El abogado Ricardo Ruge denunció penalmente una sociedad en la que estaría vinculado Gilberto Toro que se queda con el 10% de recaudo de fotomultas, muchas ilegales

- El billonario negocio de las fotomultas que tiene en la mira al director de Fedemunicipios

La historia que quiere contar y probar ante la justicia el abogado Ricardo Andrés Ruge Cabrera está contenida en una denuncia penal de 1.200 folios, se encuentra ilustrada con 40 casos concretos y proyecta, como desenlace, llevar a la cárcel a poderosos operadores del mercado de las fotomultas en Colombia.

Su argumento central consiste en que durante la última década se presentaron 7,5 millones de multas ilegales impuestas por 37 organismos de tránsito que significaron embargos para seis millones de conductores y forzaron el pago de cerca de un billón de pesos, parte de los cuales significaron jugosos réditos para una sociedad empresarial presuntamente liderada por Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios)

Por lo pronto, el Ministerio y la Superintendencia Nacional de Transporte le conceden la razón y por eso buscan reformar el Código del sector para ponerle fin a un mercado ilegal que se apoya en la plataforma del SIMIT (Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito).

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También lo apoya una decisión tomada en septiembre de 2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al ordenarle a Fedemunicipios restituirles a las entidades territoriales cerca de $85.000 millones correspondientes a la retención, sin títulos jurídicos, de los excedentes operacionales y los rendimientos financieros generados durante la administración del SIMIT.

El preámbulo de la historia fue escrito en 2018. Ese año el Concejo Municipal de Zarzal, Valle de Cauca, aprobó mediante acuerdo la creación de una sociedad de economía mixta para la administración de las fotomultas en la que el municipio tendría una participación del 40 por ciento.

Sus socios serían Masora (Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño) y la propia Fedemunicipios. La sociedad de economía mixta se denominaría Dicitec SEM. Aunque no se conoce autorización alguna para hacer el movimiento, Masora compró 300.000 acciones y le dio una dimensión nacional a la sociedad que luego, según la denuncia, sería contratada a dedo por la Federación del Municipio, acreditada legalmente para recaudar el 10 por ciento del dinero correspondiente a comparendos y multas.

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El denunciante se refiere a un conflicto de intereses que habría surgido cuando los recursos públicos del SIMIT comenzaron a ser direccionados hacia a la empresa de economía mixta, vía contratación directa.

Su memorial identifica no menos de seis contratos suscritos entre 2017 y 2023 por $45.000 millones, incluidos los servicios tecnológicos del operador. Para el denunciante, lo absurdo e injustificado es que Dicitec entró en a escena del negocio sin demostrar que llegaba a aportar algún tipo de valor al esquema creado.

De acuerdo con los documentos aportados por Ruge, es cuestionable que Fedemunicipios sea dueña del 5% de Dicitec, mientras que Masora controla el 50.1% el resto pertenezca a privados.

La denuncia penal toca por ahora a Gilberto Toro -desde hace 30 años director ejecutivo de la Federación- a Enrique Antonio López, representante legal de Dicitec y a Fabio Ríos Urrea, de Masora.

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Hay evidencias que apuntan a demostrar que los 7,5 millones de comparendos fueron impuestos sin cumplir requisitos mínimos de metrología, por ejemplo. Con la denuncia han llegado alertas sobre modelos locales, como el que ya fue identificado en Florencia, donde privados retienen hasta el 70 % del recaudo.

La réplica de Toro

Si bien no se ha pronunciado sobre la denuncia penal en su contra, Gilberto Toro ha defendido la existencia tecnológica de las cámaras de foto detección. Sin embargo, ha admitido que en el país sí se han presentado abusos en la operación de algunos dispositivos.

 Toro asegura que la Federación actúa exclusivamente bajo el mandato de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito), la cual autoriza a la entidad a administrar y actualizar el sistema a nivel nacional. 

Frente a señalamientos sobre apropiación o mal manejo de recursos, el directivo ha argumentado que las diferencias corresponden a interpretaciones jurídicas sobre la destinación de los porcentajes de recaudo y ha negado cualquier actuación dolosa o ilícita. 

Al margen del proceso penal que podría ser iniciado en breve, La Sección Primera Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que Fedemunicipios retuvo sin título jurídico los excedentes operacionales y rendimientos financieros generados durante la administración del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito. 

El fallo resolvió en segunda instancia una acción popular promovida por la Alcaldía Mayor de Bogotá para proteger el patrimonio público. Sin embargo, esos dineros regresan a las arcas de las alcaldías y no a los bolsillos de los ciudadanos que pagaron comparendos.

Existen demandas colectivas y solicitudes ciudadanas que buscan la revocatoria de multas pendientes y el reembolso de $1,05 billones de pesos ya pagados en ciudades como Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla. No obstante, esta devolución a particulares aún no es automática ni cuenta con una orden judicial definitiva de pago masivo.

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