La fiesta hasta el amanecer con la que se fundó un nuevo pueblo en Antioquia hace 47 años

Texto escrito por: Carmelo Antonio Rodríguez Payares

Mientras en las afueras de la Asamblea de Antioquia, que para ese año funcionaba en un edificio en el costado oriental de la Plaza Botero —el mismo que muchos confundían con una catedral de estilo gótico, y hasta se persignaban cuando pasaban por allí— el ambiente era de completa normalidad; en cambio, la situación que vivían los habitantes de El Bagre era de total incertidumbre, pues a esa hora todos estábamos a la espera de la decisión que esa tarde-noche tomaría la corporación sobre el destino del entonces corregimiento de El Bagre y sus pretensiones de convertirse en el nuevo municipio de Antioquia: el 116, para ser exactos.

Cuentan quienes fueron testigos de aquel histórico día, que alguno de los presentes tuvo la ocurrencia de reclutar a un buen número de jóvenes y agraciadas muchachas y dotarlas de la mejor provisión de las flores recién cortadas de la estación de finales de octubre, y encontraron desde rosas, claveles, anturios, lirios y cartuchos, para entregárselas en las manos a cada uno de los honorables diputados; a quienes además les prendieron en sus sacos una cintilla de color negro y amarillo, escogidos para que fueran los distintivos de la bandera del futuro municipio.

Debo advertir que para ese entonces el mundo carecía de los bienes tecnológicos de hoy, como por ejemplo los teléfonos celulares, razón por la cual era imposible conocer en tiempo real lo que ocurría ese martes 30 de octubre del año de gracia de 1979.

Vale la pena recordar que durante décadas, este territorio de lunas espesas, soles ardientes y ríos caudalosos, había dependido en el orden administrativo de la vieja Villa de Zaragoza de las Palmas y de la Piña de Oro.

Una dependencia que no era solo un asunto de firmas y sellos notariales, sino una brecha física y social. Para los bagreños de entonces, tramitar un papel, exigir una escuela o rogar por un puesto de salud implicaba una travesía fluvial y terrestre que desangraba el bolsillo y la dignidad de los pobladores.

Zaragoza, con su abolengo colonial, miraba el crecimiento vertiginoso de su corregimiento con una mezcla de celo y distancia administrativa, mientras El Bagre, enriquecido por el aluvión y la minería tecnificada de las dragas, sentía que sus riquezas pavimentaban calles ajenas.

Sin embargo, a cientos de kilómetros de allí, en el corazón geográfico y político de Medellín, el Palacio Departamental se convertía en el epicentro de una transformación irreversible.

Los pasillos de la Asamblea de Antioquia bullían con el vaivén de secretarios, ujieres y líderes comunitarios que habían viajado desde las riberas del río Nechí con sus carpetas llenas de censos, mapas rudimentarios y actas de comités pro-municipio, hechas a lo largo de las extensas jornadas llevadas a cabo por unos personajes que, la verdad sea dicha, no tenían velas en ese entierro. Era tal el apego a esa tierra que ese detalle poco les importó.

Era el final de la tarde, y los pesados escritorios de madera de la corporación sostenían el destino de miles de almas. El orden del día no era uno más en la rutina legislativa; se discutía la redacción de un documento que pretendía arrancar un pedazo de mapa a la jurisdicción zaragozana para conferirle nombre, autonomía y presupuesto propio a un pueblo que ya no cabía en los pantalones de un simple corregimiento.

Los diputados sabían que no solo discutían sobre límites territoriales, sino sobre la justicia económica de una de las regiones de mayor producción de oro del país.

El orden en el recinto de la corporación dependía de una Mesa Directiva que combinaba la astucia legal, el equilibrio de las fuerzas políticas tradicionales y una rigurosidad técnica incuestionable.

Al frente de la corporación, presidiendo con mano firme y un sentido agudo de la historia, se encontraba el diputado de origen y militancia liberal, Horacio Muñoz Suescún, nacido en el municipio de Sopetrán, occidente antioqueño.

Recuerdan que Muñoz Suescún era un hombre cuya voz grave solía apaciguar las tempestades partidistas en el recinto, y tenía claro que el Bajo Cauca —Nordeste en aquellos años— requería una válvula de escape institucional frente a su histórica marginación.

A su lado derecho, y a manera de custodio de la ortodoxia del procedimiento legal y desglosando los requisitos fiscales, se sentaba el primer vicepresidente, Raúl Tamayo Gaviria, un conservador de los de tinta azul, quien compartía con su compañero de Mesa Directiva la tierra de nacimiento: Sopetrán.

Su labor no solo era de tipo normativo, sino que estaba más cerca de los movimientos que hacen los médicos al frente de una mesa de operaciones: verificar que las proyecciones presupuestales de El Bagre tenían la capacidad real de autosuficiencia y que la nueva entidad territorial no naciera muerta en el área económica, un argumento que los defensores de la integridad de Zaragoza esgrimían con vehemencia en las comisiones previas.

Completaba la terna directiva, desde la segunda vicepresidencia, Manuel Rodríguez García, quien actuaba como el puente con las bases y el garante de que las minorías y los sectores más escépticos de la plenaria fuesen escuchados de manera equitativa.

Rodríguez García insistía en que la municipalidad no era un capricho de los notables del corregimiento, sino una exigencia de soberanía estatal en un territorio donde la riqueza aurífera contrastaba dolorosamente con la carencia de infraestructura básica.

Juntos, Muñoz Suescún, Tamayo Gaviria y Rodríguez García, constituyeron un muro de contención técnica que impidió que el proyecto de ordenanza naufragara en el mar de las minucias burocráticas o en los celos de los municipios vecinos.

El debate avanzaba párrafo a párrafo, artículo por artículo, desarmando uno a uno los recursos de apelación y las solicitudes de aplazamiento que llegaban desde las oficinas de Zaragoza, cuyos delegados veían con angustia cómo se les escapaba su corregimiento más próspero.

Las manecillas del reloj avanzaban de manera inexorable hacia la noche de aquel 30 de octubre de 1979. Después de horas de debates intensos, lecturas de informes geográficos y la ratificación de las firmas de los habitantes que respaldaban la segregación, el presidente Horacio Muñoz Suescún ordenó el silencio final en la plenaria.

La hora de los discursos había concluido; era el momento de los votos. Con el respaldo jurídico que con minucia revisó Raúl Tamayo Gaviria y la validación del cuórum coordinada por Manuel Rodríguez García, se leyó en voz alta el encabezado definitivo: 'Ordenanza Número 22, por medio de la cual se crea el municipio de El Bagre'.

Uno a uno, los diputados de Antioquia levantaron la mano o pronunciaron su aprobación, sellando con un acto administrativo el nacimiento de una nueva patria chica dentro del mapa departamental. Entonces, cuando Muñoz Suescún se puso de pie y con una voz de suspenso declaró aprobada la norma, la noticia corrió a velocidades exageradas hasta llegar a su destino final: El Bagre.

En Medellín, los delegados bagreños se fundieron en abrazos y lágrimas, pero la verdadera fiesta estalló a cientos de kilómetros de allí, en las calles polvorientas y calurosas de El Bagre.

A través del altoparlante instalado sobre el techo de palma de la Caseta Comunal, a unos 17 metros del piso, una voz que nadie reconoció hizo el papel que hubieran hecho las emisoras de radio locales: cortar su programación habitual, lanzar el anuncio extraordinario y con el fondo del Himno Nacional, gritar a pulmón herido que El Bagre ya no era el patio trasero de Zaragoza porque a partir de ese instante era, por derecho propio y merced a la Ordenanza 22, un municipio soberano de Antioquia.

Nadie sabe de dónde salieron los pitos y las cornetas y quién dio la orden para que la sirena de la compañía minera, usada para llamar a sus trabajadores a sus puestos, se unieran al bullicio y al estropicio a la que se le sumaron las campanas de la iglesia parroquial en un solo estruendo de júbilo que duró hasta el amanecer del día siguiente.

La Ordenanza 22 no era solo papel; era la llave de la mayoría de edad para un pueblo que reclamaba las riendas de su propio porvenir.

Pasada la euforia de la noche del 30 de octubre, llegó el frío baño de la realidad institucional.

El Bagre dejaba de ser una llanura de extracción aurífera gestionada a control remoto para convertirse en una entidad pública responsable de sus propias calles, de su seguridad, de sus escuelas y del recaudo de sus propios tributos.

Los primeros alcaldes designados y la junta organizadora tuvieron la titánica tarea de levantar una administración municipal desde los puros cimientos y donde nadie tenía la menor idea de cómo hacer mover aquella criatura recién nacida.

El gran motor de esta nueva etapa fue, sin duda, la capacidad de administrar directamente las regalías y los impuestos derivados de la extracción a gran escala que realizaba la empresa Mineros de Antioquia, antigua Pato Consolidated Gold Dredging.

Esos recursos, que antes debían viajar a Zaragoza y luego a Medellín antes de ver una sola moneda invertida en el territorio, comenzaron a quedarse en las arcas locales.

El paisaje urbano de El Bagre empezó a mutar con una rapidez asombrosa. Las trochas coloniales dieron paso a las primeras calles pavimentadas; se proyectaron las redes de alcantarillado y el casco urbano empezó a expandirse de forma planificada, para evitar el caos de los primeros años. La autonomía política atrajo a comerciantes, profesionales y educadores de otras regiones del país, quienes vieron en el joven municipio una tierra de promisión donde todo estaba por hacerse.

Sin embargo, este crecimiento acelerado también trajo consigo los retos de la modernidad: la presión demográfica por la constante llegada de migrantes y la necesidad de consolidar una identidad civil que unificara a una población étnicamente diversa, compuesta por afrodescendientes, indígenas y colonos de diversas latitudes de Colombia.

Hoy, 47 años después de aquella histórica jornada de 1979, El Bagre contempla su pasado con el orgullo de quien ha navegado por ríos tranquilos pero también por aguas tormentosas.

El municipio ha sido testigo y víctima de las complejidades del orden público en el Bajo Cauca, sufriendo los embates de la violencia y las tensiones propias de las economías extractivas.

Pero si algo define al habitante bagreño es una resiliencia inquebrantable, una capacidad de reinventarse que emula la forma en que las grandes dragas remueven el lecho del río para encontrar, en el fondo del fango, la veta más pura.

Las Fiestas del Oro y la Cultura, que año tras año llenan de música, danza y comparsas las calles del municipio, son el testimonio vivo de un pueblo que no se rinde ante las dificultades y que encuentra en sus expresiones artísticas la fuerza para sanar y avanzar.

Cuando se repasan los nombres de Horacio Muñoz Suescún, Raúl Tamayo Gaviria y Manuel Rodríguez García en las páginas amarillentas de la Ordenanza 22, no se evocan simples figuras del pasado burocrático, sino a los arquitectos de una libertad administrativa que permitió a El Bagre ser el dueño de su propio destino.

A casi cinco décadas de su nacimiento institucional, con una población consolidada, una economía que busca la diversificación agrícola y una juventud que apuesta por la educación técnica y universitaria, el municipio sigue demostrando que su verdadera y más grande riqueza no se mide en quilates ni descansa en los aluviones de sus ríos, sino que late con fuerza en el pecho de cada uno de sus hijos, constructores cotidianos de la historia del Bajo Cauca.

Cerrar este capítulo de casi cinco décadas es abrir la puerta a un futuro que se escribe con orgullo bagreño. Que estos 47 años sean el eco de los desafíos superados y el impulso para los días que vendrán; porque mientras el río siga su curso y late con fuerza el corazón de su comunidad, El Bagre continuará siendo sinónimo de alegría, arraigo y una eterna promesa de prosperidad. ¡Felices 47 años, El Bagre!

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