Perú es un polvorín, 5 claves del último estallido

Más de 50 muertos, 200 detenidos en la Universidad de San Marcos, 120 bloqueos viales, crecen protestas que piden la salida de la presidenta Dina Boluarte

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enero 23, 2023
Perú es un polvorín, 5 claves del último estallido

Las protestas en el país sudamericano tienen más de seis semanas y siguen escalando. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 44 civiles han perdido la vida en enfrentamientos con las fuerzas del orden, mientras que nueve perecieron por hechos vinculados al bloqueo de carreteras en distintas localidades. Adicionalmente, se registró la muerte de un policía.

Solo el último sábado, cerca de 200 personas fueron violentamente intervenidas y detenidas en Lima al interior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La casa de estudios pública más emblemática del país había servido de alojamiento para manifestantes y organizaciones que se movilizaron desde otras regiones a fin de encabezar una marcha capitalina días antes. Desde el lugar, estudiantes, maestros y abogados denunciaron que el desalojo –para el cual la Policía irrumpió con una tanqueta– fue desmedido e ilegal.

¿A qué responde la protesta sostenida y qué alternativas de solución están sobre la mesa de los políticos? Este es un análisis y repaso de hechos para comprender el complejo escenario peruano:

 

  1. Se superó una crisis de gobernabilidad, pero la de representación se agudizó

El 7 de diciembre, el ahora detenido expresidente Pedro Castillo enunció un mensaje a la Nación en el que ordenaba la disolución del Parlamento Nacional y la intervención de otras instituciones del Estado, incluyendo el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. Lo que, en la práctica, habría sido un golpe de Estado no se consumó: las Fuerzas Armadas se negaron a acatar la medida por inconstitucional y el Congreso apresuró la votación para destituir al mandatario por violación a la Carta Magna.

Castillo fue arrestado ese mismo día en su ruta a la embajada de México en Lima, en un fallido intento por encontrar refugio y un potencial asilo. La entonces vicepresidenta Dina Boluarte asumió la jefatura del país por sucesión constitucional. Era la primera vez –tras 16 meses de confrontación entre poderes– que la mayoría derechista y conservadora del Congreso respaldaba al Ejecutivo de turno.

En entrevista con France 24, la presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Adriana Urrutia Pozzi-Escot, explicó que la alineación institucional de las más altas esferas de la política no cayó bien en un gran sector ciudadano que ya venía rechazando al Parlamento y exigiéndole al Gobierno una atención inmediata a sus demandas sociales. Dichas demandas –centradas en mayores oportunidades de desarrollo y acceso a derechos y servicios básicos– seguían trabadas aun en el mandato de Castillo, que se sumía cada vez más en acusaciones de corrupción y que hizo del manejo precario y antitécnico del aparato estatal su marca de gestión.

“Creo que la fractura más grave que se expresa (en las protestas de las últimas semanas) es la fractura territorial. Castillo hizo una campaña muy basada en señalar los clivajes entre la capital y las otras regiones, y promete una reconfiguración que no ocurre. El estallido social tiene, en realidad, sus raíces en un descontento de larga data por parte de los peruanos hacia sus representantes y también hacia la democracia. Esta deslegitimación de la democracia se configura porque se percibe que esta no retribuye derechos ciudadanos. Como presidente, Castillo no logra la transformación y, lejos de eso, (su gestión) disminuye esa posibilidad”, dijo Urrutia.

La también politóloga advirtió que, si bien la escalada de las manifestaciones ha arrojado puntos de agenda distintos, que van desde el clamor por la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y hasta la instalación de una asamblea constituyente que refunde el país, el hilo conductor de los reclamos sigue siendo el mismo: una necesidad de redefinir el vínculo entre representación política y ciudadanos representados.

  1. El pésimo manejo de la crisis por parte del Gobierno de Boluarte 

“A los que están marchando: ¿quién los financia? Porque no están trabajando, ¿quién está manteniendo a sus familias? En sus protestas, no hay ninguna agenda social que el país necesite; sus protestas están al margen de la ley; ustedes quieren quebrar el Estado de derecho; quieren generar caos y desorden para tomar el poder. Están equivocados”, dijo el jueves, en un mensaje televisado, la presidenta Dina Boluarte.

Aquel día, colectivos organizados marcharon en lo que se llamó ‘la toma de Lima’, una ruta en la que se registraron destrozos, incendios y fuertes choques entre policías y manifestantes. En ciertos casos, ciudadanos captaron nuevamente una respuesta brutal de la Policía, en la que incluso personas que transitaban sin mayores gestos fueron agredidas.

Para algunos analistas, el Gobierno de Boluarte ha lanzado mayor combustible a la crisis mediante una retórica estigmatizante y una estrategia represiva señalada de autocrática. Cabe mencionar que, aun con las 54 muertes oficializadas, no ha habido relevos ni cambios de autoridades por responsabilidad política. De hecho, en una entrevista local publicada el 15 de enero, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, descartó responsabilidad de su cartera por los fallecimientos.

Para el politólogo Paolo Sosa Villagarcia, el Ejecutivo ha optado por aferrarse al poder sin un manejo realmente político, convirtiéndose en el principal factor que radicaliza el rechazo ciudadano. Agregó que, si bien el Gobierno ha llamado públicamente a los líderes sociales a un diálogo y exigido al Congreso aprobar un adelanto de las elecciones generales, las medidas y gestos anteriormente mencionados contradicen intenciones de solución democrática y minan la legitimidad de Boluarte como presidenta.

“Este discurso antipolítico, que recuerda mucho a los años 90 (en referencia al Gobierno del expresidente Alberto Fujimori), no deja de estigmatizar, ningunear y finalmente señalar que ‘toda la protesta está financiada por intereses ocultos’ o ‘está azuzada por (los remanentes del grupo terrorista) Sendero Luminoso’ o que simplemente ‘son ignorantes que no saben lo que quieren y que están descuidando a sus familias’. Lo que, en parte, explica el nivel de movilización alcanzado es justamente ese ninguneo, que alimenta un hartazgo y una rabia hacia esa clase política que no es ni ha sido receptiva con las demandas ciudadanas”, comentó Sosa.

  1. Un Congreso lento y desprestigiado tiene en sus manos el adelanto de las elecciones

El 20 de diciembre, el pleno del Parlamento aprobó con 93 votos a favor el anticipo de los comicios presidenciales y congresales para abril del 2024. Sin embargo, al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto debe ratificarse en segunda votación en la legislatura (o período semestral de sesiones) más inmediata, que iniciaría en marzo, aunque ya se plantea iniciarla en febrero.

Según informó el diario 'El Comercio', la ratificación no está garantizada, pues algunos bloques del Congreso –principalmente, de izquierda– están reconsiderando la exigencia de un recorte más inmediato del mandato presidencial y parlamentario, que apunte hacia unos comicios este mismo año. Además, algunos legisladores guardan la postura de buscar las vías para la consulta popular por una asamblea constituyente.

Pero, además de una falta de cohesión, otro informe del citado medio expuso que la situación crítica del país no empuja al Legislativo a una agenda de prioridades. Mientras el adelanto de elecciones sigue pendiente, varios parlamentarios han tomado la última semana para actividades ajenas a la búsqueda de acuerdos.

La politóloga Katherine Zegarra Díaz recordó a France 24 que el Parlamento es una institución altamente desacreditada en el país (una última encuesta de opinión arroja que el 80% de ciudadanos consultados lo desaprueba) y que resulta natural una baja expectativa sobre la calidad de respuesta que tenga ante la convulsión social.

“Del Congreso de la República, ya la ciudadanía no tiene una especial esperanza. Las y los parlamentarios han demostrado –al igual que el Gobierno de la presidenta Boluarte– una poca capacidad de entendimiento de la realidad peruana. El hecho de que se atrase la segunda votación para el adelanto de elecciones no solo es preocupante, sino también condenable porque no se está generando un mínimo de control político y de representación ante el más de medio centenar de fallecidos”, expresó la especialista.

  1. Elecciones, más allá de una discusión para refinar el sistema político y electoral

Para un sector del Congreso, las elecciones anticipadas ameritarían agendar y concluir debates y votaciones de reformas al sistema político y electoral del país. Esto, bajo el supuesto de que impacten en la calidad de la próxima representación. Entre los planteamientos –que han ido acumulándose con el tiempo en el Parlamento– están los reajustes a atribuciones de ambos poderes, además de la restitución de la reelección parlamentaria inmediata, el retorno a la bicameralidad, la aplicación obligatoria de elecciones primarias y abiertas a la ciudadanía, y la renovación del Congreso cada dos años y medio, además de nuevos impedimentos y requisitos para ser candidato.

No obstante, para Adriana Urrutia, la coyuntura de violencia y fallecidos ya no da espacio para una discusión reposada sobre restructuraciones de fondo. “Creo que el momento político para las reformas ya pasó. Nos encontramos ahora en una situación de tensión. Hemos perdido a más de 50 compatriotas y plantear reformas implicaría mayor tiempo político del que disponemos. Entonces, es necesario que se dejen de lado las reformas que no son imprescindibles y que el Parlamento no busque aplazar más las elecciones que deben ocurrir cuanto antes”, sostuvo Urrutia.

En un sentido similar, Paolo Sosa explicó que, ya en anteriores oportunidades, el Congreso ha demostrado que puede reunir votos con una premura extraordinaria para temas de su interés. Por tanto, bajo voluntad política, el planteamiento de adelantar las elecciones para este año –como lo demandan los manifestantes– no sería imposible de discutirse. Consideró que colocar a las reformas político-electorales como condicionantes llega a ser “una frivolidad” frente al estallido social.

“El tren de las reformas políticas ya pasó y las nuevas elecciones tendrían que ser vistas como lo que son: una válvula de escape para tratar de solucionar el problema coyuntural. A partir de eso, recién se podría replantear, hacia adelante, cómo se puede mejorar la calidad de la política. Pero en este momento, ponerle ‘peros’ a las alternativas es como pensar en construir un segundo piso cuando los cimientos se nos están cayendo en medio de un temblor”, cuestionó Sosa.

Para Katherine Zegarra, aun si se aprobasen las reformas políticas pendientes en el plazo inmediato, ello no garantizará una transformación de la representación porque lo que se requiere es también una comprensión política de la realidad y un compromiso partidario que trasciende lo legalista. Coincidió en que un proceso electoral adelantado representa solo una salida extraordinaria.

“Las nuevas elecciones no van a mejorar la calidad de la representación porque tendremos a los mismos actores políticos. Si bien se habla de reformas políticas y electorales necesarias para el fortalecimiento de los partidos –sobre las que estoy de acuerdo– tenemos que considerar que las mejoras no solo dependen de cambios normativos”, dijo.

  1. Los niveles de violencia y el ‘factor Castillo’ 

El 10 de enero, la Fiscalía de la Nación, encabezada por la magistrada Patricia Benavides, informó sobre la apertura de una investigación preliminar contra Dina Boluarte y ministros de su gestión por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Esto, en el marco de las manifestaciones que, para aquella fecha, ya tenían un saldo de 45 fallecidos.

Cabe precisar que, durante las manifestaciones, algunos ciudadanos han actuado con violencia y turbas han aprovechado el contexto para ejercer conductas delictivas, incluyendo intentos de toma de aeropuertos. El caso más extremo es el del policía asesinado José Luis Soncco, en Puno. Según reportes preliminares, su cuerpo fue quemado dentro de un auto patrullero. El suboficial de 29 años aún estaba con vida cuando se produjo el ataque. Sin embargo, no se ha identificado que los responsables hayan sido participantes de las protestas.

En los primeros días de movilizaciones, el primer ministro Alberto Otárola, que ocupó la cartera de Defensa antes de su cambio como jefe de todo el gabinete, responsabilizaba al destituido expresidente Pedro Castillo de haber generado –a lo largo de su gestión– el escenario para un levantamiento ciudadano. También declaró que Castillo seguía azuzando a la población a través de operadores políticos, como su ex primera ministra y actual congresista Betssy Chávez, y el legislador Guillermo Bermejo.

“¿Quién está coordinando estas movilizaciones indebidamente para buscar impunidad y no se le permitió en defensa de la democracia? La respuesta está en Barbadillo (en referencia al centro penitenciario donde está recluido); ellos son los responsables y no nuestros policías”, dijo Otárola.

Durante su mandato, Pedro Castillo buscó capital político fuera de Lima y encabezó consejos descentralizados donde su anterior primer ministro Aníbal Torres lideró una narrativa de confrontación hacia las élites políticas, el sistema judicial y los medios de comunicación. No obstante, para el politólogo Paolo Sosa, lo que moviliza a la población no es el factor Castillo.

“La relación (entre los discursos castillistas y el escalamiento de la protesta) me parece que ya es mínimo y que, en todo caso, funcionaría como una explicación demasiado coyuntural para un problema más bien sistémico. Ahora, atribuirle este nivel de movilización a Castillo y a sus consejos descentralizados es sobreestimar a un presidente y a un Gobierno que, claramente, carecía de esas capacidades. Digamos que actores de esa gestión capitalizaban el sentimiento de frustración y hartazgo frente a las desigualdades en el país, pero recordemos que esa frustración y ese hartazgo vienen de décadas”, explicó Sosa.

Al cierre del sábado, los puntos de bloqueo en vías nacionales alcanzaban los 120. Hasta en 12 provincias se registraron movilizaciones de ciudadanos. Además, la cantidad de heridos –civiles y policías– reportados desde el inicio de las protestas es de 1.214.

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