Morir dos veces en Colombia

Mónica Liseth Beltrán era una niña de 13 años que cursaba séptimo grado. Vivía en Villas del Río, un sector humilde de Tibú, en el corazón del Catatumbo: un territorio cálido, de vocación campesina, atravesado por ríos y caminos rurales y marcado por un histórico vacío de poder. Allí, como en otros asentamientos periféricos del municipio, las familias conviven con las distancias, las carencias de servicios y la presión persistente de los grupos armados.

A Mónica se la llevaron la noche del 2 de abril de este extraño 2026. Se la llevaron hombres armados que entraron en su casa y la sacaron por la fuerza mientras estaba con su padre, quien no solo sentía terror, sino también una impotencia que calcina el alma.

El 20 de septiembre de ese mismo año, dos llamadas anónimas le anunciaron al padre que su hija había muerto y, con una cortesía funeraria que dispara los latidos del corazón, le dieron las condolencias.

Pero, mientras la familia Beltrán esperaba, Medicina Legal contaba a otros niños que también caían en las fauces sanguinolentas de la guerra: seis menores muertos en los tres bombardeos del primer mes del nuevo Gobierno en el Catatumbo y el Guaviare.

El Gobierno de De La Espriella sostuvo que los menores cumplían una función continua de combate, con lo cual pretendía convertirlos, de menores raptados, en combatientes peligrosos que merecían el puño de hierro del Estado. Pero debemos ser honestos: el problema es sumamente complejo desde el punto de vista operacional y no es un vicio de un solo color político. El entonces senador Petro, que en 2019 acusó al entonces presidente Duque de bombardear niños para salvaguardar la vida de muchos soldados, se vio obligado, ya como presidente, a autorizar en noviembre de 2025 el bombardeo en el que murieron siete adolescentes en Guaviare.

Los niños mueren cuando son raptados de sus casas y utilizados como escudos, para volver a morir ante un Estado que no los protegió antes del rapto.

Pero la guerra no mata solamente con balas. Así lo documentó en 2014 el libro Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia, de la Universidad de los Andes. Allí se muestra que el conflicto deja a los niños con entre 0,6 y 1,2 años menos de educación; que los hijos de mujeres embarazadas expuestas a explosiones de minas nacen con bajo peso; y que la malnutrición, la interrupción de la escolaridad y el trabajo infantil transmiten la pobreza de una generación a la siguiente.

Una investigación más reciente obliga a mirar todavía más lejos, hacia los que aún no nacen. En 2025, científicos de las universidades de Florida, Yale y la Hachemita de Jordania estudiaron tres generaciones de familias sirias y hallaron que los nietos de mujeres embarazadas durante la masacre de Hama de 1982, que nunca vivieron esa violencia, portan 14 marcas en su genoma asociadas a ella. Los autores advierten que la muestra es pequeña y que falta mucho por probar, pero la señal es inquietante.

Así, como señalan los autores del estudio de la Universidad de los Andes, los traumas que ocasiona la guerra no terminan con la víctima directa, sino que pueden reaparecer en la segunda, tercera y hasta cuarta generación por la transmisión genética de las huellas que el cortisol de madres y padres imprime en el ADN a causa de la violencia.

Si se piensa ganar la guerra a sangre y fuego, debemos advertir que lo que se heredará después del último disparo no serán solo los muertos embolsados por el Estado. Heredaremos, como nación, madres que gestan con miedo, padres que también transmiten el trauma de la violencia, diversas enfermedades y hasta condiciones neurodivergentes, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que se extiende silenciosamente entre nosotros y nuestras generaciones por toda Colombia.

Un país que elige esa ruta debe prepararse para que, al menos durante tres generaciones, sus habitantes carguen con una guerra que no escogieron ni vivieron, librada, claro está, en nombre de una patria milagro que tampoco los consultó. Esa herencia la siembran todos los grupos armados y también el Estado, que improvisa para llenar de temor a todos —ciudadanos y delincuentes por igual— y prefiere la violencia a la protección, la prevención y una inteligencia eficaz.

La Constitución no deja este asunto al gusto del gobierno de turno ni al humor de las encuestas. El artículo 22 dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, y la Corte Constitucional, en la Sentencia C-080 de 2018, la describió como finalidad del orden constitucional y, a la vez, como principio, valor, derecho y deber: una noción multidimensional con fuerza jurídica.

Sobre los niños, la jurisprudencia es todavía más clara y lleva dos décadas diciéndolo. En la Sentencia C-203 de 2005, la Corte los definió como víctimas particularmente vulnerables del conflicto armado y de un crimen de guerra; y, en la Sentencia C-240 de 2009, precisó que el reclutamiento es delito aunque el menor haya ingresado de manera “voluntaria”, porque en el derecho colombiano no puede concebirse que un niño se vaya a la guerra por gusto.

Seamos honestos: la trampa también existe del otro lado y es la que tratan de usar los delincuentes cobardes para neutralizar las operaciones militares. El derecho humanitario no vuelve intocable a un adolescente que participa directamente en las hostilidades. Pero precisamente por eso el Estado debe extremar las precauciones antes de soltar la bomba. Así lo ordenó, el 16 de septiembre, el Juzgado 34 de Familia de Bogotá: verificar mejor la inteligencia, buscar alternativas menos lesivas y recordar que vestir uniforme no convierte a un niño, por sí solo, en objetivo militar.

El Gobierno impugnó el fallo con el argumento de que las Fuerzas Militares ya cumplen esos protocolos. Permítaseme entonces una pregunta elemental: si ya los cumplen, ¿qué les quita el fallo?

La Defensoría registró 113 casos de reclutamiento entre enero y agosto de este año, y detrás de cada uno hay una puerta que alguien abrió de noche sin que llegara nadie del Estado a defenderlos o impedirlo. El artículo 44 de la Constitución lo dice categoricamente: los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, y no agrega: «salvo que carguen un fusil». Un Estado que cuenta a sus niños como bajas ya los había perdido antes, la noche en que nadie llegó a Villas del Río.

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