Texto escrito por: Manuel Humberto Restrepo Dominguez
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Los nazis destruyeron el arte que consideraban “degenerado” y saquearon el que idealizaba su supuesta pureza aria, utilizándolo como propaganda de autoengrandecimiento. Para borrar la memoria también incluyeron la quema de libros y la reescritura de la historia con falsedades, prejuicios, persecución y aniquilación del pensamiento crítico. La toma de conciencia del horror y la comprensión de que el olvido podía ser cómplice permitió que el derecho a la memoria se incrustara en la declaración de 1948, con la advertencia de que desconocer y menospreciar los derechos humanos produce barbarie, ultraja la conciencia de la humanidad y favorece el retorno de ese horror padecido.
Las luchas de las víctimas que derrotaron las dictaduras latinoamericanas reforzaron el derecho a la memoria al convertir antiguos batallones de tortura y desaparición en museos y, con carteles, grafitis, murales, archivos y expresiones artísticas, llenaron de memoria las calles, bibliotecas, repositorios y campus universitarios. Ese ha sido el mensaje de la convivencia en un mundo civilizado, que abomina la barbarie, rechaza las dictaduras y juzga a los responsables. Es la muestra del consenso por la dignidad, respeto por la memoria como un activo de la paz y mandato constitucional que obliga al Estado y al gobierno a preservarla, protegerla, respetarla, hacerla respetar y exaltar los lugares de exposición, museos nacionales y locales, memoriales, archivos, fechas y conmemoraciones.
Ese espíritu está presente en el museo sitio de memoria ESMA, excentro de detención, tortura y exterminio como ejemplo de un espacio de horror en Argentina transformado en pedagogía de la memoria, o el Parque de la Memoria en Buenos Aires, con sus 14 hectáreas y el monumento con los nombres de los desaparecidos, que materializa el duelo colectivo. En Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, el Museo de los Vestigios de la Guerra es un maravilloso referente de la conciencia universal. En Dresde, Alemania, el museo militar aborda con profundidad el Holocausto, sus hechos, responsables, símbolos y consecuencias de la inhumanidad nazi. En México, el Museo Memoria y Tolerancia conecta el horror nazi con América. Todos estos y cientos más dejan claro que la memoria es parte vital de las conquistas de la razón humana sobre la fuerza bruta implantada por gobernantes déspotas y criminales. Es un bien común de la civilización y de la inteligencia y un bien jurídico protegido, cuya vulneración en países como España, Alemania o Francia representa un delito castigado con penas de prisión de uno a tres años.
Atacar derechos culturales, destruir objetos, impedir el acceso a expresiones artísticas, excluir memorias históricas o discriminar a comunidades es un crimen. En 2016, la Corte Penal Internacional condenó a Ahmad Al Faqi Al Mahdi a nueve años de prisión por dirigir ataques contra diez monumentos religiosos e históricos durante el conflicto armado de Mali; la destrucción de ese patrimonio cultural constituyó el crimen de guerra objeto de la condena (ver la película Timbuktu). El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia condenó a Miodrag Jokić por el ataque contra Dubrovnik en 1991, que afectó el centro histórico protegido; y la UNESCO documentó daños graves en el museo de Palmira (Siria) y la destrucción deliberada de piezas arqueológicas del sitio por el Estado Islámico.
El derecho a la memoria no se decreta, ni sus objetos y símbolos hacen parte del trasteo personal del gobernante. La memoria es un derecho que existe en la conciencia de la sociedad, es una garantía de no repetición, reconciliación y paz duradera, que exige estar alerta, ejercer presión y movilizarse de inmediato ante la menor arremetida de negación o destrucción. Su vulneración debe llevar a juicio a los responsables de usar su poder para borrar deliberadamente una memoria histórica, censurar una expresión artística o excluir una representación histórica por razones de odio, venganza o imposición ideológica. Negar o eliminar vulnera derechos humanos y jurídicamente viola reglas internacionales pactadas, la Constitución Nacional (arts. 70, 71 y 72: acceso a la cultura, expresión artística, protección del patrimonio cultural) y la Ley 397 de 1997 (art. 1: prohibición de la censura sobre el contenido ideológico y artístico de las realizaciones culturales). La cuestión jurídica no se cierra solo llamando a regresar o reponer obras excluidas o destruidas: es preciso calificar el abuso de poder cometido. Hacer silencio favorece la impunidad y aceptar que se borre la memoria hace vulnerable a la sociedad al miedo. El derecho a la memoria es también a no callar, ni a volver a ser víctima.
P.D. La patria ha sido traicionada. Tropas extranjeras en tierra, soberanía en peligro, riquezas colectivas en riesgo. A la patria hay que cuidarla, protegerla. Hoy está herida, invadida, saqueada.
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