Una mujer entre los cocaleros duros que se le van a atravesar al glifosato

Una mujer entre los cocaleros duros que se le van a atravesar al glifosato

Nidia Quintero, junto a Arnobis Zapata y Juan Pablo Salazar, encabezan la resistencia en el Putumayo y el Cauca, pero que se extenderá a otras regiones donde el gobierno empezaría las fumigaciones

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abril 14, 2021
Una mujer entre los cocaleros duros que se le van a atravesar al glifosato

Después de que se firmara el decreto desde la presidencia, en los territorios cocaleros tienen la certeza de que prontamente empezarán movilizaciones en contra de la estrategia del gobierno de Duque. Entre ellos resalta la cara femenina de la erradicación: Nidia Quintero, vocera de la Coccam (coordinadora nacional de cultivadores de coca, amapola y marihuana) e integrante de Fensuagro.

Aunque Quintero no nació en el Putumayo, es desde allí donde lidera el programa de sustitución. Al municipio de Orito llegó con su mamá y sus cinco hermanas cuando tenía tan solo 19 años y la violencia las sacó huyendo de Pradera, Valle. Ya se rumoraba de los cultivos de coca y las pistas de aterrizaje construidas por Gacha y Pablo Escobar en el sur del país. A sus escasos 24 años se convirtió en presidenta de la Junta de Acción Comunal de su barrio en 1990.

Con un liderazgo en auge, Nidia Quintero apoyó los comités de las marchas cocaleras de 1996, cuando miles de cultivadores se movilizaron en el Putumayo contra la erradicación forzada a punta de fumigación. Entonces llegaron a un acuerdo con el gobierno local de sustituir cultivos a cambio de inversión en los territorios. Después, Quintero estuvo en la creación de la Coccam como vocera campesina de Fensuagro y junto a otros líderes logró que su departamento fuera el primero en firmar acuerdos de sustitución colectiva. Pero el programa quedó congelado con el cambio de gobierno mientras las mafias del Cártel de Sinaloa, los Grupos Defensores de la Mafia, las disidencias de las extintas Farc y La Constru persiguen a quien se oponga a la expansión de la coca.

Por otro lado está Arnobis Zapata, quien desde el 2015 cuando escuchó que los militares iban a retomar las fumigaciones, por el voz a voz terminó concentrado a cerca de 3.000 campesinos – de las veredas de Puerto Libertador, Córdoba- en la falda de la montaña de Barranco Colorado de ese departamento. Mientras los uniformados arrasaban cima abajo, los pobladores acampaban en la parte baja. Tres días estuvieron ahí los militares y policías hasta que azotados por la falta de alimento y la presión de la comunidad salieron escoltados hasta el corregimiento de Juan José. Era la primera vez que frenaban a una comisión de erradicación, que los campesinos no esperaban en plenas negociaciones de paz en La Habana.

Se venían preparando desde el 2010 con la organización de comités anti-erradicación veredales de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba (Ascsucor). La fórmula era sabotear y dialogar: tapar los caminos a los cultivos, no dejar dormir a los militares en la noche, grabar los abusos de la fuerza pública y exigir los programas de sustitución, que se venían acordando en La Habana. Los mismos pasos son ahora aplicados en otras partes del país, donde los cocaleros se oponen férreamente a la entrada de tropas gringas para apoyar la erradicación en el Cauca, Meta, Antioquia, el Catatumbo y Tumaco.

Arnobis Zapata Martínez vio migrar su tierra de los cultivos de yuca, maíz y arroz a la coca con la entrada de los paramilitares de Salvatore Mancuso en 1997. Zapata terminó huyendo junto a sus padres después de que Mancuso asesinara a dos de sus ocho hermanos. En 2002 se establecieron en Montelíbano, Arnobis terminó su bachillerato y por buen promedio ganó media beca en la Pontificia Bolivariana para estudiar criminalistica pero los ingresos diarios no le daba a la familia para garantizar que terminaría. Al tercer semestre se fue a raspar coca a La Caucana, Antioquia.

Arnobis ya conocía el negocio. De joven había hecho de raspachín en vacaciones del colegio para comprar los útiles escolares. Empezó recogiendo de 3 a 4 arrobas de hoja por $4.000. Pero fue en el 2006 – cuando su familia retornó a la finca - que Zapata comenzó a ser reconocido cuando lo nombraron presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Río Sucio. En 2010 creó la Asociación Campesina del Sur de Córdoba, desde donde impulsaron los comités anti-erradicación y en 2015 sacaron la primera comisión. Con el acuerdo de paz se metieron de lleno a la sustitución, Arnobis Zapata y 6 mil familias más terminaron erradicando sus cultivos y firmando el PNIS.

Su experiencia los llevó el 28 de enero de 2017 hasta Popayán al lanzamiento de la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Trabajadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), con la que cerca de 800 campesinos, indígenas y afros de 17 departamentos esperaban presionar al entonces presidente Juan Manuel Santos para implementar el punto 4 del acuerdo de paz.

Al frente de los preparativos para el lanzamiento estuvo Juan Pablo Salazar, representante de la Asociación Campesina de Suárez (Asocordillera). Aunque Salazar nunca tuvo una mata de coca en sus manos, se ganó el reconocimiento de los cocaleros de ese municipio caucano. A finales de 2009, con el afán de mantener a su esposa y sus tres hijos, Salazar comenzó a trabajar en una empresa de energía y en sus recorridos por Suárez se encontraba con un muerto en cada vereda, que coincidía con los operativos del Ejército contra los centro de procesamiento de coca.

Sobre el municipio se empezaron a ceñir los señalamientos de guerrilleros por parte del Ejército mientras Salazar le seguía la pista a los operativos y al diálogo con los campesinos. Tres atentados de la Fuerza Pública le valió su labor entre 2010 y 2011. Pero fue la noticia de los diálogos de La Habana la que le dio un nuevo impulso y se puso a hacer pedagogía del punto 4 para solucionar el tema de las drogas en el norte del Cauca. Con el fracaso del plebiscito y una nueva orden de erradicar 100.000 hectáreas del Ministerio de Defensa, Juan Pablo y otros líderes conformaron Asocordillera en 2016 e impulsaron comités veredales.

Desde entonces Salazar y Asocordillera han intentado reactivar el PNIS a punta de reuniones con el gobierno para cerca de 1.000 familias en el municipio mientras le ponen frente a las disidencias de las Farc y bandas de narcotraficantes para abandonar los cultivos y frenar las tropas del Ejército y la Policía. Su más reciente triunfo fue conseguir que el pasado 18 de agosto un Tribunal Administrativo del Cauca le diera el espaldarazo a su batalla por la implementación del acuerdo de paz y suspendiera la erradicación forzada en los municipios de Caloto, Cajibio y Piamonte en el Cauca.

Asociaciones como (Cocam) y La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) rechazan el proyecto que reanudaría la aspersión. A pesar de esto, el debilitamiento del movimiento social a raíz del aumento de la violencia contra líderes sociales en el país, ha hecho que su capacidad de convocatoria disminuya, a diferencia de lo que hacían hace algunos años. La preocupación es alta.

El nuevo decreto define cómo serían esas fumigaciones y recuerda las condiciones para que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) les dé vía libre. Con él se cumplen dos de los requisitos que en 2017 impuso la Corte Constitucional para volver a las aspersiones, que están suspendidas desde 2015 por decisión del CNE ante la clasificación del herbicida como “probablemente carcinogénico para humanos”.

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