Las decisiones que se toman al calor de la guerra suelen ser enemigas de la responsabilidad y la sensatez. Sin duda alguna el atentado del ELN en Bogotá el pasado 17 de enero es una tragedia difícil de entender. Colombia y su gente continúan demostrando que acostumbrarse a la barbarie no es una opción. El debate alrededor de si mantener o no la mesa de negociaciones con el ELN sigue abierto y seguramente el tiempo se encargará de demostrarle al país –una vez más– que la confrontación militar es un callejón sin salida. Sin embargo, el aprovechamiento político del atentado que ha pretendido hacer el gobierno colombiano es, cuanto menos, grotesco.
Los protocolos que se pactan al principio de una mesa de negociación son una declaración de mínima confianza entre las partes y, fundamentalmente, una demostración de voluntad y seriedad ante los países garantes y acompañantes que deciden rodear los procesos de paz. Hoy la fragilidad de la diplomacia colombiana quiere llevarse por delante la seriedad de la diplomacia cubana. Duque, como buen uribista, llegó creyendo que la palabra empeñada del Estado colombiano no vale nada. Claro, así como dirige un gobierno resuelto a incumplir lo pactado con las Farc, cree que todos los estados funcionan igual. Para el canciller colombiano (Holmes Trujillo) es toda una novedad que un país respete los protocolos de los cuales se declaró garante, pero así funcionan las diplomacias de verdad.
No tiene presentación la intención de aprovecharse del repudio internacional que generó el atentado del ELN para arrinconar diplomáticamente a un país que, entre otras cosas, se prestó de buena fe como sede de unos diálogos de paz. Confundir voluntades con facultades no habla bien de un jefe de Estado e Iván Duque ha cedido ante la tentación de creer que su voluntad de acabar los diálogos con el ELN le habilita para pasar por encima de protocolos que han sido acreditados por otros países en su condición de garantes. Ser guerrerista no es excusa para ignorar los detalles que constituyen logísticamente a una negociación de paz. El uribismo cree que cualquier gobierno puede inventarse una falsa mesa de diálogos para luego apresar a los líderes insurgentes que llegan a negociar, pero la realidad es mucho más compleja que la cruzada en que vive la derecha colombiana.
Han pasado más de 50 años en los que el Estado colombiano se ha empleado a fondo para someter a las insurgencias y, sin embargo, el parte de guerra de ambos lados no justifica mínimamente la cantidad de vidas que han quedado aniquiladas en medio del enfrentamiento. Entonces, además de terminar la mesa de diálogos, el gobierno pide traicionar las formalidades adquiridas no sólo con el ELN, sino con la comunidad internacional. Exigirle a Cuba que le entregue a Néstor Humberto Martínez, esposados y derrotados, líderes de la insurgencia como Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell o el mismísimo 'Gabino' es buscar lograr en cuerpo ajeno un golpe que jamás ha conseguido dar el Estado colombiano y sus fuerzas militares. Dicho de otro modo, Duque está pidiendo que el gobierno cubano traicione su condición de país garante de la extinta mesa diálogos y gane la guerra en nombre del Estado colombiano.
Aún no es claro si se trata de mediocridad o ingenuidad, pero lo evidente es que el gobierno de Iván Duque quiere coger un atajo traicionero para lograr, a costa de la reputación diplomática de Colombia, lo que el Estado no ha conseguido en más de cinco décadas del conflicto. Seguramente la sensatez del gobierno cubano y el respeto por los protocolos firmados se impondrá ante la pequeñez de la diplomacia uribista. ¡Qué vergüenza con Cuba que quiso ayudar a la paz y ahora le piden maniobrar una guerra!
