El jueves 9 de marzo, Pedro Castillo volvió a recibir un revés judicial: el juez supremo peruano, Juan Carlos Checkley, impuso tres años de prisión preventiva para el exmandatario.

Esto se debe a la investigación que involucra a Castillo por un caso de presunta corrupción y delitos de organización criminal. Checkley afirmó que la medida se justifica en que “no se trata de un juicio común, sino uno que reviste alta peligrosidad”.

Además, apuntó que Castillo, quien está en prisión tras haber intentado disolver el Congreso, movimiento interpretado por la oposición como un golpe de Estado, obstaculizó a la Justicia amedrentando a testigos.

En consonancia, el magistrado agregó que afrontará una posible pena de 32 años de cárcel por delitos vinculados a la organización criminal, el tráfico de influencias y colusión.

Este desenlace sucede en una causa donde está acusado de ejercer presiones para que se designe a un funcionario no capacitado técnicamente para ser el gerente general de Petroperú.

Asimismo, incluye la cancelación de un concurso internacional para la compra de biodiesel y su adjudicación deliberada a una empresa en particular.

A su vez, Checkley enumeró el testimonio de la empresaria Karelim López, quien dijo que entregó medio millón de dólares para Castillo a través de sus asesores para ser favorecida en la licitación de obras públicas. “Tuvo una participación clave en estas conductas ilícitas”, expuso.

Los 36 meses de prisión preventiva también corren para Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, señalado por los delitos que se cometieron en el sector. La Justicia instó a la Policía Nacional e Interpol para que emitan la orden de captura internacional del funcionario que está prófugo.

Distinta es la situación del ex encargado de Vivienda, Geiner Alvarado. Para el juez, este no tuvo un comportamiento apropiado en el proceso, tildando de infundado el requerimiento fiscal en su contra. A Alvarado le dictaron comparecencia con restricciones y deberá abonar una caución de 35.000 soles. No obstante, el Ministerio Público apelará.

En tanto que Checkley dio lugar al pedido de la Fiscalía, el cual solicitaba la continuidad del exjefe de Estado tras las rejas durante el tiempo en el que se desarrolla la indagación por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción en Petroperú y los ministerios de Transportes, de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Esta es la segunda prisión preventiva que recae sobre Castillo. La anterior, de 18 meses de extensión, fue reafirmada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. La defensa del expresidente anunció que recurrirá la medida.

El último martes Castillo declaró en una audiencia virtual frente al juez, donde negó “rotunda y categóricamente” ser el líder de una organización criminal forjada durante su Administración, como fue acusado por la Fiscalía.

“Mi único delito es servir a mi país como presidente de la República. Quienes han hecho la acusación constitucional también, en todo caso, serían parte de esta presunta organización”, arremetió el depuesto mandatario.

Perú, inmerso en una crisis política sin salida

El último miércoles se cumplieron tres meses desde que Dina Boluarte llegó al poder luego de la caótica salida de Castillo. Desde entonces, las protestas –que se tornaron violentas y acumularon decenas de muertos- se han vuelto frecuentes exigiendo la salida de la cúpula gubernamental y la celebración de nuevas elecciones.

En el Congreso, la moción ha sido discutida en reiteradas veces, pero sin llegar al consenso necesario.

El martes, la Defensoría del Pueblo le pidió a la Fiscalía que realice una rigurosa investigación sobre los fallecimientos de civiles en el marco de las protestas antigubernamentales e instó al Ejecutivo a formar un mecanismo de diálogo para hallar una solución a la crisis.

Ese mismo día, Boluarte debió declarar ante la Fiscalía, consultada por las muertes de los manifestantes.