La cuenta pendiente se habría pagado con armas. Tras la muerte de Hugo Chávez, en 2013, Nicolás Maduro y Cilia Flores se reunieron con Timochenko, Iván Márquez y Jesús Santrich. Según la acusación federal estadounidense, hablaron de una deuda de narcotráfico y Maduro acordó cubrir parte de ella con minas y otras armas. La escena concentra la relación que describen los fiscales: cocaína que generaba obligaciones y material bélico que servía para saldarlas. Expediente judicial

Los expedientes del Distrito Sur de Nueva York trazan una alianza con intermediarios, puntos de encuentro y recursos del aparato estatal. En esa reconstrucción, la afinidad política se convirtió en una ventaja operativa: acceso a instalaciones militares, protección para los cargamentos y contactos capaces de abrir las puertas del palacio presidencial. El negocio cruzaba la frontera en las dos direcciones. La droga encontraba una salida; los grupos armados conseguían respaldo para sostener su actividad. Departamento de Justicia

La acusación ampliada, divulgada el 8 de octubre de 2026, agrega la conspiración para cometer tortura a una causa que ya incluía narcotráfico y armas. Pero su lectura desde Colombia tiene un centro distinto del que domina los titulares internacionales: cómo se organizaron los acuerdos con las FARC y el ELN, qué pusieron sobre la mesa los funcionarios venezolanos y hasta dónde penetró esa relación en las instituciones de un país vecino. Departamento de Justicia

Una deuda sobre la mesa

La reunión de 2013 coincidió con las negociaciones de paz de las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos. Ese cruce se destaca al reconstruir el encuentro y el recurso al material militar como fórmula de pago. Los protagonistas del proceso de La Habana aparecían también en la negociación de armas que relatan los fiscales.

Otro aspecto es clave en el acuerdo: no se trataba solamente de permitir el tránsito de cocaína por Venezuela, sino de facilitar el acceso de la guerrilla a recursos de guerra. Su reconstrucción recoge que las operaciones de suministro de minas se habrían extendido hasta aproximadamente 2015 e incluye referencias a material fabricado en Cuba. La acusación no fija el monto de la deuda ni el lugar exacto de la reunión de 2013; sí identifica a sus participantes y describe la naturaleza del arreglo.

Pagar con armamento alteraba la lógica del negocio. El proveedor de droga podía recibir un recurso que reforzaba su capacidad militar, mientras quien tenía acceso al poder atendía una obligación utilizando material de guerra. Esa es la conexión que vuelve especialmente grave este capítulo: la transacción no terminaba cuando se liquidaba una cuenta. Las armas permanecían disponibles para una organización que seguía combatiendo en Colombia.

La cita de Nicolasito en Medellín

Siete años después, el relato judicial ubica otro encuentro en suelo colombiano. En 2020, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como Nicolasito, se reunió en Medellín con dos representantes de las FARC. El expediente de enero de 2026 afirma que discutieron el movimiento de grandes cantidades de cocaína y armas por Colombia y hacia Estados Unidos durante los seis años siguientes, hasta aproximadamente 2026. También hablaron de pagar a las FARC con armas por los cargamentos de cocaína. Expediente judicial

El horizonte de seis años es uno de los datos más reveladores de la cita: los fiscales describen una conversación sobre continuidad y abastecimiento, con un calendario de negocio que excedía un envío ocasional. Medellín aparece así como lugar de concertación de una operación que enlazaba al hijo del mandatario venezolano con interlocutores armados colombianos. El intercambio de droga por armas volvía a estar en el centro.

El Tiempo siguió ese rastro en enero. Reportó que el encuentro habría ocurrido en una residencia de El Poblado y que, según sus fuentes, no había un registro oficial del ingreso de Maduro Guerra a Colombia para esa reunión. También informó que la Alcaldía de Medellín ofreció colaborar con el FBI. Esos detalles proceden de la reportería del diario y amplían la pregunta local que deja el expediente: quién facilitó una cita de esa naturaleza y qué apoyos tuvo dentro de la ciudad.

Ramón Rodríguez Chacín ocupa un lugar central en la infraestructura de contactos. El expediente de enero presenta al exministro venezolano como enlace encargado de proteger y apoyar a las FARC y al ELN. Entre 2018 y 2019, según ese documento, viajó varias veces de Barinas a Caracas con un dirigente de las FARC para reunirse con Maduro. Los encuentros incluyeron Miraflores y Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de la capital. Expediente judicial

El mismo escrito sitúa hacia 2008 una gran propiedad de Rodríguez Chacín en Barinas que albergaba un campamento y una escuela de entrenamiento de las FARC, con unos 200 integrantes armados. No era únicamente un hombre que presentaba interlocutores: el papel que le atribuyen los fiscales incluía ofrecer un espacio para la presencia guerrillera y conectar ese mundo con los centros de decisión del Estado. Expediente judicial

Barinas, Miraflores y Fuerte Tiuna dibujan un circuito que ayuda a entender el alcance de la acusación. La guerrilla no aparece confinada a una selva remota, separada del Gobierno por kilómetros y burocracia. En el relato fiscal había alguien capaz de llevar a sus mandos desde los campamentos hasta el despacho presidencial y el corazón de la estructura militar. Esa capacidad de acceso era, por sí misma, un recurso estratégico para cualquier acuerdo de protección o suministro.

Los camiones fletados

El canje reaparece alrededor de 2017. Un funcionario identificado como CC-3 ordenó a miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la DGCIM, transportar armamento a cambio de cocaína de las FARC y el ELN. El diario describe el uso de camiones empleados habitualmente para transportar gasolina en la movilización de armas.

El expediente original precisa el siguiente tramo de la operación: militares llevaban la cocaína recibida a una base venezolana y luego a un puerto para despacharla al exterior. La mercancía solía llenar entre tres y cuatro camiones militares de carga. El circuito enlazaba el intercambio de armas con instalaciones y transporte militar para sacar la droga. Expediente judicial

El canje resolvía dos necesidades complementarias. Las organizaciones armadas aportaban cocaína; sus socios dentro de Venezuela podían aportar material militar y facilidades para movilizarlo. Un puerto, un camión o una orden a subordinados dejaban de ser asuntos separados: se integraban a la logística de la transacción. La fuerza de este capítulo está en ese uso del aparato de seguridad como parte del negocio.

El ELN no aparece como un invitado secundario. El Espectador reseñó que la nueva acusación describe, entre 2022 y 2024, traslados de cocaína a pistas bajo control de esa guerrilla cerca de la frontera. El expediente sitúa la salida de cocaína desde Venezuela mediante vuelos autorizados por funcionarios militares o vuelos clandestinos. El diario también recogió el señalamiento de que jueces venezolanos recibían instrucciones para desestimar procesos contra integrantes de las FARC, incluidos asuntos de narcóticos. La protección alcanzaba tanto el movimiento de la mercancía como la posibilidad de evitar obstáculos judiciales.

La relación tenía una arista petrolera: el expediente sitúa hacia 2007 un ofrecimiento de Cilia Flores de contratos de PDVSA a grupos alineados con el ELN para facilitar las negociaciones. Otro recurso estatal entraba así en el repertorio atribuido al círculo del poder venezolano. Expediente judicial

La geografía precisa del Zulia ha sido desarrollada por medios colombianos a partir de informes de inteligencia. En enero de 2026 fue publicado un documento con ubicaciones de campamentos y pistas en Río Negro, Casa de Hierro, el sur de Machiques y la ribera del río Zulia, entre otros sectores conectados con el Catatumbo. La emisora describió un terreno de bosques, canales y rutas secundarias que favorecía el ocultamiento y la movilidad. Es un mapa complementario al expediente penal, presentado por el medio como información de inteligencia.

El corredor abierto combinó las pistas con la movilidad fluvial y terrestre. Su reportaje detalla cómo las áreas pantanosas y los accesos por río dificultaban las operaciones de las autoridades y favorecían el desplazamiento de los grupos armados. El panorama que emerge de ambas publicaciones es el de una frontera utilizada como infraestructura: campamentos para permanecer, caminos para abastecerse y pistas para sacar la mercancía.

Focos distintos

La nueva acusación tuvo eco en medios de gran alcance, aunque no todos pusieron el mismo episodio en la primera línea. En Colombia y en la cobertura regional, el vínculo con las guerrillas adquirió protagonismo propio. Algunos medios encabezaron sus notas con las conexiones de Maduro y Flores con las FARC y el ELN. El interés editorial resulta visible en la manera de presentar la noticia: la ampliación del caso estadounidense se leyó como una historia que tocaba directamente el conflicto colombiano.

Algunos escogieron la reunión de 2013 con Timochenko, Márquez y Santrich como entrada a su reconstrucción. Otros, la negociación de armas con esos dirigentes. Todos desarrollaron el paso siguiente, el transporte de material bélico a cambio de cocaína. Esa coincidencia de enfoque puso ante el lector la dimensión transaccional del vínculo.

En los grandes medios internacionales, el cargo nuevo de tortura dominó la cobertura del 8 de octubre. La agencia Reuters abrió con las acusaciones sobre opositores y ciudadanos estadounidenses y acompañó la noticia con la negativa del juez a liberar a Flores. Associated Press desarrolló el sistema de represión descrito por los fiscales y el papel del exjefe de inteligencia Hugo Carvajal como colaborador de la investigación. Sus prioridades fueron la nueva dimensión penal, las víctimas y la situación de los procesados.

The Wall Street Journal destacó la acusación de conspirar para torturar a detenidos estadounidenses dentro de una estrategia para conservar el poder. El País también encabezó con tortura y represión, y explicó que la causa incorporaba el uso de organismos estatales y el apoyo de grupos vinculados al narcotráfico, entre ellos las FARC. En estas notas, la trama guerrillera quedó integrada en una historia más amplia sobre la maquinaria de poder venezolana.

El proceso sigue abierto. Maduro y Flores niegan las nuevas acusaciones, según Reuters, y no han sido condenados por estos hechos. El juicio está previsto para el 1 de junio de 2027. Esa es la situación judicial desde la que debe leerse la reconstrucción de los fiscales.

Su interés para Colombia, sin embargo, no se agota en la fecha de una audiencia. El expediente pone en relación asuntos que suelen contarse por separado: la cocaína producida por organizaciones armadas, el acceso a arsenales, la protección de funcionarios y la permanencia en un territorio vecino. La lectura conjunta describe un mecanismo de fortalecimiento: la droga financiaba el intercambio; las armas alimentaban la capacidad militar; la protección facilitaba que el circuito continuara.

La secuencia también obliga a distinguir sus momentos. Los nombres de 2013 corresponden a la antigua comandancia de las FARC; los episodios posteriores al acuerdo de paz pertenecen a otro escenario de estructuras armadas y disidencias. El alcance político del relato está en seguir esos cambios y los contactos concretos que los atravesaron. La relación descrita no quedó detenida en una foto de los años de Chávez. Los fiscales la proyectan hacia reuniones, movimientos y arreglos posteriores.