El peligroso error de llamar xenofobia cualquier norma migratoria contra los venezolanos

Texto escrito por: Hugo Enrique Quintero Medina

Colombia puede ordenar su frontera, hacer cumplir sus leyes y, al mismo tiempo, mantener una relación de hermandad con Venezuela. Una cosa no excluye la otra.

En las últimas semanas, a propósito de las decisiones adoptadas por el Gobierno colombiano en materia migratoria, ha vuelto a aparecer con fuerza una palabra que debería utilizarse con mayor rigor: xenofobia. Desde distintos sectores se ha afirmado que Colombia estaría desarrollando una política contra los venezolanos y que las medidas anunciadas por el presidente Abelardo De La Espriella constituyen una expresión de rechazo hacia una nacionalidad que, durante años, ha encontrado en Colombia uno de sus principales destinos. La preocupación por cualquier forma de discriminación es legítima; también lo es preguntarse por el alcance, la forma y las consecuencias de una política migratoria. Pero ambas discusiones deben mantenerse separadas.

Una cosa es cuestionar una decisión de la administración y otra afirmar que el Estado colombiano persigue a los venezolanos por el hecho de ser venezolanos.

El punto de partida debe ser jurídico. Todo Estado tiene la facultad de administrar su territorio, controlar sus fronteras y establecer las condiciones de ingreso y permanencia de los extranjeros. Esa facultad está limitada por la Constitución, la ley y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y protección internacional. Eso significa que no pueden existir deportaciones arbitrarias ni decisiones basadas exclusivamente en la nacionalidad de una persona. Pero también significa que la permanencia irregular en un país no genera, por sí sola, un derecho ilimitado a permanecer en él.

Por eso, la discusión debería concentrarse en si las decisiones de la administración se ajustan a las reglas y garantías correspondientes, no en convertir cada medida de control en una disputa entre colombianos y venezolanos.

Además, la historia reciente demuestra que Colombia ha tenido una política migratoria particularmente relevante frente a la migración venezolana. Cuando el flujo migratorio comenzó a crecer de manera acelerada, el Estado colombiano creó mecanismos extraordinarios para facilitar la permanencia y regularización de ciudadanos venezolanos. En 2017 se estableció el Permiso Especial de Permanencia y, durante el gobierno del presidente Iván Duque, se adoptó mediante el Decreto 216 de 2021 el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, cuyo principal instrumento es el Permiso por Protección Temporal, conocido como PPT.

La dimensión de ese esfuerzo no es menor. Migración Colombia informó en julio de 2026 que ya se habían superado los 2,32 millones de PPT entregados y que 1.448.668 habían sido expedidos desde agosto de 2022. También reportó cerca de 3.000 beneficiarios del PEP Tutor y señaló que estos mecanismos habían estado acompañados de iniciativas de integración para familias migrantes venezolanas.

Estas cifras no resuelven por sí solas cualquier discusión sobre la política migratoria, pero sí ofrecen un elemento que no debería ignorarse: Colombia ha desarrollado durante años instrumentos específicos para regularizar e integrar a una población migrante venezolana de enormes dimensiones. Presentar esa historia, sin más, como una política general de hostilidad hacia los venezolanos no parece compatible con el conjunto de medidas adoptadas durante estos años.

Tampoco es correcto pensar que el control migratorio comenzó con el actual gobierno. Migración Colombia registró, entre agosto de 2022 y el 30 de junio de 2026, 3.389 deportaciones y 2.576 expulsiones de ciudadanos extranjeros durante la administración de Gustavo Petro. En ese mismo periodo se produjeron cerca de 19.000 inadmisiones de extranjeros por distintas causales, entre ellas el incumplimiento de requisitos migratorios, riesgos para la seguridad, antecedentes, documentación irregular o información falsa suministrada a las autoridades.

Son actuaciones administrativas que hacen parte de las competencias ordinarias del Estado y que han sido ejercidas bajo gobiernos de distintas orientaciones políticas. Reducir el control migratorio a una decisión exclusiva de un gobierno o de una corriente política tampoco ayuda a entender el fenómeno.

Aquí aparece una distinción que debería ser elemental, pero que se pierde con frecuencia en la discusión pública. No es lo mismo un venezolano que tiene su situación migratoria regularizada, trabaja, estudia, desarrolla una actividad comercial o ha formado una familia en Colombia, que una persona cuya permanencia no está regularizada. Y ninguna de esas situaciones puede confundirse automáticamente con la comisión de un delito.

La nacionalidad no convierte a una persona en delincuente y la irregularidad migratoria no equivale por sí misma a criminalidad. La condición de extranjero tampoco puede convertirse en una especie de inmunidad frente a las leyes colombianas. Cada situación tiene un tratamiento jurídico propio y el Estado debe actuar sobre hechos y circunstancias concretas.

Esta diferenciación resulta todavía más necesaria cuando hablamos de seguridad. La frontera entre Colombia y Venezuela enfrenta problemas reales: estructuras armadas, economías ilícitas, tráfico de personas, contrabando y redes criminales que aprovechan una geografía compleja y una frontera extensa. Frente a esas amenazas, el Estado tiene que actuar.

Pero una política de seguridad eficaz no debería convertir una nacionalidad en una categoría de sospecha. Debe perseguir conductas, organizaciones y responsables concretos. Un venezolano que delinque debe responder ante las autoridades por el delito cometido, exactamente como debe hacerlo un colombiano. Si además existe una consecuencia prevista por la legislación migratoria, deberá aplicarse mediante el procedimiento correspondiente.

Colombia ha hecho mucho por los venezolanos y esa historia merece ser reconocida. Millones de personas han encontrado en suelo colombiano protección, oportunidades, trabajo y la posibilidad de reconstruir sus vidas. Para muchas familias, Colombia no ha sido simplemente un país de tránsito; ha sido el lugar donde sus hijos estudian, donde trabajan, donde abrieron un negocio o donde volvieron a empezar.

Reconocer esa realidad no obliga al Estado colombiano a renunciar a sus competencias. La solidaridad entre dos pueblos no significa ausencia de reglas. Y controlar una frontera tampoco significa levantar una barrera entre dos sociedades que tienen vínculos mucho más profundos que los que puede explicar una decisión de gobierno.

Compartimos relaciones sociales, políticas y económicas que durante décadas han hecho de Colombia y Venezuela sociedades profundamente interdependientes. Hay colombianos cuya vida está ligada a Venezuela y venezolanos cuya vida está ligada a Colombia. En muchas zonas de la frontera, la relación binacional no es un asunto abstracto de política exterior. Es la vida cotidiana. Yo mismo la vivo.

Por eso me resulta particularmente interesante el lenguaje que viene utilizando el nuevo embajador de Colombia en Venezuela, el Dr. Jorge Jaller. En sus intervenciones ha insistido en una relación bilateral construida desde las oportunidades y desde aquello que une a ambos países. Ha hablado de los 2.219 kilómetros de frontera compartida, del idioma, la gastronomía, las costumbres y el talento de nuestros pueblos.

También ha utilizado dos expresiones que resumen bien esa visión: un “océano azul” de oportunidades y la posibilidad de convertir a Colombia y Venezuela en “la mejor esquina de América”. Es justamente hacia allí donde debemos apostar.

Ese mensaje es perfectamente compatible con una política migratoria ordenada. Colombia puede fortalecer el control de sus fronteras sin abandonar la profundización de sus relaciones económicas, diplomáticas y culturales con Venezuela. La lucha contra las organizaciones criminales tampoco debería convertir a los venezolanos en sospechosos por su nacionalidad. Al mismo tiempo, las normas migratorias deben cumplirse y los mecanismos de regularización mantenerse disponibles para quienes reúnan los requisitos.

En realidad, una política migratoria responsable exige precisamente esa capacidad de distinguir. Entre quien está regularizado y quien necesita regularizarse. Entre quien necesita protección y quien no reúne las condiciones legales para permanecer. Entre una infracción administrativa y un delito. Entre un ciudadano que busca una oportunidad y una organización criminal que utiliza la frontera para cometer delitos.

Cuando todo se mete en el mismo saco, terminan perdiendo tanto los migrantes como el Estado.

También sería un error negar que existen expresiones de xenofobia, tanto en Colombia como en Venezuela. Cuando una persona es discriminada, agredida o estigmatizada por su nacionalidad, esa conducta debe ser rechazada. Precisamente por eso conviene preservar el significado de la palabra.

Si una deportación viola la ley, debe ser cuestionada jurídicamente. Si una autoridad desconoce el debido proceso, existen mecanismos para controvertir su actuación. Si una persona es discriminada por ser venezolana, colombiana o por cualquier otra condición protegida, debe responder quien corresponda. Esas son discusiones serias y necesarias.

Lo que no ayuda es convertir toda actuación migratoria en una confrontación contra los venezolanos. Tampoco ayuda responder a cada medida de control con la idea de que cualquier exigencia de regularidad migratoria constituye xenofobia.

La historia de Colombia y Venezuela es demasiado profunda para reducirla a un debate sobre deportaciones. La relación entre ambos países seguirá dependiendo de algo más que de las decisiones coyunturales de un gobierno: de los vínculos familiares, económicos y sociales que existen a ambos lados de la frontera.

Porque una frontera ordenada no tiene por qué ser una frontera hostil. Y una relación de hermandad entre Colombia y Venezuela tampoco exige que ninguno de los dos Estados renuncie a ejercer sus propias competencias.

Quizás esa sea la madurez que todavía nos hace falta: entender que defender la soberanía no obliga a desconocer la fraternidad, así como defender al migrante no exige renunciar al Estado de Derecho.

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