó ir a las raíces para atacar la violencia en sus orígenes: conformó el Observatorio de Seguridad y Convivencia [ODSC], un centro con profesionales de distintas disciplinas con el objetivo de sistematizar, analizar y comunicar información georreferenciada sobre el delito y la violencia en la ciudad de Santa Marta para poder contar con indicadores ciertos y poder actuar en consecuencia. Las Secretarías de gobierno y de salud; la Policía, el Ejercito, Medicina Legal, INPEC, ICBF, Fiscalía, CTI, Migración Colombia, Personería Distrital, Defensoría del Pueblo, Concejo seccional de la Judicatura, Frente de Seguridad Financiero, FENALCO, UNDECO y ASOCIE se comprometieron a alimentar las bases de datos del Observatorio con reportes diarios, semanales y mensuales.
El observatorio de seguridad y convivencia permitió georeferenciar los puntos críticos de violencia e identificar sus causas
La información que arrojó el Observatorio permitió identificar la concentración de homicidios en las comunas 1, 2, 3, 6 y 7 fueros los sitios donde más se concentraron los homicidios producto de la pugna por el control territorial en distintas bandas criminales. La respuesta fue crear a finales del 2014 un plan de choque focalizado con operativos de incautación de armas, campañas de estímulo al desarme y se decretó de prohibición del parrillero en las motos. Se identificaron los autores de la mayoría de hurtos como jóvenes de origen humilde con problemas de consumo de sustancias psicoactivas.
La formación de alcalde Caicedo y sus convicciones frente a las urgencias de lograr transformaciones sociales de cara a una población marginalizada y que se trata de atacar las causas y no los síntomas, llevaron a impulsar intervenciones complementarias a las acciones policiales. De allí resultó el programa Educación para la resistencia al uso y abuso de las drogas y la violencia que llegó a 3000 niños entre los 8 y 15 años de edad con campañas de prevención de consumo de droga y los Talleres para la equidad a los que se vincularon cerca de 12 mil jóvenes en situación de riesgo.
La alcaldía focalizó sus acciones en mejoramiento en infraestructura, educación, salud y cultura en trece zonas que abarcaban los 66 barrios con mayor pobreza y dificultades sociales escenario además de la mayor inseguridad: Bastidas, Chimila, Gaira, Taganga, Pescaito, Ciudad Equidad I, Ciudad Equidad II, La Paz, María Eugenia y Once de Noviembre. Los efectos de esta conjunción de intervenciones produjeron sus resultados.
La administración fortaleció la Policía pero al mismo tiempo implementó acciones sociales directas en los barrios
El horizonte de Santa Marta a la vuelta de cuatro años es otro. El número de homicidios anuales se redujeron a menos de 60; en este año 2015; La tasa de homicidio llegó a 14 por cada 100 mil habitantes, mientras que la nacional está en 24; el hurto a residencias bajó en un 21%, el hurto a motocicletas disminuyó en un 42% y el robo de carros en un 20%. Las calles de Santa Marta dejaron de ser el terreno libre para el hampa y se desarticularon catorce bandas delincuenciales; el microtráfico bajó en un porcentaje tan considerable que hasta la fecha se han desmantelado una docena de ‘ollas’ y presentado la judicialización de más de 600 personas que se dedicaban al expendio de alucinógenos. Los resultados del Plan Troya Tayrona con la desestructuración del denominado Clan Giraldo, y capturas de integrantes de Los Rastrojos y Los Urabeños -el 90% de los delincuentes que formaban parte del cartel de los más buscados-, han dejad una ciudad donde se respira tranquilidad.
Pero el cambio en la seguridad de Santa Marta no es solo un tema de informes estadísticos, sus efectos en la vida cotidiana de la gente son evidentes. “La vida ha cambiado tanto en Santa Marta que hace muchos años yo no me subía en un bus ni por urgencia. Ahora uno hasta saca el celular si miedo para chatear en unos barrios donde nadie llegaba porque no se sabía que existían”, dice la estudiante Ana Escalante. Cuando se arman tropeles como el que vio el turista Javier Escobar frente al hotel Santa Marta Real, no pasan cinco minutos cuando ya la policía ha llegado a coparlos y evitar que el tema se agrave. Juan Polo quien ha vivido desde hace 30 años en el barrio Cristo Rey vivía sometido al raponeo, la intimidación y vio morir a uno de sus hijos víctima de una bala perdida en un ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales que dominaban el sector. Un barrio al que no subían buses después de las 7 p.m. porque les cobraban vacuna, atracaban las droguerías y no se salvaba nadie que caminara con celular en la mano. “Las cosas han cambiado –dice Polo-, los retenes de la Policía a la entrada del barrio, las caravanas diarias de los motorizados y las requisas han ayudado mucho”.
Rafael Martínez quien fue el primer secretario de Gobierno de Caicedo, fue elegido alcalde para continuar con el proyecto de ciudad
La novedosa combinación de acciones policivas y trabajo social con las comunidades, focalizándose en los sectores más golpeados y marginados de la ciudad le devolvió tranquilidad a los samarios. Un plan liderado por Carlos Caicedo, un alcalde de izquierda cuyos detractores nunca creyeron en su capacidad para ejercer autoridad con equidad, logró no solo gobernar a pesar de las zancadillas de los políticos tradicionales sino conseguir que los samarios le apostaran a la continuidad de su proyecto político con la elección de Rafael Martínez, quien fuera su secretario de gobierno y quien está comprometido con el plan de transformación de Santa Marta.
