La reciente imputación por crímenes de guerra y lesa humanidad al general Mario Montoya abre dos escenarios importantes. Primero, le resta credibilidad a la actitud negacionista de la extrema derecha, resumida en la siguiente expresión de María Fernanda Cabal: “los 6.402 falsos positivos son un invento”. Segundo, demuestra que la instrumentalización de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por parte de algunos exmilitares investigados o condenados por falsos positivos en la justicia ordinaria tiene un límite.
Porque si ante la evidencia no reconocen a las víctimas o aceptan plena responsabilidad, solo es cuestión de tiempo para que terminen siendo imputados y eventualmente condenados en procesos adversariales. El caso de Mario Montoya es ilustrativo de lo fallido de esa instrumentalización oportunista. Me explico.
El 17 de julio de 2018 el “general de la seguridad democrática” se sometió a la JEP en el macrocaso 03 sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Su comparecencia ante el tribunal creado por el acuerdo de paz propició un terremoto político en el uribismo y generó mucha expectativa entre las víctimas.
Sin embargo, esa expectativa rápidamente se tornó en frustración, porque el general -sin ninguna intención de reconocer o reparar a las víctimas- se cerró en una actitud negacionista para no aportar verdad. Fue una auténtica burla.
Esa actitud solo confirmó algo: Mario Montoya se sometió a la JEP con la única intención de escapar de una inminente imputación de la Fiscalía. Y aunque esa imputación finalmente le llegó el 25 de agosto de 2021, cuando el fiscal Barbosa le activó un proceso por su presunta participación en un centenar de falsos positivos, el Tribunal Superior de Bogotá la desestimó al concluir que Montoya debía seguir respondiendo ante la JEP.
Pero ni el show mediático que armó Barbosa con su fallida imputación -que desde el primer momento pintó irregular- o el reclamo de varias organizaciones de víctimas que públicamente pidieron su expulsión de la justicia transicional, movieron un milímetro la actitud desafiante del general, quien, sin atisbo de reconocimiento en un macrocaso que avanzaba con el aporte a la verdad por parte de otros exmilitares, se sostuvo en un negacionismo puro y duro.
Ahora, la JEP lleva su proceso a otro nivel, ya que tras la imputación solo le quedan dos caminos: o cambia su actitud negacionista y reconoce plena verdad, o se somete a un juicio que podría concluir con su condena a 20 años de cárcel. Esto se da porque la JEP es un modelo de justicia transicional que se mueve entre lo restaurativo y lo retributivo; inclusive, hasta muy avanzado el juicio le da al compareciente la oportunidad de reconocer plena verdad y asumir responsabilidad ante las víctimas.
Con fortuna, a Montoya se le acabó el tiempo para instrumentalizar a la JEP, burlarse de las víctimas y escapar de la justicia.
No me cabe la menor duda de que terminará siendo condenado (no se moverá de su negacionismo), aunque con una pena menor a la que obtendría en la justicia ordinaria, pero que, en sus últimos años de vida, tal vez le dé la oportunidad de reflexionar sobre hasta dónde lo llevó su deseo por “litros, chorros, ríos, barriles o carrotancados de sangre".
