La protesta social es un derecho, pero no todo vale

La protesta social es un derecho, pero no todo vale

"La violencia, en estos momentos, viene de muchos lados. Insisto, hay fuerzas oscuras, además de las del Estado, que quieren llevarnos a la destrucción"

Por: Jaime Borda Valderrama
mayo 07, 2021
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La protesta social es un derecho, pero no todo vale
Foto: Las2orillas / Leonel Cordero

Como cientos de colombianos, veo con profundo dolor, consternación y desasosiego, lo que está sucediendo en nuestro país. Miles de personas, en su mayoría jóvenes, han salido a las calles a protestar por una causa noble: construir un país donde haya verdadera justicia, equidad en la distribución de la riqueza, cuidado del campo y del medio ambiente, una educación de calidad y un servicio de salud que responda a las necesidades de todos por igual, de todos, pobres y ricos, ciudadanos y campesinos, personas de cualquier género, edad o condición social; esto es, en esencia, el sueño de todos los que han salido a manifestarse pacíficamente en estos días.

Infortunadamente, como tantas otras veces, fuerzas oscuras y una secuela de desadaptados, aprovechan la situación para desatar la violencia y la destrucción de bienes públicos (es decir, bienes de todos). Es verdad que, para nuestra desgracia, tenemos una clase política no solo egoísta, sino ciega, sorda, incompetente e indolente con la realidad de sus ciudadanos. Es la clase política que, muy a pesar nuestro, hemos elegido. Pero eso no justifica el vandalismo, ni la falta de cordura extrema que ha causado el sufrimiento y la muerte de varios inocentes. Como por ejemplo, el bebé que murió en Tocancipá, por la barbarie de manifestantes que bloquearon una ambulancia; o el asesinato descarnado de miembros de la Fuerza Pública, como hemos visto en las redes.

Por otro lado, están los mensajes descontextualizados (estratégicamente ajenos a la realidad) de los miembros del gobierno que evidentemente no saben cómo controlar la crisis, la desinformación de los medios oficiales y el lenguaje agresivo de algunos líderes de la oposición o de diversos sectores radicales que arengan contra el poder y caldean los ánimos de la ciudadanía, en especial de los más vulnerables, que por su propia situación no han desarrollado un criterio propio que les permita decidir, por ellos mismos, lo que es más conveniente para todos. ¿Y qué tenemos entonces como resultado? Violencia desmedida ante la que el Estado, que quizá ve con miedo el clamor de miles y miles de jóvenes descontentos (y pensantes), responde con más violencia, haciendo también un uso desmedido de la fuerza.

La policía y las fuerzas armadas están para defender al pueblo y garantizar la seguridad ciudadana. Seguramente, algunos lo hacen de la manera correcta, pero otros, no sabemos cuántos, abusan del poder que tienen y, quizá carentes de criterio propio y de un adecuado dominio de sus emociones, arremeten, violando los derechos humanos, no solo contra los vándalos (que los hay), sino contra personas inocentes, como Lucas Villa y Santiago Murillo, por nombrar solo dos tristes casos de estos días.

Debo hacer un paréntesis; en el caso de Lucas Villa no está plenamente comprobado, por ahora, que haya sido la fuerza pública quien lo asesinó. Algunos dicen que han sido paramilitares. ¿Quién nos contará la verdad? La violencia, en estos momentos viene de muchos lados. Insisto, hay fuerzas oscuras, además de las del Estado, que quieren llevarnos a la destrucción. ¿Por qué? Como siempre, intereses políticos y económicos absolutamente mezquinos.

Y en medio de este desolador panorama, los transportadores y otras organizaciones que lideran la protesta social, han llamado al bloqueo de las vías. Con esto, personalmente, no estoy de acuerdo. Habían dicho inicialmente que, si se caía la Reforma Tributaria, ellos no bloquearían las vías. Sin embargo, el presidente Duque retiró la propuesta y, aun así —no sabemos exactamente por orden de quien— muchas vías han sido bloqueadas. ¿Es realmente necesaria esa presión?

Sabemos que estamos en manos de una semi-dictadura disfrazada, que nos venden mentiras descaradas y que por lo mismo debemos seguir luchando para que se haga justicia; pero, con todo y todo, la democracia aún no se ha muerto, aunque algunos muy escépticos piensen que sí. Otro paréntesis… Nuestra democracia no ha sido enterrada, no al menos como en Venezuela, Cuba, Corea del Norte, Somalia, Burundi, etc. Tenemos una democracia débil, probablemente coja, pero al menos la tenemos y está en nuestras manos fortalecerla…

Vuelvo a preguntar: ¿a quiénes afecta más el que no podamos movilizarnos?, ¿eso de verdad afecta al gobierno de turno o a los congresistas insensibles? Se supone que la movilización es un derecho de todos los ciudadanos y hoy, muchos, no podemos salir de nuestros municipios porque el transporte ha sido suspendido y varias carreteras están bloqueadas (por ciudadanos inconformes, pero también por personas carentes de criterio).

Pero eso no es lo más grave. Lo más complejo, desde mi punto de vista, es la imposibilidad de transportar los alimentos y las medicinas, que son bienes básicos que responden a derechos fundamentales de las personas: la salud y la alimentación. Además, está afectando profundamente la ya destruida economía que tenemos. Miles de afectados, que en principio apoyan la protesta social, le empiezan a quitar su respaldo, porque entienden que no se puede combatir la injusticia, el irrespeto a la vida y a la salud, a la equidad, atentando contra todos esos mismos derechos. Es un tema de simple coherencia y legitimidad, y recordemos: no todo vale. El paro debe afectar al gobierno, no a la ciudadanía. Además, muchos jóvenes han dicho que el Comité del Paro no los representa.

Los bloqueos han generado un desabastecimiento de alimentos y de medicinas. En Suesca y Sesquilé, por ejemplo, se han reportado pérdidas de grandes cantidades de leche; y algunos hablan de la falta de insumos de medicamentos esenciales. Por otro lado, tales bloqueos están perjudicando a muchas personas que sufren de enfermedades graves o que se han contagiado de COVID y que por lo mismo, necesitan ir a Bogotá a sus tratamientos o a reclamar sus medicinas, lo que pone en riesgo la vida de estas personas. Sin embargo, hoy no pueden (no podemos) trasladarnos y atender estas necesidades vitales. ¿Esto es justicia social? ¿Esto es equidad? ¿Esto ayuda a reactivar la economía? ¿Dejar a la gente sin comida traerá equidad y mejores condiciones para todos? ¿Esto es, de verdad, una forma inteligente de reclamar nuestros derechos? Definitivamente, la respuesta es no.

Para construir una Colombia justa, los colombianos requerimos aprender a dialogar, pero desde el paradigma de la fraternidad. Necesitamos generar pensamiento crítico en nuestros jóvenes. Necesitamos cambiar la cultura de la indiferencia por una cultura de verdadera solidaridad y de generosidad. Necesitamos que el gobierno y las instituciones y la fuerza pública, empiecen por dar ejemplo. Y que, por otro lado, el movimiento social sea coherente, no pierda el capital intangible e inmenso que le otorga la legitimidad de sus reclamos, por la puesta en práctica de medios inmorales que dejan de lado los mismos derechos que tanto dice defender.

¿Alguna solución sensata y efectiva? ¿Qué tal si conversamos entre los ciudadanos y creamos comités donde se planteen los problemas más cercanos (y se den espacios para hallar soluciones), sin esperar nada del gobierno? ¿Y si cultivamos en nosotros y en nuestros jóvenes el espíritu de la solidaridad y un pensamiento crítico-constructivo? ¿Y si rogamos juntos a Dios, al mismo tiempo que cultivamos en el corazón la fraternidad? ¿Una utopía? Las utopías, junto con el amor, son el verdadero motor del cambio que el mundo necesita.

Resuenan en mi corazón y en mi mente ejemplos de luchas más pacíficas y más contundentes, como las vidas de Mahatma Ghandi, Tenzin Gyatso (Dalai Lama), Martin Luther King, Bayard Rustin, Nelsón Mandela, Wangari Maathai, Chiara Lubich…

Quiero creer, a pesar de todo, que otro país es posible.

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