Según la Corte Constitucional, el mínimo vital es el conjunto de condiciones materiales indispensables para asegurar una subsistencia digna del individuo; si pensáramos en ese concepto como una garantía constitucional operativa, pero traída al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), tendríamos que remontarnos a los años noventa y al concepto del pluralismo estructurado.
Cuando Juan Luis Londoño y Julio Frenk propusieron esa nueva forma de organizar el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en Colombia, no previeron una tasa de informalidad —personas con un vínculo laboral, pero que no están obligadas a contribuir al SGSSS— tan alta. El último reporte del DANE menciona que más de 13 millones de compatriotas se emplean bajo esta modalidad, que el gobierno colombiano menciona en sus alocuciones como la economía popular.
En contraste con la cifra anterior, Colombia alcanzó hace algunos años lo que llamamos Cobertura Sanitaria Universal, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) consiste en que todas las personas tengan acceso al conjunto de servicios de salud de calidad que necesiten, cuando y donde los necesiten, sin sufrir dificultades económicas por ello. Y digo en contraste porque eso significa que 52 millones de personas se encuentran afiliadas al SGSSS, pero solo aportan 13,6 millones, según datos de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP).
A la ya existente tensión entre una de las formas de financiación del sistema —13,6 millones de cotizaciones— y los gastos del SGSSS para 52 millones de colombianos, se le suma el reciente anuncio…
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