Texto escrito por: Juan Ayala
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Mientras se vivía uno de los momentos más críticos en Colombia, debido al terremoto sufrido el mes pasado, en Ciudad de Panamá se anunciaba la adhesión oficial de Colombia como el miembro número 19 de la Coalición de las Américas Contra los Carteles.
A las 12:00 del mediodía, hora oficial de Panamá y Colombia, el anuncio se hacía público por parte del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, días después de la posesión del presidente de la República de Colombia, Abelardo De La Espriella, quien, con esta decisión, reafirmaba su intención de alinear la seguridad nacional con las políticas de seguridad del hemisferio.
El contexto no admitía dilaciones. La pérdida de autoridad del Estado en las regiones frente al narcotráfico y a los grupos armados ilegales era innegable, impulsada por un preocupante fortalecimiento operativo, tecnológico y en pie de fuerza de las organizaciones terroristas en las zonas más apartadas del país.
Este deterioro de la seguridad pública derivó en una ola incesante de acciones violentas dirigidas tanto contra la Fuerza Pública como contra la población civil.
No obstante, la decisión del gobierno de De La Espriella ha desatado fuertes cuestionamientos en la oposición y en diversos sectores políticos, que denunciaron una presunta cesión de la soberanía y una sumisión directa, según ellos, a las pretensiones expansionistas norteamericanas. Frente a los reclamos, las cifras oficiales reflejan una dura realidad. Según datos suministrados por la Unidad para las Víctimas, cerca de 1,49 millones de víctimas del conflicto armado fueron reconocidas durante el cuatrienio del expresidente Gustavo Petro, de los cuales más de un millón corresponden a hechos ocurridos entre agosto de 2022 y mediados del 2026.
El desplazamiento forzado, los confinamientos y las amenazas sistemáticas contra líderes sociales continuaron golpeando a comunidades de departamentos como Nariño, Norte de Santander, Cauca y Chocó. Por ello, para las víctimas de más de medio siglo de violencia ininterrumpida, el ingreso al Escudo de las Américas representa una ventana de esperanza.
La cooperación autorizada por el Ejecutivo busca despojar de las concesiones otorgadas en el pasado a grupos armados que instrumentalizaron el discurso de la "paz" mientras sembraban el terror en los territorios.
Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se evidencia que, en el año 2024 las hectáreas sembradas con cultivos ilícitos, se incrementaron alrededor de 261.000 en todo el territorio nacional.
La erradicación manual forzosa descendió de manera abrupta respecto al cuatrienio anterior a la administración Petro, lo que generó críticas de diversos sectores analíticos que señalaban que, a pesar de mayores incautaciones, la salida neta de coca del país seguía siendo alarmante. Estos datos ubican deshonrosamente a Colombia como el mayor productor mundial de clorhidrato de cocaína.
En esta "narcoguerra", el respaldo tecnológico, de inteligencia y de recursos de una potencia global como los Estados Unidos y el apoyo de países miembros del Escudo de las Américas, resulta indispensable para desarticular las finanzas clandestinas y bloquear las rutas internacionales del crimen organizado.
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