Durante cuatro años de seguimiento a la administración de recursos del sector Defensa, la Contraloría General consolidó un panorama marcado por cientos de observaciones administrativas, investigaciones y hallazgos con impacto fiscal.
El balance reúne auditorías, actuaciones especiales y seguimientos permanentes que abarcaron desde el segundo semestre de 2022 hasta el cierre del primer semestre de 2026, periodo en el que se revisó la ejecución de contratos, convenios y proyectos de distintas entidades.
En total, la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad desarrolló 96 actuaciones de control fiscal, integradas por 54 auditorías financieras, 24 auditorías de cumplimiento, nueve actuaciones especiales de fiscalización y nueve seguimientos permanentes. Ese trabajo derivó en 1.928 hallazgos administrativos, reflejando presuntas inconsistencias en el manejo de los recursos públicos destinados al sector.
Del total de observaciones, 751 tuvieron incidencia disciplinaria, 248 incidencia fiscal, 49 incidencia penal y otras 76 correspondieron a diferentes tipos de incidencia. Además, el ejercicio de control permitió abrir 70 indagaciones preliminares y presentar 12 solicitudes de procesos administrativos sancionatorios.
Más de $1 billón comprometido en hallazgos fiscales
Las actuaciones adelantadas durante el periodo revisado dieron como resultado 248 hallazgos con incidencia fiscal por una cuantía de $1,062 billones. Solo durante el primer semestre de 2026 se identificaron cinco hallazgos que representan $223.164 millones.
El comportamiento por año muestra variaciones importantes. En el segundo semestre de 2022 se registraron 35 hallazgos por más de $70.663 millones. Durante 2023 la cifra aumentó a 103 hallazgos, con una cuantía cercana a $674.466 millones, convirtiéndose en el año con el mayor volumen de recursos comprometidos. En 2024 se identificaron 84 hallazgos por $82.842 millones, mientras que en 2025 se reportaron 21 casos por $11.387 millones.
Paralelamente, las auditorías también generaron 81 beneficios de auditoría valorados en $60.270 millones, recursos cuya protección o recuperación fue posible gracias a las actuaciones de control adelantadas por el organismo fiscal.
Helicópteros, convenios y proyectos bajo la lupa
Uno de los casos destacados corresponde al contrato suscrito para el mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17. La Contraloría hizo seguimiento al Contrato No. 012 de 2024 del Ministerio de Defensa, valorado en US$32,46 millones, y encontró un riesgo de pérdida de recursos públicos debido a que se había desembolsado el 50 % del contrato cuando la ejecución física apenas alcanzaba el 8 %.
El organismo estableció que existía un pago anticipado sin ejecutar por US$13,59 millones. Tras la actuación de control se declaró el incumplimiento contractual y la aseguradora reintegró US$20,08 millones, suma correspondiente a la devolución del anticipo y al pago de la cláusula penal.
Otro de los procesos revisados fue el Acuerdo Gobierno a Gobierno No. 009 de 2022 entre el Ministerio de Defensa y la Canadian Commercial Corporation (CCC), relacionado con el proyecto Fortaleza. Allí se configuró un hallazgo con incidencia fiscal, disciplinaria y penal por $210.960 millones.
La auditoría identificó pagos por $15.584 millones realizados a Fortaleza Colombia JV SAS, pese a que el acuerdo establecía que la compensación debía dirigirse únicamente a la CCC. Asimismo, evidenció una transferencia internacional por USD 42,67 millones, equivalente a $195.375 millones, efectuada cuando el proyecto aún no registraba un nivel de ejecución proporcional.
Proyectos inmobiliarios, infraestructura y municiones
Las actuaciones también incluyeron la revisión del proyecto América Centro de Negocios "El Pedregal". Según la Contraloría, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares transfirió en 2015 14 inmuebles valorados en aproximadamente $543.644 millones sin recibir la contraprestación pactada. La Torre 2, prevista como compensación y cuya entrega debía realizarse en agosto de 2019, continúa pendiente, situación que dio origen al presunto detrimento patrimonial.
En materia de infraestructura portuaria, la atención de una denuncia permitió establecer un hallazgo con incidencia fiscal por $37.153 millones debido a presuntas deficiencias en el mantenimiento del Muelle 13, relacionadas con el Contrato No. 050 de 1997.
Finalmente, otra actuación de control puso la atención sobre el manejo del material de guerra. La Contraloría identificó municiones vencidas por un valor superior a $9.596 millones, además de debilidades en los procesos de almacenamiento, rotación y control. Como consecuencia, el 2 de abril de 2025 emitió una función de advertencia para alertar tanto sobre el riesgo patrimonial como sobre las posibles afectaciones a la seguridad del personal militar y de la población civil derivadas de la utilización o manipulación de ese material vencido.
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