En honor a la verdad, los constituyentes de 1991 pensaron que hacer una nueva constitución era un trabajo de su exclusividad histórica e hicieron todo lo posible porque aquello no volviera a suceder en varias generaciones. Fijaron un mecanismo de convocatoria de una nueva Asamblea Constituyente tan complejo que es casi imposible de llevar a la práctica. De esa manera, bajo la creencia de que ya estaba todo dicho en el texto constitucional y que su desarrollo en normas efectivas tomaría decenios, crearon de hecho una camisa de fuerza al poder constituyente, que somos todos los ciudadanos, solo comparable a la que creó el plebiscito de 1957 cuando estableció la alternación y la paridad por 16 años de los partidos liberal y conservador en el poder, que terminó siendo desbordada por las fuerzas políticas por fuera del acuerdo.
La Constitución de 1991 se hizo en el fondo para reconocer esas nuevas fuerzas políticas, que fueron invitadas o participaron en su redacción, el M-19 la más importante de ellas. ¿Será que 33 años después, ante el desbarajuste del aparato del Estado y su alejamiento de las necesidades sentidas de la gente está sucediendo lo mismo, y la imposibilidad del mundo político de llegar a acuerdos sobre las grandes reformas que se necesitan está pavimentando el camino para que el poder constituyente se manifieste de nuevo al margen de la constitución vigente? ¿Es esa la interpretación del gobierno de la realidad social colombiana, puesto que fueron esas nuevas fuerzas emergentes, marginadas, las que lo llevaron al poder?
Porque la realidad histórica es que todas las asambleas constitucionales convocadas en el siglo XX, en 1904, 1910, y 1952 lo fueron a dedo por el ejecutivo. Y algunas de las grandes reformas constitucionales propuestas al Congreso desde entonces se estrellaron contra el muro de contención de la Corte Suprema de Justicia, cuyos intereses vulneraban, incluyendo la de Virgilio Barco, fracaso que llevó en 1990 a la convocatoria de la asamblea constituyente con un procedimiento inventado sobre la marcha, porque no había otro. La famosa séptima papeleta no escrutada oficialmente, pero que no alcanzó el millón de votos, fue la voz del poder constituyente que escuchó la Corte Suprema de Justicia por estrecha mayoría (13 contra 11), y de ahí se deshilvanó el resto.
No es tan extravagante que el presidente esté pensando en una manifestación del poder constituyente que presione una convocatoria fuera de lo dispuesto en la Constitución de 1991, que dejó todo muy atado
Así que no es tan extravagante que ahora el presidente de la República esté pensando en una manifestación del poder constituyente que presione por una convocatoria por fuera de lo dispuesto en la Constitución de 1991, la cual dejó todo atado y bien atado para siempre jamás. La esencia del derecho constitucional es que el poder constituyente está por encima de la Constitución, pero como sucedió en 1990 el clamor popular tendría al menos que ser acogido, si se hace por fuera del Congreso, por la Corte Constitucional, que es la guardiana de la Constitución vigente, la cual fija un procedimiento preciso de reforma. O sea, la cuadratura del círculo.
El Presidente publicó en Semana Santa a manera de reflexión un documento donde resume sus argumentos para demostrar que la Constitución garantista y participativa de 1991 (reformada más de 50 veces) se ha quedado en letra muerta en temas de obligatorio cumplimiento como el derecho a la salud, al trabajo, a una pensión digna, los recursos para la educación, el ordenamiento territorial, la reforma agraria y el cumplimiento del acuerdo de paz, y por tanto hay que hacer otra. No le falta razón ante el accidentado trámite de sus reformas en el Congreso, pero el argumento contrario es igualmente válido: ¿si todos esos derechos ya están consagrados en la Constitución de 1991 para qué hacer otra que diga lo mismo?
En gracia de discusión, si se respetara el procedimiento existente, como debe ser, y el Congreso en ejercicio de sus funciones ante la presión popular aprobara la convocatoria a una asamblea constituyente, ¿Tendría el Gobierno el poder parlamentario para convocarla con una composición escogida por él a su voluntad de entre las fuerzas sociales emergentes? ¿Y si hay una elección universal, quien la ganaría? Es un galimatías político y jurídico. Una sucesión de hechos políticos más que improbables, que ocuparían al gobierno por lo que le resta de mandato y comprometerían seriamente su tarea actual, y las posibilidades de que su proyecto político alternativo tenga continuidad en el futuro. No es un buen camino a seguir. Podría terminar como una nota (dolorosa) de pie de página en la historia colombiana de lo que pudo haber sido un experimento político social exitoso y no fue.
