Colombia es uno de los países del sur con un modelo de desarrollo económico extractivista. En particular la minería se ha convertido en una de sus principales fuentes de ingresos en las tres últimas décadas, pasando de representar un 2,5 % del PIB en el año 2000 a 5,4% en el año 2018. Durante ese periodo, se han entregado en concesión al capital corporativo internacional diversas áreas de la geografía colombiana. Esa es una de las principales causas de la perdida y destrucción de sus ecosistemas
Una crítica a la política minera colombiana es el incumplimiento del deber de proteger los recursos naturales. Las áreas protegidas por su importancia ecológica están siendo entregadas en concesión como si se tratara de un producto más del mercado capitalista. Un ejemplo específico es lo que viene ocurriendo con el páramo de Santurbán, un área con unos ecosistemas estratégicos y grandes reservas de agua fresca, de la que depende un núcleo de población importante.
Al Estado le corresponde planificar el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales y establecer unos límites para prevenir y evitar la destrucción de las áreas protegidas. La ley colombiana como la jurisprudencia protegen de manera específica los páramos, con la prohibición de que estos sean dados en concesión para la industria minera. Pero el gobierno, mediante procedimientos irregulares, ha entregado, en las dos últimas décadas, más de 40 títulos mineros en el páramo y sus áreas adyacentes. De todos estos, el que mayor atención ha despertado es la concesión que se otorgó a la compañía Minesa, de capital de los Emiratos Árabes, para desarrollar un proyecto de exploración y de explotación industrial subterránea de oro a gran escala.
En Colombia la responsabilidad de proteger el patrimonio natural es del Estado, pero al final tienen que ser los ciudadanos quienes terminan asumiendo la autoridad moral de proteger y defender los recursos de la apropiación indebida promovida por el Estado. Si la población se opone a la minería industrial del oro es porque esa actividad destruye la biodiversidad, los ecosistemas, contamina el agua y ocasiona daños irreversibles en el ambiente, poniendo en riesgo, la calidad de vida y el bienestar colectivo, además de vulnerar el derecho que tiene toda persona de disfrutar un ambiente sano.
En la legislación colombiana las actividades que tienen consecuencias para el medio ambiente, como la minería, requieren de una previa licencia ambiental. De esa forma, se quiere prevenir la destrucción de los recursos naturales y eso hace que su autorización esté condicionada al cumplimiento de unos estándares de protección medioambiental. En el caso de la explotación industrial del oro, es una actividad en la que no se puede evitar la contaminación y la destrucción del medio ambiente. Ese impacto ambiental en un área protegida, es suficiente razón para considerar seriamente su autorización.
La corrupción institucionalizada junto a la débil voluntad política para proteger el patrimonio natural de la nación, además de la existencia de una legislación ambiental que se reforma atendiendo al lobby minero y que presionan de forma permanente para que se flexibilicen las licencias ambientales, hace imposible la neutralidad en las decisiones de la administración, aplicando torticeramente la ley o el reglamento. A ese respecto, no deja de llamar la atención el auto 09674/20 de la Autoridad de licencias Ambientales (ANLA), que arguyendo razones técnicas archivó el procedimiento administrativo, favoreciendo a la compañía minera Minesa, quien se conserva el derecho a presentar un nuevo estudio de impacto ambiental.
Respecto a las consideraciones técnicas de la ANLA, merece atención la relacionada con la falta de demarcación del área de influencia. Que en términos de la EIA está referido a la información necesaria sobre los impactos ambientales (hidrología, hidrogeología) del proyecto minero, en un radio de 5 km de la zona de la concesión. Sin embargo, el problema de fondo no es la determinación de dicha área, sino la falta de delimitación del páramo que, de realizarse, estaría dando lugar a que la zona de la concesión como de influencia quedasen por fuera del área protegida. Es así, como se tiene pensado resolver la autorización de la licencia ambiental.
Cabe recordar que el páramo de Santurbán fue delimitado en un 80% mediante la resolución 2090 del 2014, del Ministerio del Medio Ambiente. Sin embargo, un recurso de amparo constitucional, la dejó sin efecto, por vulnerar derechos individuales y colectivos. El gobierno actual sigue insistiendo en que se tiene que delimitar el páramo. En esta oportunidad involucrando a la población. Con ese propósito se conformaron unas mesas multisectoriales de trabajo, que empiezan a ser cuestionadas porque no garantizan una amplia participación, ni facilitan la apertura de espacios para el debate y el análisis que se requiere.
La minería, como toda actividad extractivista, tiene dos caras. Por un lado, está la de los beneficios y la rentabilidad económica, por el otro, la huella ambiental y la injusticia social. La primera cara es la visible, la que se usa para persuadir a las comunidades sobre las bondades de los proyectos mineros. Es aquí donde la desinformación o la información sesgada de ciertos medios de comunicación juega un papel importante: ya sea para dividir a la población, debilitar la movilización social o incidir en la voluntad de las autoridades ambientales. Todo esto justificado en nombre del progreso, el desarrollo, el interés público, la utilidad social, el crecimiento del PIB, la estabilidad y la sostenibilidad económica.
La otra cara, la que permanece en la sombra y en la oscuridad, que el gobierno evita que se conozca a como dé lugar, es la que nos hemos propuesto sacar a la luz con el presente artículo. Esa que tiene que ver con la forma cómo se negocian los títulos mineros, sus reales beneficios económicos y las consecuencias que tienen sobre el impacto ambiental y socio comunitario
La política minera en Colombia se ha caracterizado por una falta de transparencia, debido al modelo de negociación que se ha venido aplicando en las concesiones mineras. Los términos de los contratos son asimétricos, es decir, el capital corporativo internacional impone las condiciones y es quien obtiene los grandes benéficos. Además, con el fin de asegurar la inversión, el Estado está obligado a firmar un contrato bilateral de cumplimiento. Esa es la garantía que le da derecho al inversionista a exigir una reparación económica, en el supuesto que se rescinda el contrato o la actividad minera no se pueda desarrollar por cualquier causa. La tasación de la compensación por el daño emergente y el lucro cesante es tan astronómica que no solo es injusta, sino que lesiona gravemente el patrimonio económico de la nación.
Colombia, como la mayoría de los países del sur, no tiene las capacidades para negociar sus recursos naturales a un precio razonable, en parte por la necesidad permanente de obtener ingresos para cubrir sus necesidades y atender los compromisos económicos internacionales. Pero también, debido a la presión que ejerce el colonialismo corporativista internacional, que se cree con el derecho (tratado de libre comercio) de apropiarse de los recursos naturales a cualquier precio.
En nuestro país esa situación se agrava por la excepción tributaria que se estableció para las corporaciones mineras y que se corresponde con una estrategia del gobierno, para atraer la inversión extranjera. Al final los beneficios provendrán del sistema de regalías en su mayoría. Unos ingresos que están comprometidos: una buena parte, se ira al cumplimiento del pago de la deuda externa, que crece y es impagable; la otra, será absorbida por la burocracia y la corrupción y lo poco que quede, para reforzar el precario presupuesto de la nación, insuficiente para atender las necesidades de toda la población. En ese sentido, hay quienes se preguntan, ¿vale la pena sacrificar el páramo?
La huella ambiental es la que atrae la mayor atención, por ser la causa principal de oposición a la minería. No se puede desconocer que el proyecto Minesa es ambientalmente insostenible por su impacto ambiental. Aunque se diga que la actividad minera se realizará respetando los estándares ambientales, lo cierto es que todavía no se ha desarrollado una tecnología limpia para la extracción industrial del oro a gran escala. Los residuos tóxicos que se filtran, como los que salen a la superficie diariamente, y por un largo periodo terminarán por crear unos desastres naturales imprevisibles. Tratar de evitar que eso suceda requiere de una planificación y de una gran inversión. Lo mismo ocurre con la recuperación ambiental de la actividad minera. Unos compromisos que no está dispuesta a asumir la citada compañía, por sus altísimos costos.
El impacto de la minería en el agua no solo es por su contaminación, sino por la utilización de cantidades considerables durante el proceso de extracción del oro. Además, de los intereses de ciertos grupos de poder económico, que quieren asumir su control. La defensa del agua, de ese derecho humano, que hace parte del núcleo esencial del derecho a la vida y que debe ser garantizado, como la jurisprudencia colombiana lo ha precisado, es lo que mantiene unida y en resistencia a la población que se beneficia de ese recurso.
EL uso de la fuerza y la violencia que el Estado ha ejercido, con la complicidad de las corporaciones mineras internacionales, para hacer frente a la conflictividad social que genera la rapiña ambiental y económica de la explotación irracional de la minería ha sido una constante en nuestro país. Esa política minera insostenible y autoritaria es la responsable de las violaciones a los derechos humanos, de los desplazamientos masivos, las “expropiaciones”, la persecución y la ejecución extrajudicial de los líderes sociales y ambientalistas y la estigmatización de los mineros artesanales. Por otra parte, está el flujo migratorio en busca de oportunidades laborales, la delincuencia, los grupos armados ilegales, los cuerpos de seguridad privada y la prostitución. Todo esto termina por comprometer la paz social y la vigencia del Estado de derecho, además de tener consecuencias muy graves para la seguridad alimentaria, el acceso al agua potable, la salud de la población y las costumbres locales.
En ese escenario, el páramo con sus ecosistemas y las reservas de agua está condenado a convertirse en una zona más de sacrificio dentro de la geografía colombiana, en el altar de la voracidad minera y que estará expuesto no solo a la explotación legal e ilegal del oro, sino de otros minerales y metales con una alta demanda en el mercado internacional. En particular, en los países del norte que son requeridos en la industria de las tecnologías renovables y sin los cuales no es posible consolidar su transición energética.
El término sacrificio en ese contexto está referido al ecocidio que se viene consumando en el páramo de Santurbán. La responsabilidad, ya sea por acción u omisión, no solo recae en el gobierno colombiano, en las corporaciones y en los países que promueven la apropiación de los recursos no renovables, sino también en los organismos económicos internacionales que vienen respaldando esos proyectos. No solo se sacrifica al páramo sino también a la población, como si se tratara de algo inevitable, en esa jerarquía colonialista del norte global, en la que unos seres humanos valen más que otros
Con la justificación de salvar el planeta del calentamiento global, los países del sur están condenados a sacrificar sus recursos naturales y su población. En el caso colombiano, sus páramos, con sus ecosistemas y biodiversidad únicos y su población diversa y multiétnica, que crea ese concepto de nación colombiana.
La minería en el páramo de Santurbán solo es la punta de un iceberg de los proyectos que se tienen previstos en el Plan Nacional de Desarrollo PND. Uno es la agroindustria, que igualmente es cuestionable por la destrucción del medio ambiente y su contribución al calentamiento global. Una razón más para delimitar el páramo, porque es así, como se garantizaría su desarrollo. Pretender delimitar el páramo por razones económicas es poner en riesgo un sistema natural que requiere de la biodiversidad y los ecosistemas para mantener su equilibrio. El peligro es que termine por convertirse en un área muerta, perdiendo todo su valor natural.
Resulta contradictorio potenciar el desarrollo regional, el progreso y bienestar de la población con un modelo de desarrollo económico extractivista- minero como el propuesto en el PND. Además de ser ambientalmente insostenible, ese modelo de desarrollo está pensado para satisfacer el apetito voraz del capital corporativo internacional, como los intereses de una clase política sin escrúpulos, corrupta y carente de valores y principios.
En el doble estándar de la política minera colombiana es otra de las contradicciones. Por un lado, el gobierno expresa públicamente el compromiso de continuar con la minería en el páramo, mientras que de cara a la comunidad internacional manifiesta su compromiso de proteger no solo los páramos de Colombia, sino del mundo. Una retórica que ofende la inteligencia y la dignidad del pueblo colombiano. Si realmente hay un interés de protegerlos, lo procedente en el caso del páramo de Santurbán, es rescindir la concesión Minesa y asumir su responsabilidad.
Si Minesa no ha podido obtener todavía la licencia ambiental, en parte se debe a la presión ejercida por las autoridades locales y a la férrea oposición de la mayoría de la población, y también a la experiencia adquirida durante las dos últimas décadas, en la que el páramo de Santurbán ha sido sujeto de acciones legales en las que se ha logrado frenar el avance de la minería.
Aunque el panorama del páramo de Santurbán es nada esperanzador, lo importante es el apoyo y la voluntad de sus autoridades locales y el compromiso de la población, de seguir defendiéndolo. Una ardua y riesgosa labor que requiere de la solidaridad, el acompañamiento y del compromiso de los colombianos y de los organismos internacionales de los derechos humanos. Es así como se puede seguir empoderando a las comunidades y sus organizaciones para que continúen adelante con la defensa del páramo, sus ecosistemas y agua.
Por último, vale señalar que de seguir aplicándose la política minera como se ha venido haciendo, Colombia corre el riesgo de convertirse en un “país minero”, con unas consecuencias graves para el medio ambiente y el bienestar de las futuras generaciones. Para evitar que esto suceda, hay que empezar por dejar de considerar a la minería como de “interés público”, con una prioridad sobre cualquier otra actividad.
A manera de conclusión se podría decir que si Colombia, como el resto de los países del sur, es dependiente económicamente de la industria extractivista y se debe a las reglas del mercado global impuestas por el sistema capitalista neoliberal, en las que la naturaleza es un producto más de consumo. Un modelo económico que es insostenible en términos económicos y ambientales, no solo porque crea injusticia social, desigualdad y violencia, sino por ser el responsable del exterminio de la especie humana, las otras especies y la destrucción del planeta.
