Hay clientes que pueden cerrar puertas antes de llegar a un juzgado. Sus nombres aparecen asociados a masacres, desplazamientos y estructuras armadas, y quienes aceptan representarlos también terminan bajo sospecha. Ricardo Giraldo conoce ese costo. Abogado penalista nacido en Rionegro, Antioquia, decidió ejercer una profesión que, según explica, debe garantizar los derechos incluso de quienes despiertan mayor rechazo social.
"Hay que tener cuero", dice al recordar las dificultades de asumir estos casos. Durante el proceso de paz en el que participó como abogado del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), cuenta que recibió muchas críticas y encontró colegas que dejaron de hablarle o bloquearon su número. La controversia no estuvo únicamente en las personas a las que representaba, sino en la interpretación que otros hacían de su oficio.
Para Giraldo, sin embargo, defender a una persona no significa justificar sus actuaciones ni convertirse en cómplice de sus delitos. Su trabajo consiste en ejercer la defensa técnica dentro de los límites de la ley. Si un actor armado decide abandonar la ilegalidad y entrar en un proceso de transición, sostiene, debe encontrar abogados capaces de construir las fórmulas jurídicas que permitan avanzar.
De Rionegro a los escenarios internacionales
Su trayectoria comenzó en la Universidad Católica de Oriente, donde se graduó como abogado en 2007. Después amplió su formación con estudios de derecho procesal penal, teoría del delito y justicia constitucional, además de estancias académicas en Italia, España y Alemania. Actualmente es doctorando en Derecho y se desempeña como conjuez del Tribunal Superior de Medellín, docente y socio fundador de la firma RAG Abogados. Su recorrido académico y profesional está documentado en su página oficial.
Esa formación también alimentó su interés por asuntos que suelen pasar inadvertidos en la discusión pública. Uno es la extinción de dominio, procedimiento que puede afectar bienes mientras las autoridades investigan su origen o destinación. Giraldo cuestiona que se impongan medidas cautelares gravosas sin examinar suficientemente su necesidad y proporcionalidad, especialmente cuando pueden perjudicar a terceros que aseguran haber adquirido sus propiedades de buena fe.
Su postura quedó plasmada en el libro La Extinción de Dominio en Colombia y su impacto en América Latina, publicado por Tirant lo Blanch, del que es coautor. Su preocupación es que una persona pueda soportar durante años las consecuencias patrimoniales de una investigación antes de que exista una decisión definitiva sobre sus bienes.
El abogado detrás de las negociaciones de paz
Otro capítulo de su carrera está relacionado con la justicia transicional. Giraldo explica que buena parte de las negociaciones con organizaciones armadas exige resolver preguntas jurídicas concretas: cómo reparar a las víctimas, qué hacer con determinados bienes y de qué manera convertir compromisos políticos en obligaciones legalmente viables.
Durante su participación en escenarios de negociación, relata que se discutieron fórmulas para entregar anticipadamente al Estado bienes susceptibles de contribuir a la reparación de las víctimas. También se plantearon alternativas para que maquinaria vinculada a actividades mineras pudiera ponerse al servicio de comunidades, en lugar de quedar inutilizada mientras avanzaban los procedimientos judiciales.
En su visión, el abogado no está para inventar atajos que evadan la ley, sino para encontrar mecanismos jurídicos que permitan materializar acuerdos. Esa tarea, afirma, requiere entender tanto las normas como las condiciones sociales y económicas de los territorios.
Su defensa de las garantías procesales también alcanza a los propios abogados. Giraldo cuestiona que se confunda al defensor con su cliente y recuerda que la Fiscalía debe demostrar las conductas ilícitas que investiga, sin trasladar automáticamente esa sospecha a quien ejerce la representación legal.
Por eso, cuando se le pregunta qué les diría a los jóvenes que quieren ejercer el derecho en escenarios difíciles, su respuesta vuelve a la ética, la disciplina y el compromiso con la profesión. Su apuesta es sostener la defensa incluso cuando el acusado sea impopular y el costo personal resulte alto.
En un país atravesado por la violencia, su postura parte de una distinción fundamental: garantizar que alguien tenga defensa no equivale a absolverlo, sino a exigir que la justicia actúe conforme a la ley.
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