La tarea prioritaria del Ministro de justicia Iván Cancino era tramitar una Ley de Sometimiento para que los integrantes de grupos armados ilegales se acojan a la justicia -Ley 2640 de 2026-, complemento clave frente a la mano dura del presidente Abelardo de la Espriella que se ha mostrado implacable frente a las organizaciones armados, al tiempo que liquidó la paz total de Petro. El Presidente la sancionó con igual premura.
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La demanda advierte desde su primera página que «no discute la conveniencia de esa decisión legislativa ni la oportunidad política de ofrecer una salida jurídica a las estructuras armadas», y que tampoco formula reparos al trámite en el Congreso.
Recuerda que el proyecto fue radicado por el Gobierno Nacional el 13 de octubre y que el Ministerio de Justicia había fijado la línea oficial en un comunicado del 12 de septiembre, según el cual «no habrá atajos, privilegios ni acuerdos por fuera de la Constitución y la ley». «Esta demanda parte de la misma premisa», se lee en el escrito. Por eso la mayoría de las pretensiones son de exequibilidad condicionada, es decir, que la norma se conserve con el entendimiento que la Corte le fije, de modo que pueda aplicarse con certeza por los jueces, la Fiscalía, el Gobierno y quienes decidan acogerse. Solo en dos cargos se pide, como petición principal, retirar expresiones puntuales.
El reparo principal es que en varios apartes el Congreso dejó sin fijar las reglas de las que dependen la libertad personal, el acceso al tratamiento penal y la medida de la pena, y las trasladó a un acto del Gobierno, a un reglamento, a un informe reservado o a una categoría sin definición.
Otro punto clave de la demanda es la necesidad de la definición de los destinatarios. El artículo 2 comprende a toda organización capaz de «comprometer la seguridad ciudadana» o «alterar la convivencia pacífica», expresiones que la demanda considera propias del derecho de policía y ajenas al penal, y deja la calificación de cada grupo a lo que establezca «su reglamentación». Se pide retirar esas expresiones y precisar que la calificación corresponde a una decisión motivada del Presidente, adoptada con los elementos objetivos que trae la ley y sin efecto vinculante para los jueces. El segundo cargo se ocupa de la ubicación temporal de los integrantes «en el lugar que designe el Gobierno» y del acto presidencial que define el lugar para la judicialización.
La Corte había exigido en 2023 que fuera la ley la que precisara la finalidad, el alcance, el procedimiento y los mecanismos de seguimiento de esas zonas, y la norma los remite al acto del Ejecutivo. La pretensión es que se declare.
El abogado Ricardo Giraldo es conocedor del tema penal, penitenciario, extinción de dominio, Justicia y paz y los alcances posibles de una negociación con grupos armados. Participó como asesor jurídico en los acercamientos entre Ejercito Gaitanista de Colombia y el gobierno en Catar para la instalación de una mesa de diálogo. Por el lado del gobierno la cabeza del equipo negociador fue Álvaro Jiménez.
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