Cuando el presidente Abelardo De la Espriella lo puso al frente del Departamento Nacional de Planeación, nadie abrigaba dudas sobre las calidades técnicas y profesionales de Carlos Eduardo Sepúlveda Rico, doctor en economía de Boston y experimentado en las lides de la administración pública.
Sin embargo, su paso por el cargo sería efímero. Siete días después de su designación se produjo su relevo sin que nadie en el gobierno ofreciera explicaciones sobre lo decidido. Los medios, en cambio, revelaron la existencia de presiones de sectores religiosos y conservadores que no estaban de acuerdo con la orientación sexual de Sepúlveda, ni con que hubiese establecido una relación conyugal con otra persona de su mismo sexo y menos con que ambos hubiesen adoptado a un niño.
En su lugar llegó Julián Buitrago, exdirector de planeación de Pereira, cuyo nombramiento fue presentado con el anuncio de que se trataba de la persona indicada para darle al Plan Nacional de Desarrollo el énfasis regional buscado por el gobierno y para acentuar los proyectos de rescate de las zonas afectadas por el terremoto del diez de agosto.
Las razones íntimas del relevo se estarían reflejando ahora en el contenido del documento preparado por Planeación para presentarle el país las bases del proyecto del nuevo Plan Nacional de Desarrollo titulado “Colombia, la Patria Milagro”.
Sus pilares están edificados sobre bases dogmáticas y religiosas de carácter judeocristiano, como las describe el propio contenido. El texto incorpora citas bíblicas, principios de la Doctrina Social de la Iglesia y directrices de carácter moral.
De hecho, encomienda explícitamente la guía de la Nación a Dios. Aunque el texto afirma respetar la libertad de cultos establecida en la Constitución de 1991, sitúa la “apertura a Dios como referente de la existencia humana” y ubica las “raíces judeocristianas en el centro de la educación”.
Fundamentos bíblicos y doctrinales
A lo largo de su articulado conceptual, el borrador cita pasajes del Antiguo Testamento, entre ellos versículos del libro de Deuteronomio y de Isaías 32:17.
En el eje denominado El Milagro Social, la hoja de ruta establece directrices sobre familia, educación y salud con un marcado enfoque doctrinal. Aboga por la protección de la vida humana desde la gestación, se declara en contra del aborto y al describir los énfasis del programa El Milagro de Crecer en Familia, propone eliminar la práctica de la maternidad subrogada.
El proyecto plantea erradicar de los establecimientos educativos del país lo que denomina “ideología de género” y “cultura de la muerte”, promoviendo la formación ética vinculada a valores tradicionales. Sitúa a la familia como eje central de las políticas de superación de la pobreza y bienestar social.
La inclusión de elementos confesionales en el principal instrumento de planeación estatal ya había generado controversia desde agosto pasado, tras filtrarse una reunión interna de prospectiva en el DNP. Analistas y sectores políticos han cuestionado el alcance de estas disposiciones frente al carácter laico del Estado colombiano consagrado en la Carta Política de 1991.
De acuerdo con el cronograma oficial del DNP, el borrador de las bases del PND 2026-2030 sería entregado el 15 de noviembre de 2026 al Consejo Nacional de Planeación (CNP) para su revisión consultiva, previo a su radicación formal como proyecto de ley ante el Congreso de la República prevista para el 7 de febrero de 2027.
¿Riesgos ante la Corte?
Desde ahora se anticipa el debate sobre si las bases doctrinales y filosóficas del proyecto podrían colisionar con la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre esas materias y con lo consagrado en la propia Carta Política.
Cuando listo el Plan, no es descartable que lleguen demandas ante la Corte y que ésta aplique un control estricto basado en el principio de Estado laico, la neutralidad religiosa, el pluralismo y el principio de unidad de materia.
Hay antecedentes importantes. La Corte ha hablado sobre la prohibición de la adhesión religiosa en las decesiones de los poderes públicos. En fallos como la Sentencia T-124 de 2021, el alto tribunal estableció que las autoridades públicas deben mantener una estricta neutralidad y abstenerse de asociar sus funciones o políticas oficiales con una religión o credo específico.
Ha recordado también que artículo 19 de la Constitución garantiza la libertad de cultos y establece que todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Así, según expertos, cualquier disposición contenida en el PND que privilegie, financie o promueva un credo particular por encima de otros sería declarada inexequible.
Si el Plan Nacional de Desarrollo incorpora en últimas directrices educativas con enfoque confesional, la Corte podría aplicar el precedente de la Sentencia T-357 de 2024. En ella dictaminó que los colegios públicos no pueden imponer dogmas ni creencias específicas y deben garantizar una formación neutral.
Tras recordar que la Constitución protege el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia y el pluralismo, la corporación ha expuesto en su jurisprudencia que rechaza el “perfeccionismo moral”, es decir, el uso del poder del Estado para imponer un único modelo de virtud o moralidad privada a toda la población.
De acuerdo con su postura tradicional, el Estado puede incluir en el PND políticas que reconozcan el aporte social de las organizaciones religiosas en igualdad de condiciones, como ocurrió con la política pública de libertad religiosa. Sin embargo, no puede convertir preceptos morales de un sector religioso en obligaciones legales que restrinjan los derechos fundamentales de las minorías o de las personas no creyentes.
Según el precedente sentado en la sentencia C-244 de 2025, toda norma incluida en el articulado del PND debe ser instrumental y tener una conexidad directa e inmediata con las metas y programas del plan. Entonces es previsible que, si son introducidos artículos sobre asuntos morales o religiosos sin vínculo presupuestal o de planeación con los objetivos del desarrollo, la Corte podría advertir vicios de forma y violación al principio de unidad de materia, concebido para prevenir “micos”.
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