Texto escrito por: Carlos Enrique García Prieto
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La conclusión primero: A menos de cien días de haber asumido, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha dejado claras sus prioridades. Impulsa una “ley de financiamiento” que, en la práctica, reduce impuestos a las grandes empresas y a los más ricos mientras traslada el hueco fiscal al bolsillo de los trabajadores; sube el IVA a alimentos, combustibles y consumo cotidiano.
En materia de tierras, bajo el pretexto de “desmontar el cuento” de la reforma agraria de Petro, busca revertir la entrega de predios a campesinos, y la oposición señala directamente que eso equivale a devolver tierras a “terratenientes, narcotraficantes y paramilitares”. Y contra la calle afila las uñas, restablece el ESMAD, anuncia megacárceles privadas, plantea llevar militares a barrios populares y crear “bloqueos de seguridad” con veteranos y reservistas. Esto no es “seguridad” ni “eficiencia”, es una contraofensiva de clase.
Primera arremetida. Rebajas para los ricos, impuestos para la gente La reforma tributaria de la “ley de financiamiento” de De la Espriella, si uno se queda en el titular, parece un rescate de las finanzas públicas. Pero al leer el articulado, la lógica se cae: el texto plantea bajar el impuesto de renta corporativo del 35% al 31% y eliminar gradualmente el impuesto al patrimonio de las grandes fortunas hasta suprimirlo en 2030. Eso es dinero contante y sonante para las grandes empresas y los más acaudalados. ¿De dónde sale la plata? Del mercado de los hogares populares.
El mismo proyecto grava o eleva el IVA al 19% sobre café, frutas, verduras, gasolina y bienes de consumo básico; duplica la cotización a seguridad social de los empleados del 4% al 8%; y grava las compras en línea por menos de 200 dólares. El senador Ariel Ávila lo resumió sin anestesia: “le quiere bajar los impuestos a los multimillonarios y cargarle la mano a los pobres y a la clase media”. Hasta el presidente del Senado, del uribismo, dijo públicamente que “los colombianos no aguantan un impuesto más”. Cuando ni los propios aliados se atreven a defender el proyecto, es porque el desnudo es total.
El gobierno tiene su coartada, su engaño: un mecanismo de "EfectIVA" para devolver el IVA al 30% más pobre. Pero hay un hecho básico: la devolución tarda en aterrizar, mientras el alza de precios ocurre de inmediato en la caja del supermercado. Para quien vive del jornal diario, del rebusque, de la venta ambulante o del empleo informal —la mayoría de los colombianos pobres—, poner primero la plata y esperar después la devolución es un apretón real y cotidiano. Y el historial de ejecución de promesas similares en Colombia no es precisamente brillante; para ello se requiere facturación electrónica, que en las tiendas de barrio y en el comercio informal no existe: esto es una burda trama. El IVA pagado nunca se devolverá.
Segunda arremetida. La tierra: ¿quitarle al campesino para devolvérsela a quién? Apenas instalado, el gobierno de De la Espriella lanzó un llamado “libro de la verdad” que califica de “fraude” la reforma agraria de Petro. El subtexto es claro: fabricar legitimidad para revertir la adjudicación de tierras.
La respuesta del senador opositor Iván Cepeda merece ser citada completa: “Con la excusa de falsas acusaciones sobre el “cuento de la reforma agraria”, pretenden que la tierra no se devuelva a los campesinos, sino a los amigos terratenientes, a los narcotraficantes y a los paramilitares. La verdad es que De la Espriella y su círculo quieren impulsar una contrarreforma. Son enemigos de la reforma agraria”.
Hay que ser claros en esto para evitar suspicacias: Cepeda es una figura central de la izquierda opositora y su acusación tiene una marca política evidente. Pero el punto de fondo es otro: el gobierno de De la Espriella no ha presentado hasta hoy un plan claro y verificable sobre qué pasará con los predios ya adjudicados a campesinos, ni hacia dónde irán esas tierras tras la “corrección”. Cuando un gobierno de derecha que hizo campaña contra la reforma agraria arranca negando la legitimidad de la tierra ya entregada y se niega a decir a dónde fluirá esa tierra, los campesinos tienen razones para el miedo, y la historia tiene razones para la alerta. La concentración de la tierra y el despojo violento en el campo colombiano tienen décadas de expediente sangriento; de hecho, ha sido el núcleo fundamental de la violencia en Colombia. Esto no es un debate político abstracto.
Tercera arremetida. Militarizar la ciudad y criminalizar la protesta La política de seguridad es el terreno donde De la Espriella se muestra sin disimulo. Anunció el fin de cualquier diálogo con los grupos armados: eso es discutible, pero su plan de seguridad urbana revela la prioridad real: no combatir el crimen, sino controlar los barrios populares.
Las medidas concretas de restablecer el ESMAD —el organismo que en el paro nacional de 2021 quedó marcado por el uso excesivo de la fuerza, con cientos de civiles muertos, heridos y discapacitados—; crear “bloques de búsqueda” y “frentes de seguridad” integrados por veteranos y reservistas —personas que no son funcionarios del Estado pero asumirían funciones de orden público—; pilotos de militarización en tres localidades de Bogotá, pese a que los expertos señalan que el piloto de militarización en Cali “no redujo el crimen y, al retirarse, el crimen subió”; y la construcción de diez “megacárceles” de operación privada. Cepeda calificó al gobierno de “paramilitarizador”.
La palabra es fuerte, pero miremos la composición del paquete: tercerizar el orden público en veteranos sin formación policial, restablecer una unidad represiva célebre por golpear manifestantes y llevar militares a barrios pobres. El público objetivo nunca ha sido el norte de Bogotá, los barrios acomodados —no necesitan “bloques de búsqueda”—, sino las comunas y barriadas señaladas como “foco del problema”. Y en cuanto a la protesta, cuando el manifestante se enfrenta a “frentes de seguridad” sin número de placa ni disciplina policial ordinaria, ¿cuánto queda en pie del derecho constitucional a la protesta?
No es diferencia de políticas, es política de clase Junten las tres líneas y el cuadro se completa. En lo fiscal, el dinero fluye de abajo hacia arriba. En la tierra, el activo regresa del campesino al gran latifundio y a fuerzas sospechosas. En la seguridad, la máquina de violencia apunta a los barrios populares y a quienes salen a marchar. Cada medida tiene su coartada tecnocrática: “sostenibilidad fiscal”, “corregir los abusos del gobierno anterior”, “modernizar la seguridad urbana”; pero el resultado conjunto deja al descubierto, con una claridad hiriente, quiénes ganan y quiénes pagan.
De la Espriella prometió en su posesión “derrotar al narcoterrorismo”. Nadie niega que Colombia necesita seguridad. Pero cuando la “seguridad” de un gobierno significa restablecer policía represiva, militarizar comunidades y al mismo tiempo bajarles impuestos a los ricos cargándole la cuenta a los pobres, ¿la seguridad de quién está garantizando? ¿La de los bienes raíces del norte, o la integridad física de quien vive en la periferia y no quiere ser agredido por la policía ni por los “frentes de seguridad”
Este artículo no pretende predecir en qué se convertirá Colombia. Pretende señalar que las decisiones de un gobierno en sus primeros cien días ya delatan su pertenencia de clase. En la Colombia de Abelardo De la Espriella, la factura llega a quien suda, el dividendo llega a quien cuenta, y el puño de hierro se reserva para quien sale a la calle. Si a eso le llaman “rescate”, quién se salva y quién se hunde ya está escrito en el articulado de la ley. ¿Y quién nos rescata de los “rescatistas” oficiales?
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