¿Fraude para perpetuarse en el poder? Petro y el Pacto Histórico deben responder por la DNI. ¡La democracia no es su botín electoral!

- Llamemos las cosas por su nombre
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Y ahora resulta que debemos sentirnos tranquilos porque los ataques denunciados contra el sistema electoral no consiguieron alterar los resultados. Curiosa manera de entender la democracia. Sería como celebrar que un intento de robo fracasó y olvidarse de averiguar quién llevó las herramientas.

¿Y qué carajos hacía la Dirección Nacional de Inteligencia solicitando información del censo electoral? ¿Desde cuándo proteger al Estado exige meter las narices en los datos de los votantes? No hablamos de una oficina de barrio, sino de un organismo con capacidades de inteligencia y recursos públicos. Y tampoco hablamos de un gobierno cualquiera, sino de uno que convirtió la defensa de la democracia en una de sus grandes banderas políticas.

Las denuncias sobre un hacker y las maniobras para alterar las elecciones agravan el asunto. Que los ataques no hayan modificado los resultados no convierte lo denunciado en una anécdota. Si alguien intentó torcer la voluntad popular, el fracaso de la maniobra no puede convertirse en una absolución por incompetencia.

Pero hay algo más inquietante que un hacker tratando de vulnerar un sistema: la posibilidad de que las herramientas del propio Estado hayan sido utilizadas para intervenir en una elección. Porque un delincuente informático puede atacar desde cualquier lugar; una institución pública dispone de autoridad, información y recursos que los ciudadanos le confiaron para protegerlos. La diferencia es enorme.

Y aquí es donde Gustavo Petro y el Pacto Histórico tienen que dar la cara.

Petro no era un turista que pasaba por la Casa de Nariño. Era el presidente. La inteligencia estatal funcionaba bajo su gobierno, no en una república imaginaria. Quien se atribuye cada logro de su administración también debe responder políticamente por las actuaciones cuestionadas de sus organismos. Gobernar no puede consistir en apropiarse de los aplausos y repartir las responsabilidades entre los subalternos.

El Pacto Histórico llegó al poder prometiendo acabar con las mañas de la política tradicional. Se presentó como una especie de reserva moral de la nación, como si la honestidad hubiera comenzado el día de su posesión. Ahora, cuando las preguntas alcanzan al gobierno que encabezó, sus promesas deben someterse al mismo examen que exigía para sus adversarios.

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¡Qué negocio tan extraordinario! Se denuncia el abuso del poder cuando se está en la oposición y se descubre la complejidad de gobernar cuando aparecen cuestionamientos sobre el propio gobierno. La superioridad moral parece venir con garantía limitada: sirve para señalar a los demás, pero deja de funcionar cuando toca rendir cuentas.

Y cuidado con otra trampa: convertir toda pregunta sobre las actuaciones del gobierno en un ataque contra sus ideales. Nadie está discutiendo aquí si la justicia social es deseable o si Colombia necesita reformas. Estamos hablando de información electoral, organismos de inteligencia y denuncias de interferencia. Una causa política, por noble que se proclame, no convierte sus métodos en legítimos.

El poder tiene una tentación antigua: confundir la victoria electoral con un permiso para apropiarse del Estado. Se gana una elección y algunos comienzan a comportarse como si hubieran recibido, junto con el mandato, las escrituras de las instituciones. Pero los organismos públicos no son trofeos de campaña. Su lealtad debe estar con la Constitución y los ciudadanos, incluso cuando eso resulte incómodo para quienes gobiernan.

Y entonces aparece otro espectáculo bastante conocido.

Apenas surge una revelación comprometedora, ciertos periodistas y líderes de opinión descubren que el asunto importante no es lo denunciado, sino quién lo denunció. Se examina su pasado, se cuestiona el momento de la publicación y se buscan controversias paralelas. Todo parece merecer atención, excepto la pregunta que dio origen al escándalo.

¡Qué maravilla de prudencia! Cuando gobiernan los adversarios, una sospecha basta para exigir renuncias. Cuando gobiernan los amigos, ni siquiera una denuncia documentada parece suficiente para formular preguntas.

Verificar es una obligación periodística. Buscar excusas hasta el agotamiento es otra cosa. El pensamiento crítico pierde su sentido cuando se utiliza exclusivamente para cuestionar a los contrarios y proteger a los propios. Algunos parecen haber confundido la independencia intelectual con la habilidad de encontrarle una explicación conveniente a cualquier actuación de su sector político.

La ideología puede convertirse en una coartada formidable. Permite justificar errores en nombre de grandes ideales, tolerar contradicciones por miedo a favorecer al adversario y encontrar virtudes ocultas en decisiones que jamás aceptaríamos de otro gobernante.

La justicia social no convierte en legítimo un abuso. Ningún discurso sobre la transformación del país autoriza a tratar los organismos públicos como instrumentos de una causa partidista. Y quien reclama controles cuando está en la oposición debe aceptar esos mismos controles cuando llega al gobierno.

Llamemos las cosas por su nombre: intentar manipular una elección es una agresión contra la soberanía popular; utilizar ilegalmente la inteligencia estatal para obtener ventajas políticas es un abuso de poder; y justificar selectivamente semejantes conductas es una vergüenza intelectual.

Colombia necesita conocer el alcance de las actuaciones denunciadas y las responsabilidades que correspondan. Pero también necesita abandonar esa costumbre de medir la gravedad de los hechos según la camiseta política de sus protagonistas.

Porque el peligro para una democracia no termina cuando fracasa un intento de vulnerarla. También crece cuando sus ciudadanos se acostumbran a disculpar aquello que condenarían sin vacilar si lo hiciera el adversario.

El día que una maniobra semejante consiga su propósito, quizás descubramos que la democracia no cayó de un solo golpe. La fuimos entregando, excusa tras excusa, mientras discutíamos si quienes intentaban vulnerarla eran de los nuestros.

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Por Germán Alberto Bermúdez Ordoñez

Escritor, educador y analista político colombiano. Su trayectoria transita por escenarios que pocas veces convergen: la experiencia militar, el conflicto armado, la construcción de paz, la educación y el pensamiento humanista. Ha dedicado su vida a comprender las contradicciones de un país donde la democracia, la justicia y la paz siguen siendo desafíos cotidianos. Profesional en Ciencias Militares, especialista en Administración de Recursos para la Defensa Nacional y mayor (r) del Ejército Nacional, con 22 años de servicio. Magíster en Construcción de Paz por la Universidad de los Andes, becario LiderAndes, y magíster en Educación por la Universidad Sergio Arboleda. Amplió su formación en Antroposofía y Pedagogía Waldorf en el Goetheanum, Suiza. Autor de Disidente, Iniciación, muerte y vida y Perspectivas de la pedagogía en contribución de paz. Docente universitario e investigador, aborda desde la escritura las relaciones entre poder, memoria histórica, educación, democracia y dignidad humana. Su pensamiento se nutre de la experiencia, el estudio y la voluntad de cuestionar incluso las propias certezas. Defiende la institucionalidad sin justificar sus errores, la paz sin desconocer a las víctimas y la libertad de pensamiento sin someterla a ninguna ideología.