En el gobierno de Gustavo Petro, informar en Colombia se volvió más riesgoso y el equilibrio institucional más frágil. No es consigna política. Es contexto verificable.
En los tres últimos años el país acumuló 1.469 agresiones contra la prensa, 378 amenazas, 5 periodistas asesinados, 37 desplazamientos forzados y 11 exilios. Solo en 2024 se registraron 530 agresiones, uno de los peores años para la libertad de prensa en la última década. Han ocurrido en un clima político marcado por la confrontación sistemática desde la Presidencia contra periodistas, medios y decisiones judiciales adversas.
Cuando las cifras tienen rostro y la violencia tiene método
Detrás de esas cifras hay nombres propios. En este periodo fueron asesinados periodistas como Óscar Gómez Agudelo, director del medio comunitario La Comunidad en Caldas, quien había denunciado amenazas previas; y comunicadores regionales que trabajaban en contextos de alta vulnerabilidad frente a estructuras criminales y poderes locales. Otros periodistas han debido salir de sus territorios o del país para proteger su vida, engrosando la lista de 37 desplazados internos y 11 exiliados, muchos de ellos reporteros regionales que investigaban corrupción, economías ilegales o vínculos entre política y crimen. Cada asesinato y cada exilio no solo afecta a una familia: silencia preguntas incómodas en regiones donde la prensa ya es frágil.
El problema no es un trino aislado ni una frase desafortunada. Es el patrón que se repite.
Este es el libreto que ha provocado la violencia
Se estigmatiza a periodistas críticos, se desacredita a las organizaciones que defienden la libertad de prensa como la FLIP, se confronta a los jueces cuando imponen límites a las acusaciones de Gustavo Petro cuando ataca y desata riesgos para los periodistas que injuria, se tensiona la independencia del medio público y se presenta toda crítica como conspiración. No son hechos aislados ni reacciones espontáneas: es una secuencia que, repetida en el tiempo, erosiona la legitimidad de los contrapesos y normaliza la idea de que quien cuestiona al poder actúa con intereses ocultos
Se estigmatiza a periodistas críticos
Cuando el presidente calificó el trabajo de María Jimena Duzán como “periodismo Mossad”, no estaba corrigiendo un dato. Estaba sugiriendo vínculos con intereses extranjeros. En un país con historia de violencia contra comunicadores, ese tipo de señalamiento desde la jefatura del Estado tiene un peso particular.
Cuando utilizó la expresión “muñecas de la mafia” para referirse a mujeres periodistas, tampoco fue un simple exabrupto. Fue una descalificación transmitida desde el poder político más alto.
La crítica es legítima. La estigmatización reiterada no lo es
En Colombia, donde actores armados y economías ilegales siguen operando en múltiples regiones, presentar al periodista como enemigo o conspirador no es inocuo. Es alimentar un ambiente donde la intimidación encuentra justificación.
Las cifras de agresiones no pueden desligarse del entorno político en el que ocurren. Se desacredita a quienes defienden la libertad de prensa. Cuando organizaciones como la FLIP alertan sobre el deterioro del ambiente para el periodismo, la respuesta democrática debería ser institucional: diálogo, revisión, garantías.
Lo que se ha visto con frecuencia es confrontación discursiva y cuestionamiento de legitimidad. Cuando el poder desacredita al árbitro que monitorea agresiones, envía un mensaje inequívoco: quien critique también será señalado. Eso debilita el sistema de protección y deja más vulnerable al periodista regional, que no tiene equipos jurídicos ni visibilidad nacional.
Se manipula la independencia del medio público
RTVC es un medio público del Estado, no del gobierno de turno. Su función es garantizar pluralismo y equilibrio. Bajo la actual dirección se han denunciado presiones editoriales, cancelación de contenidos críticos y alineamiento sistemático con el discurso oficial. Organizaciones de defensa de la libertad de prensa han advertido sobre un ambiente de censura y antipluralismo. Además, su director Hollman Morris ha tenido unos señalamientos muy graves y delicados
Cuando el medio público pierde independencia, el ciudadano pierde una garantía. No se necesita clausurar medios privados para erosionar la libertad informativa. Basta con capturar el sistema público y enviar un mensaje de advertencia a los demás.
Se presenta la crítica como conspiración
El elemento más preocupante del libreto es la narrativa conspirativa.
Cuando la investigación periodística es presentada como ataque coordinado, cuando el fallo judicial adverso es descrito como persecución, cuando la crítica es convertida en complot, el debate democrático se reduce a una lógica binaria: el gobierno representa al pueblo; quien lo contradice representa intereses oscuros.
Esa simplificación es peligrosa.
En tres años Colombia ha visto 1.469 agresiones contra la prensa. No se puede afirmar que cada agresión sea consecuencia directa del discurso presidencial. Pero sí es irresponsable ignorar que la estigmatización constante desde el poder agrava el riesgo en un entorno históricamente violento.
El gobierno ha desplegado una maquinaria de medios e influenceres con sus grandes bodegas de manera sistemática, que opera por etapas: primero desacredita, luego normaliza la hostilidad, después debilita los contrapesos y, finalmente, deja que el silencio se imponga por miedo. No es estridencia retórica; es un método que erosiona lentamente la democracia mientras aparenta legalidad
Ese libreto no puede asumirse como parte del paisaje político. Normalizarlo sería aceptar que el poder sin límites es aceptable, y no lo es.
El próximo 8 de marzo escojamos congresistas demócratas y no neocomunistas disfrazados de progresistas-
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