Desde su posesión, el presidente Gustavo Petro formuló su propuesta de estrategia de seguridad humana que quiere implementar en su gobierno bajo la fórmula de “potencia mundial de la vida”. Sin embargo, ONG de paz que monitorean el conflicto han asegurado que desde el 7 de agosto que hay un aumento y constancia de las masacres, asesinatos de líderes y de excombatientes. A continuación se exponen los hechos.
5 masacres en 15 días de gobierno:
La última masacre reportada fue el pasado 21 de agosto: 3 jóvenes fueron asesinados en el nororiente de Antioquia. Sus cuerpos fueron hallados en El Alto de La Virgen, zona Acueducto que se ubica en el municipio de El Bagre. Mientras que en el Distrito Capital, el 19 de agosto fueron hallados 4 cuerpos en bolsas, abandonados en una camioneta en la autopista norte. Los cadaveres presentabas signos de tortura y disparos.
El 15 de agosto fueron asesinadas 4 personas de una misma familia en un establecimiento público en la zona urbana del municipio de Toro en el Valle del Cauca. Mientras que el 12 de agosto fueron masacradas 3 personas en la vía que conduce entre Simití y San Pablo en Simití, Bolívar. Este hecho se da en el marco del recrudecimiento de la violencia en el sur del departamento.,
El mismo día, es decir el 12 de agosto, fueron asesinadas 3 personas a plena luz del día en el sector La Raya que se ubica en Paraguachón, del municipio de Maicao, La Guajira. Hombres fuertemente armados acribillaron al grupo de personas que departían en el sitio.
7 líderes sociales asesinados y un excombatiente en 15 días de gobierno:
El pasado viernes 19 de agosto se conoció la muerte de dos líderes sociales: el primero en Puerto Wilches, Norte de Santander fue hallado el cuerpo de Carlos Rincón, presidente Asojuntas del municipio y actual representante de la bolsa de empleo Afesawil. El otro caso era el asesinato de Elmer Lenin Guerra Castro, líder social quien había sido secuestrado junto a su esposa. Elmer Lenin era el coordinador de Trabajos Comunitarios de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Carmen en el municipio de Remedios, Antioquia.
Un día antes, es decir el 18 de agosto pero en Uribia, La Guajira, fue asesinado el líder social indígena Mariton Jusayu Ipuana quien era una autoridad tradicional indígena y miembro activo de la ONG Nación Wayúu. Un grupo armado ingresó a la comunidad Malirrou para amenazar a los habitantes y luego proceder al asesinato de Mariton.
El 10 de agosto, en Cúcuta, Norte de Santander fue asesinado el profesor Edgar Rodriguez Corredor quien se desempeñaba como docente en el Instituto Técnico Guaimaral. El líder social pertenecía a la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos. Mientras que el 9 de agosto fue asesinado Javier Usechi, líder ambientalista que daba refugio a animales sin hogar. Su cuerpo fue hallado en zona rural El Águila, Valle del Cauca.
El 7 de agosto, en plena posesión presidencial, fueron asesinados los líderes sociales Ferdi Leandro Tapias y Huber Eliécer Tapias Jaramillo en el municipio de Ituango, Antioquia. El primero era el presidente de la Junta Acción Comunal mientras que el segundo era un líder social campesino.
El ex combatiente asesinado el 12 de agosto en San Antonio, Tolima corresponde a Diomedes Bermúdez Aguirre, quien estaba en proceso de reincorporación. Con él serían 32 los firmantes de acuerdo asesinados en 2022 y 338 desde la firma del Acuerdo de Paz. Otra alerta es el intento de sicariato a un hombre en proceso de reincorporación en el corregimiento Frazadas, zona rural de Tuluá, Valle.
Crisis humanitaria y desplazamientos masivos:
Desde distintas ONG y la Defensoría del Pueblo se ha alertado por situación humanitaria en el Sur de Bolívar. Se reportan desplazamiento masivo en la serranía de San Lucas de más de 150 familias en los municipios de Arenal, Morales, Montecristo y Santa Rosa del Sur por presencia de grupos armados. Mientras que en Almaguer, Cauca se reportan 300 desplazados y una mujer herida.
Conclusiones del recrudecimiento del conflicto en el gobierno Petro
Una hipótesis que se formula desde los estudios de seguridad es que los crímenes no son propios del gobierno de turno ni consecuencia del mismo; el aparato criminal y la estrategia obedece a una organización descentralizada que tiene lucro a través de actividades ilícitas. De hecho, según Kalyvas (2000) en su teoría antropológica de la violencia enmarca la lógica de los grupos armados en imponer su voluntad a través del conflicto: la violencia contra la población civil no es aleatoria, sino que obedece a la hegemonía de control y dominio para rectificar un modo de comportamiento de coacción.
La segunda hipótesis es que la relación más clara con el contexto de posacuerdo es la disputa de poder en territorios dejados por las guerrillas a través de las prácticas de terror, retaliaciones y asesinatos estratégicos. La única diferencia con hechos en décadas anteriores, es que el objetivo no es la expansión de grupos armados sino la concentración y control de diversos negocios como minería ilegal y legal de oro, explotación de maderas, despojo de tierras, territorios, narcotráfico, cultivos etc.
