Con la nueva reforma económica, De la Espriella juega con candela y pavimenta el camino hacia otro estallido social

Texto escrito por: Luis Jaime Adárraga Daza

Analizando a fondo el Proyecto de Ley N° 477 de 2026, bautizado como la “Ley de Rescate Económico”, lo cierto es que nos encontramos ante una iniciativa que merece una revisión muy crítica desde el punto de vista social y económico.Lejos de ser una solución equitativa, la propuesta concentra el peso del ajuste sobre quienes menos tienen y, al mismo tiempo, otorga concesiones difíciles de justificar a los grandes capitales. Comparto un desglose realista y directo de lo que este articulado implica para el país:

1. ¿Qué tan nocivo es para el pueblo, los trabajadores y los más pobres? El proyecto tiene un componente de regresividad muy marcado que golpea el bolsillo de la clase trabajadora y de los hogares vulnerables por varios flancos: • Golpe a la salud y a la seguridad social: se intervienen las cotizaciones al régimen contributivo de salud de los empleados. En la práctica, esto significa que a los trabajadores les tocaría aportar más de su propio bolsillo, según su rango salarial, y que la situación de los independientes se vuelve todavía más pesada al elevarse la base de cotización. Sumémosle a ello nuevos impuestos indirectos que amplían las bases gravables. • El costo de vida, por las nubes: aunque el gobierno habla de implementar el mecanismo “EfectIVA” para devolver impuestos a la población más vulnerable, la realidad es que la reconfiguración de bienes exentos y excluidos del IVA, sumada a los gravámenes a productos de consumo masivo y bebidas ultraprocesadas, dispara la inflación día tras día.Una devolución que llega a posteriori difícilmente compensa el golpe inmediato en el supermercado, sobre todo para los hogares de clase media-baja y para los más pobres. • Motosierra al empleo público: para recortar gasto estatal, el proyecto propone reducciones nominales “salvajes” en el personal de las entidades públicas (hasta un 20 % para 2028) y frena en seco la contratación por prestación de servicios. Esto no es más que una receta para destruir empleo formal y precarizar aún más el mercado laboral.
2. ¿A quiénes beneficia de verdad? Mientras al ciudadano común se le aprieta el cinturón, la propuesta está hecha a la medida de los grandes capitales bajo la clásica receta de la economía de oferta: • Alivios a las grandes corporaciones: la tarifa general del impuesto de renta para personas jurídicas baja del 33 % (en 2027) al 31 % a partir de 2028. • El fortín del RUGE (privilegios fiscales): crean el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), un “traje a la medida” para las megainversiones.Les ofrecen una tarifa preferencial de renta del 20 % o del 26 %, blindada por 16 años y sin sobretasas; además, incluyen estabilidad jurídica asegurada, depreciación acelerada y, por si fuera poco, eximen totalmente del impuesto al patrimonio. • La asimetría con el ciudadano de a pie: mientras los grandes inversionistas cuentan con “alfombra roja” y estabilidad tributaria a bajo costo, al profesional independiente y al trabajador de la esquina se les imponen tablas de retención mucho más agresivas y un cerco patrimonial bastante exigente.
3. ¿Hay algo rescatable en este proyecto? Seamos honestos: técnicamente hay algunas herramientas de gestión macroeconómica que, al menos en el papel, están bien planteadas: • Mano dura con la Regla Fiscal: el Título V ajusta los “tornillos” de la regla fiscal e incluye esquemas de corrección automática para frenar el endeudamiento público desmedido del Gobierno Central. La intención es calmar los ánimos de los mercados internacionales frente al riesgo país. • Tecnología contra la evasión: el Título VI le da a la DIAN mejores herramientas tecnológicas y habilita cruces de datos con facturación electrónica, además de endurecer las penas contra el contrabando. Perseguir al evasor y al contrabandista sin inventarse nuevos impuestos para “los de siempre” sería, sin duda, un camino válido. • Normalización de activos: los programas transitorios para que la gente declare capitales u otros activos ocultos sirven para capturar “caja rápida” para la nación.
4. ¿Esto nos puede llevar a otro estallido social como el de 2021?El riesgo es enorme y está sobre la mesa. No podemos olvidar que el estallido social de 2021 se produjo porque la gente sintió que el costo de la crisis se pretendía cobrar a las clases medias y populares, a base de impuestos indirectos y de servicios cada vez más caros. Este Proyecto de Ley n.° 477 de 2026 calca esa misma peligrosa receta por dos razones: • El contraste es insostenible: la ciudadanía ve cómo le recortan el gasto social, le encarecen la salud y le precarizan el empleo público, mientras al mismo tiempo le extienden “alfombras rojas” y gabelas multimillonarias a los grandes conglomerados a través del RUGE. • El ahogamiento diario: tocar la seguridad social de los trabajadores y modificar el IVA de la canasta familiar es encender la chispa perfecta para que sindicatos, estudiantes y ciudadanos salgan a las calles. Si en el Congreso no le hacen los correctivos necesarios —equilibrando la balanza, exigiendo que paguen más quienes más tienen y blindando los ingresos de los trabajadores—, este proyecto tiene el camino abonado para fracturar la paz social y desatar una movilización de proporciones similares o peores a las que vivimos en 2021.

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