Culminan 365 días de resistencia pacífica sobre la línea férrea, desde el territorio indígena y ancestral Katsaliamana. Esta fue liderada por una valiente mujer wayúu, autoridad tradicional, quien se ha convertido en el símbolo de resistencia de la Nación Wayúu. A María del Rosario Ruiz Ipuana, nuestros agradecimientos, respeto y admiración.
Se abre el camino al diálogo, reconciliación y reconocimiento a más de tres décadas de olvido y abandono por parte de la multinacional Cerrejón, quien divide y atraviesa los extensos territorios indígenas de la baja, media y alta Guajira, con el propósito de promover relaciones constructivas basadas en la transparencia, la confianza y el respeto a los usos y costumbres de las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas.
La multinacional Cerrejón y el Movimiento Indígena de la Nación Wayúu han acordado conformar una mesa de diálogo para analizar de forma conjunta los impactos de la operación minera sobre dichas comunidades, de conformidad con lo establecido en la Sentencia T-704 de 2016 y la revisión de la estrategia de relacionamiento de la compañía con distintos grupos de interés dentro de su área de influencia.
En estos 365 días de resistencia pacífica se resalta el heroísmo y la valentía de las mujeres wayúu, quienes al lado de nuestro símbolo de resistencia, un día 05 de febrero 2017, le salieron al paso a más de 200 hombres vestidos de negro, quienes incursionaron de manera violenta al territorio indígena de Katsaliamana, lanzando gases tóxicos, golpeando a mujeres y niños, y secuestrando a las autoridades tradicionales que estaban durmiendo en el lugar. Son ellas: Herminia Granadillo Uriana, Betulia Beatriz Apshana, Maria Teresa Ipuana, Yoleidis Pana, Sandra Rosado, Gertrudis Uriana, Ana Luz Aguilar, Yeraldin Pushaina, Rafaela Miranda, Yelenka Gutiérrez, Raquel Curvelo, Laurina Gutiérrez, Isila Pimienta, Yadira Varon, Matilde Lopez y Jasmin Romero.
Sigue lista para un centenar más, de mujeres wayúu valientes y guerreras.
Se resalta el apoyo incondicional de la ONG Funaproh y de la comunidad afrodescendiente del Consejo Comunitario Celinda Arévalo del corregimiento de Matitas, miembros activos del movimiento, quienes con su experiencia y perseverancia han ayudado a que hoy podamos resaltar los logros de las batallas jurídicas que se han emprendido alterno a la resistencia liderada por nuestro símbolo María del Rosario Ruíz Ipuana.
- Acción de tutela con radicado No. 44-001-31-05-000-2017-00002-00 fallada en primera instancia por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha a favor de 600 autoridades tradicionales de la Nación Wayúu con fecha 14 de febrero 2017, ratificada por la Corte Suprema De Justicia Sala De Casación Civil mediante radicado No. 44001-22-14-000-2017-00002-01 del 29 de marzo 2017. Gracias a este fallo, ratificado por la Corte Suprema de Justicia, las organizaciones indígenas territoriales tienen la oportunidad de ejecutar la contratación del PAE, bajo el aval y consentimiento de las autoridades tradicionales, rescatando de esta manera la autonomía que tienen los pueblos indígenas de organizar y dirigir su vida interna de acuerdo a sus propios valores, instituciones y mecanismos dentro del marco del Estado del cual forman parte. Este fallo no solo le ordena al Ministerio de Educación hacer consulta previa para la escogencia de los operadores que administrarían el tema PAE, sino que también ordenan a ICBF nivel central y regional, gobernación de La Guajira y a alcaldías locales de Riohacha, Manaure y Uribía, para que previo a las contrataciones o prestaciones de servicios de los programas PAE, etnoeducación y transporte escolar se agote el mecanismo de consulta previa.
- Acción de tutela con radicado No. 44-001-22-14-000-2017-00209-00 fallada en primera instancia por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha a favor de 52 autoridades tradicionales de la Nación Wayúu con fecha 15 de noviembre 2017, en donde el honorable magistrado del Tribunal Superior nuevamente le ordena al ICBF nivel central y regional priorizar la realización de la consulta previa en las comunidades indígenas accionantes, exclusivamente para la aplicación del enfoque diferencial en los programas de primera infancia que involucren a los menores miembros de las comunidades indígenas en un plazo no mayor a 90 días. Sin embargo, el ICBF regional Guajira, en aras de seguir manejando las contrataciones millonarias para la primera infancia wayúu y seguir imponiendo en las comunidades indígenas a operadores filiales a sus intereses políticos y económicos, mediante artimañas nefastas y descontextualizadas, viene vulnerando de manera flagrante un derecho fundamental de los pueblos indígenas (consulta previa) ante la mirada negligente de los órganos de control encargados de velar y proteger los derechos humanos de las comunidades indígenas.
En estos 365 días, hacemos un gran reconocimiento a nuestra amiga y compañera Olga Mendoza de la fundación Kanulia Jieru, quien desde el país de México y también desde la ciudad de Bogotá nos ha ayudado a visualizar esta lucha logrando que la comunidad nacional e internacional nos escuche y nos apoye. A la página Aja Ware nuestro infinito agradecimiento por su constancia y perseverancia en la divulgación de esta lucha.
Quedará escrito por siempre en la historia, ese 07 de diciembre 2016, cuando 600 autoridades tradicionales y líderes indígenas se unieron en una sola voz para decirle a ICBF que “nuestros niños no eran un objeto que podían vender o comercializar mediante contratos al mejor postor”.
Quedará escrito por siempre en la historia, ese día en que 600 autoridades tradicionales y líderes indígenas de la alta, media y baja Guajira tomaron y alzaron la bandera de la Nación Wayúu, de la Gran Nación Wayúu, para decirle a Colombia y al mundo entero que ICBF no podía seguir mercantilizando la vida de nuestros niños.
En la historia y en el libro de la vida quedarán escritos los nombres de nuestros líderes y profesionales que lo dieron todo por esta lucha.
