Es es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas
Colombia enfrenta un problema fiscal que no nació de un día para otro ni puede atribuirse a un solo presidente. Sin embargo, cada Gobierno debe responder por sus decisiones, sus proyecciones y el uso de los recursos públicos. La pregunta es sencilla: ¿cómo llegamos hasta aquí y quién asumirá las consecuencias?
Presupuestos con ingresos inciertos
El presupuesto de 2025 rondó los 523 billones de pesos. De ese monto, 12 billones dependían de una ley de financiamiento que debía conseguir recursos adicionales. El Gobierno de Gustavo Petro presentó, por tanto, un presupuesto cuya financiación estaba parcialmente condicionada a una iniciativa que todavía no había sido aprobada.
En diciembre de 2024, el Congreso archivó el proyecto. Aunque tenía derecho a rechazar los impuestos propuestos, esa decisión no eliminó las obligaciones del Estado.
Aquí aparece una responsabilidad política del Gobierno Petro: planear el gasto con ingresos que dependían de una aprobación incierta exigía alternativas creíbles. Gobernar no consiste solamente en anunciar cuánto se quiere gastar, sino en demostrar cómo se financiarán las promesas.
El recaudo no alcanzó
En 2025, el recaudo tributario neto llegó a unos 270,2 billones de pesos, frente a una meta revisada de 280,3 billones. Faltaron aproximadamente 10,1 billones.
El déficit del Gobierno Nacional Central bajó del 6,7 % al 6,4 % del producto interno bruto (PIB). Sin embargo, el déficit primario, que excluye los intereses de la deuda, aumentó del 2,4 % al 3,5 % del PIB. Además, la deuda bruta pasó del 61,3 % al 64,4 % del PIB, aunque la deuda neta disminuyó.
Estas cifras requieren contexto, pero muestran que el problema fiscal seguía sin resolverse. Colombia arrastra obligaciones pensionales, transferencias legales y compromisos anteriores. No todo es responsabilidad de Petro. Sin embargo, su Gobierno debía ajustar las proyecciones, priorizar el gasto y presentar una ruta creíble para estabilizar las finanzas.
La regla fiscal bajo presión
En 2025, el Gobierno activó la cláusula de escape de la regla fiscal para el periodo 2025-2027. El mecanismo permite apartarse temporalmente de las metas ordinarias bajo determinadas condiciones, pero no elimina la obligación de recuperar la sostenibilidad financiera.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) expresó reparos técnicos y advirtió sobre el deterioro del balance primario. La decisión del Gobierno buscaba mayor margen fiscal, pero también implicaba riesgos si no estaba acompañada de medidas suficientes para corregir los desequilibrios.
La pregunta no es únicamente si podía tomar esa decisión, sino si presentó un plan convincente para recuperar la estabilidad de las cuentas públicas.
El problema continúa
El presupuesto de 2026 se acercó a los 547 billones de pesos. Durante su trámite, otra ley de financiamiento, que buscaba recaudar 16,3 billones, terminó archivada por el Congreso.
Dos presupuestos consecutivos enfrentaron dificultades para conseguir ingresos adicionales. Esto no significa que todos los programas sociales fueran irresponsables, pero sí obliga a examinar la calidad de la planeación fiscal.
El Gobierno actual heredó esa situación, pero también tiene responsabilidades propias. Para 2027 se anunció un presupuesto cercano a los 634,95 billones de pesos, unos 88 billones más que el año anterior. Esa diferencia no equivale a dinero libre: el Estado debe financiar su funcionamiento, las transferencias, las pensiones, la inversión y el servicio de la deuda.
Tras las diferencias entre Senado y Cámara durante el trámite presupuestal, el Gobierno expidió el Decreto 1599 del 22 de octubre de 2026. Ahora debe explicar cómo pretende reducir el déficit, qué gastos protegerá y cuánto del ajuste dependerá de nuevos ingresos, recortes o endeudamiento.
Culpar al Gobierno anterior no sustituye un plan económico. El Ejecutivo actual debe demostrar que sus decisiones son sostenibles y socialmente responsables.
La Guajira necesita respuestas
En La Guajira, las decisiones fiscales nacionales se reflejan en la educación superior, la salud, los subsidios de energía y el acceso al agua potable.
Han circulado reportes sobre posibles reducciones de recursos destinados a la gratuidad y al acceso a la educación superior en el departamento. Esas cifras deben verificarse con el presupuesto definitivo, el Ministerio de Educación y la Universidad de La Guajira. No sería responsable afirmar que la matrícula gratuita desaparecerá sin pruebas oficiales; tampoco lo sería ignorar una posible reducción que afecte a los estudiantes.
Necesitamos respuestas concretas: ¿cuántos recursos estarán disponibles en 2027?, ¿cuántos estudiantes se beneficiarán?, ¿quién garantizará la continuidad del programa? Las mismas preguntas deben plantearse sobre salud, energía y agua: cuánto dinero llegará, cuándo se ejecutará y quién responderá por los resultados.
Los mismos criterios para todos
Petro debe rendir cuentas por sus decisiones fiscales. El Congreso debe explicar las consecuencias de archivar las leyes de financiamiento. Y el Gobierno actual debe demostrar que puede corregir los desequilibrios sin trasladar injustamente el costo a la ciudadanía.
A todos debemos exigirles ingresos realistas, gasto responsable, transparencia y resultados verificables.
En La Guajira, muchas promesas siguen esperando convertirse en agua potable, atención médica, educación y oportunidades. La rendición de cuentas no puede quedarse en discursos pronunciados en Bogotá.
Porque un Gobierno no se mide solamente por cuánto dinero anuncia que gastará, sino por cómo lo financia, en qué lo invierte y qué cambia realmente en la vida de la gente.
También le puede interesar:
Anuncios.
