Cuñada del representante a la Cámara por el Caquetá Juan Pablo Duque, Elizabeth Blandón Ramírez, había logrado quedarse en el cargo tras el cambio de gobierno y aparentemente no tenía intenciones de dejar el cargo, razón por la cual fue declarada insubsistente.
El gobierno de De la Espriella tenía claro su dossier con cuestionamientos entre ellos el nombramiento de dos fichas del entonces congresista Bedoya en cargos de alta dirección. La primera fue Ana Cecilia Valencia, subdirectora de Talento Humano, y la segunda Blanca Irene Echavarría Lotero. El excongresista se movió rápido hacia las toldas del Tigre e incluso su alfil político en el senado María Eugenia Lopera, una aliada incondicional de Petro, cambio rápidamente de bando, pero nada de esto sirvió y jugó en contra suya.
El sindicato de la entidad puso en su momento el grito en el cielo pues comprobó en los archivos del Consejo Nacional Electoral que ambas habían sido aportantes a la campaña que llevó al capitolio a Bedoya y asoció sus nombramientos con una suerte de tráfico de influencias.
La investigación por esos hechos está activa en la Procuraduría y cuando el presidente De la Espriella fue enterado de esa novedad durante el empalme, optó por hacerle un seguimiento cercano al desempeño de la directora Blandón. “El presidente habría podido relevarla desde el comienzo, pero el manejo técnico que requiere la entidad no podría sufrir trastornos por causa de un cambio súbito”, explicó una fuente de la entidad enterada de los pormenores del proceso.
Vencido ese “periodo de prueba”, el presidente y su ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos acordaron que había llegado la hora del revelo de una funcionaria que, con 25 años de experiencia en distintas entidades públicas, había tenido que capotear duros cuestionamientos a su gestión.
Además de haber facilitado presuntamente el desembarco de fichas políticas directamente vinculadas al polémico exsenador liberal Julián Bedoya, la directora saliente venía siendo interpelada por la adjudicación de millonarios contratos directos, en los que habría esquivado los procesos de licitación pública obligatorios. Las denuncias apuntan a convenios por más de $7.600 millones de pesos con la empresa Infotic y más de $3.600 millones con Emtel (Empresa de Telecomunicaciones de Popayán).
Fue causa también de revuelo un millonario paquete de contratos con la firma Rotorr que ascendió a los $60.000 millones.
La salida de la funcionaria se hizo efectiva tras la notificación del decreto presidencial. Al tratarse de un cargo de libre nombramiento y remoción, el gobierno no detalló formalmente las causas oficiales de la remoción.
Tras su salida, la entidad quedó temporalmente a cargo de Maribel Cristina Castro, actual directora técnica de la institución.
A la polémica por los supuestos clientelismo y la contratación a dedo se sumaron las constantes fallas tecnológicas en la presentación de las pruebas de Estado. Técnicos del instituto denunciaron una presunta duplicidad de costos e indicaron que bajo la dirección de Blandón y argumentando que la plataforma interna del Icfes, conocida como Plexi, presentaba fallas, fueron justificadas las frecuentes contrataciones de asesorías externas.
No obstante, estos contratos terminaron duplicando los gastos presupuestales y agudizando los problemas logísticos en los exámenes nacionales.
Con la declaración de insubsistencia de Blandón Ramírez, se espera que la Procuraduría General de la Nación determine el avance de los procesos disciplinarios que cursan en contra de la exdirectora para esclarecer el impacto real de estas irregularidades en el organismo rector de la evaluación educativa en Colombia.
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