Las noticias que se entienden mejor cuando se mira lo que ocurrió después de su publicación. Eso es precisamente lo que está pasando en Colombia con el choque entre el presidente Abelardo de la Espriella y The New York Times por las operaciones militares conjuntas con Estados Unidos.
El diario estadounidense publicó el miércoles 18 de noviembre de 2026 que el Gobierno colombiano había rechazado un plan de Washington que permitiría a fuerzas estadounidenses participar en operaciones contra organizaciones narcotraficantes dentro de Colombia. De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por el Times, De la Espriella habría comunicado a Washington que respaldaba la cooperación con el Pentágono, pero que no contaba con los votos suficientes en el Congreso para aprobarla.
La Casa de Nariño respondió con rapidez. De la Espriella negó haber rechazado cualquier propuesta del presidente Donald Trump, calificó de falsa la información y aseguró que la cooperación entre los dos países en seguridad, inteligencia y lucha contra el narcotráfico está, por el contrario, cada vez más fortalecida. Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, respaldó públicamente al mandatario colombiano y también calificó de “totalmente falsa” la versión del Times.
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Hasta ahí, podría parecer una pelea más entre un gobierno y un medio de comunicación. El problema es que The New York Times no se retractó. El diario mantuvo su información y explicó que había intentado obtener una respuesta del Gobierno colombiano antes de publicar y que, después de las declaraciones presidenciales, actualizó la nota para incluir la versión de De la Espriella. El Times sigue sosteniendo que sus fuentes estadounidenses describieron una conversación en la que el presidente habría transmitido a Washington que no tenía los votos necesarios para sacar adelante el esquema de operaciones conjuntas.
Ahí aparece una diferencia que vale la pena mirar con cuidado. “Rechazar” una propuesta no necesariamente significa lo mismo que advertir que no se cuenta con los votos para aprobarla. Una cosa sería que Bogotá hubiera dicho que no quiere cooperación militar con Estados Unidos; otra, bastante distinta, que el Gobierno esté dispuesto a profundizarla, pero encuentre un límite político y constitucional cuando se trata de permitir operaciones de fuerzas estadounidenses dentro del territorio colombiano.
Y es precisamente en ese punto donde la respuesta del Gobierno introduce un elemento que vuelve más compleja la discusión. De la Espriella dijo que los requerimientos de Colombia a Estados Unidos han estado dirigidos a fortalecer las capacidades militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia de la Fuerza Pública y no a solicitar la presencia de tropas extranjeras. Pero, al mismo tiempo, reconoció que una decisión sobre la presencia de tropas extranjeras sería competencia del Congreso.

El canciller Omar Bula fue incluso más explícito. Durante la visita de Hegseth a Bogotá sostuvo que cualquier decisión del Ejecutivo en este contexto tendrá que pasar por el Congreso y que esperan que el trámite avance rápidamente porque “no podemos perder tiempo contra el crimen”. Esa declaración no prueba por sí sola la versión del Times, pero sí confirma que la posibilidad de llevar la cooperación militar a un nivel que requiera autorización legislativa está sobre la mesa.
Y hay un antecedente que hace difícil entender la controversia como algo surgido de la nada. En agosto, Hegseth ya había hablado públicamente de operaciones conjuntas entre Colombia y Estados Unidos para combatir el narcoterrorismo. Colombia, además, se incorporó al llamado Escudo de las Américas, la iniciativa regional impulsada por la administración Trump para coordinar esfuerzos contra los carteles y organizaciones criminales. En los últimos meses la cooperación militar entre Bogotá y Washington se ha profundizado, incluyendo ejercicios, entrenamiento e intercambio de inteligencia.
Lo que está en discusión ahora, por tanto, no parece ser si Colombia quiere o no cooperar con Estados Unidos. Eso está bastante claro. El verdadero debate es hasta dónde llega esa cooperación y qué papel tendrían las fuerzas estadounidenses dentro de Colombia.
Porque no es lo mismo compartir inteligencia, recibir tecnología, entrenar militares colombianos o realizar ejercicios conjuntos que permitir que personal militar estadounidense participe directamente en operaciones contra organizaciones criminales dentro del territorio nacional. En ese último escenario aparecen preguntas de soberanía, reglas de operación, responsabilidad jurídica y control político que no pueden resolverse con un comunicado de prensa.
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El antecedente de agosto también es incómodo para todos. Cuando Hegseth habló por primera vez de operaciones conjuntas, la discusión en Colombia giró alrededor de qué tipo de acciones podrían realizar militares estadounidenses y en qué condiciones. Incluso sectores cercanos al Gobierno han planteado que las Fuerzas Militares colombianas cuentan con experiencia suficiente y que la ayuda de Washington debería concentrarse en inteligencia, tecnología, equipos y capacidades, sin necesidad de que tropas extranjeras asuman un papel operativo directo.
El reporte del Times plantea precisamente esa tensión. Según sus fuentes, De la Espriella habría expresado respaldo a la cooperación con el Pentágono, pero habría advertido que no tenía los votos necesarios para avanzar. El Gobierno, en cambio, sostiene que nunca rechazó una propuesta de Trump y que cualquier paso que implique presencia de tropas extranjeras debe seguir el procedimiento constitucional correspondiente.
Las dos versiones no son necesariamente incompatibles en todos sus extremos. Es perfectamente posible que no exista hoy un acuerdo formal rechazado por Colombia y que, al mismo tiempo, Washington y Bogotá hayan discutido un esquema de operaciones que el Gobierno sabe que necesitaría autorización del Congreso. La diferencia está en cómo se caracteriza esa conversación: para el Times, fue un freno político al plan estadounidense; para el Gobierno, es una cooperación que sigue adelante y que, si llega a requerir presencia de tropas extranjeras, tendrá que pasar por las instituciones colombianas.
Hay, además, una pregunta política que el Gobierno todavía tendrá que responder con mayor precisión: si la Casa de Nariño no está rechazando la posibilidad de operaciones conjuntas, ¿cuándo y bajo qué términos llevaría la solicitud al Congreso? Hasta ahora no existe una petición formal en el Senado. Y el propio debate político muestra que conseguir respaldo no sería automático, incluso dentro de sectores que respaldan una relación estrecha con Washington.
La Constitución establece que corresponde al Senado permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. Ese punto convierte al Congreso en un actor central de una discusión que hasta ahora ha estado dominada por declaraciones presidenciales y diplomáticas. La Casa de Nariño puede tener una relación cercana con Trump y Hegseth, pero no puede convertir por sí sola una cooperación militar en una autorización para tropas extranjeras si el orden constitucional exige la intervención del Legislativo.
Una cuestión de términos
Por eso también resulta difícil reducir el episodio a la pregunta de quién “ganó” la pelea entre De la Espriella y The New York Times. El diario mantiene su versión y el Gobierno mantiene su desmentido. Hegseth, además, se ha alineado públicamente con Bogotá y ha insistido en que la alianza bilateral está más fuerte que nunca. Lo que todavía no aparece es el documento, acuerdo o solicitud formal que permita establecer con absoluta claridad qué fue exactamente lo que Washington propuso y qué respondió Bogotá.
Ese vacío es importante. En asuntos militares y diplomáticos, las conversaciones preliminares pueden evolucionar rápidamente hacia acuerdos formales y las palabras utilizadas por cada gobierno no siempre significan exactamente lo mismo. “Cooperación”, “operaciones conjuntas”, “presencia de tropas” y “tránsito de tropas” no son conceptos intercambiables desde el punto de vista político o jurídico.
Mientras tanto, Colombia ya está dentro del nuevo tablero de seguridad de Donald Trump. El Gobierno de De la Espriella ha elegido acercarse a Washington y fortalecer la relación militar con Estados Unidos, en un giro evidente respecto de la tensión que caracterizó la relación entre Trump y el gobierno de Gustavo Petro. Para la Casa Blanca, Colombia es un socio especialmente relevante por su experiencia militar, su posición geográfica y el peso que tiene en la lucha regional contra el narcotráfico.
Por eso es poco probable que esta controversia termine debilitando la relación entre los dos países. Más bien puede ser el primer capítulo de una discusión mucho más grande: qué tipo de alianza militar quiere construir Colombia con Estados Unidos y cuáles son los límites que el Gobierno está dispuesto a ponerle.
La pregunta, entonces, no es simplemente si De la Espriella le dijo “no” a Trump. Hasta ahora, esa afirmación no está demostrada públicamente y el presidente la niega de manera categórica. Pero tampoco puede ignorarse que el Gobierno reconoce que cualquier decisión que implique tropas extranjeras tendrá que pasar por el Congreso, mientras el New York Times insiste en que ese fue precisamente el obstáculo que el presidente comunicó a Washington.
Quizás por eso la verdadera noticia no está en escoger entre “el NYT miente” y “De la Espriella frenó a Trump”. Está en que Colombia parece estar entrando en una nueva fase de cooperación militar con Estados Unidos en la que la pregunta dejó de ser si ambos países van a trabajar juntos y pasó a ser hasta dónde están dispuestos a llegar.
Compartir inteligencia, recibir equipos y entrenar fuerzas colombianas es una cosa. Permitir que militares estadounidenses participen directamente en operaciones dentro del país es otra muy distinta. Entre una y otra hay una frontera política, jurídica y de soberanía que, tarde o temprano, tendrá que discutir el Congreso.
Y ahí, más que en el rifirrafe entre el presidente y The New York Times, está el verdadero pulso que apenas comienza.
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