El artículo 44 de la Constitución Política de Colombia establece los derechos de los niños y las niñas, asegurando que el cumplimiento de estos es prioridad del Estado y, por ende, deben prevalecer sobre los demás. Como herramienta verificadora de ello se encuentra el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, entidad que en términos misionales trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia.
Sin embargo, en los últimos meses se han presentado varias noticias de orden nacional que han puesto en tela de juicio la efectividad del ICBF, en donde los casos denunciados en departamentos como la Guajira, Atlántico o Bolívar, son tan solo la punta del iceberg de un fenómeno que tiene mucha tela por cortar en todo el territorio nacional.
Para muestra de un botón, están las movilizaciones que hace un par de días realizaron cientos de Madres Comunitarias a nivel nacional. Todo ello bajo un pliego de peticiones que contemplaba doce puntos, abarcando desde las condiciones laborales, pasando por los cuestionables manejos administrativos en que las han sumergido, llegando hasta los modelo de contratación efectuados desde el ICBF.
En la actualidad son cerca de 65.000 madres comunitarias a nivel nacional (ninguna entidad se atreve a dar una cifra exacta y definitiva), que residen y trabajan en las zonas de mayor vulnerabilidad socioeconómica del país. Mujeres que después de 30 años de pujas y briegas, hasta hace 3 años lograron que se les otorgara un salario mínimo mensual, pero que en estas tres décadas han incidido de manera definitiva en la educación inicial de cerca de 18 millones de colombianos.
Hay que decir además que dicha figura – las madres comunitarias- también se ha diversificado con el devenir del tiempo, desde las madres que funcionaban en los tradicionales jardines comunitarios –HCB-, pasando por la modalidad familiar –FAMI- o las madres sustitutas, hasta llegar al modelo en que algunas de ellas han transitado desde hace un par de meses bajo la figura de Centros de Desarrollo Infantil –CDI-, en el cual se les conoce como “Agentes educativas”.
Un proceso de tránsito que ha venido acompañando de múltiples retos, complejidades y absurdos, en donde quienes han tenido que sortear con la mayoría de platos, han sido las Madres Comunitarias, aún cuando ellas son las que menos responsabilidad tienen dentro del proceso. Mujeres que más allá de años de experiencia no comprendían en su hacer lo que significaba conformar una empresa, en tanto el ICBF las dejó prácticamente a la deriva desde el mismo momento en que firmaron contrato. Así pues, les exigen mucho y les aportan poco.
A continuación esbozaré a groso modo algunos de ellos. El primero a mencionar se refiere a los manejos administrativos que desde los órganos centrales se demandan. Por ejemplo, en enero del presente año miles de trabajadores y trabajadoras se quedaron sin afiliación al sistema de salud, retrasando procedimientos médicos o dejando sin cobertura el pago de incapacidades médicas. Ello sin contar que se recibió únicamente el salario de 8 días, en un mes que tiene 30 días. (¿Acaso aquellas mujeres pagan arriendo, servicios y alimentación tan sólo 8 días?). Cuestiones administrativas que ponen en tela de juicio el buen vivir y la dignidad laboral, presentándose casos en donde Maestras que tras 20 años de labores con el ICBF, a sus 72 años de edad, reciben como única propuesta pensional un bono mensual inferior a los $350.000.
Un segundo hecho es la acelerada entrada de grandes contratistas al ICBF, aportando a extinguir progresivamente a los modelos de contratación comunitarios que se adelantaban con las madres comunitarias, figuras que en últimas blindaban el proceso de prácticas corruptas y clientelares. Nos encontramos ahora con una abrumadora destinación de recursos en función de satisfacer intereses de privados, ajenos al Bienestar de la primera infancia, es decir, desvíos de fondos. De acuerdo al Senador Alexander Lopez, a hoy los grandes contratistas manejan el 73% de la contratación del ICBF.
Cabe decir que la entrada de los grandes operadores se consolida con la puesta en funcionamiento de figuras como el “banco de oferentes”, una medida ideada hace un par de años por funcionarios como Karen Abudinem, la misma que haciendo una burda combinación de instancias como el BID, el BM y la corruptela costeña, encarnada en figuras como las familias Char y Daes Abuchaibe, logran dejar a cientas de madres comunitarias por fuera del ICBF, dando entrada a grandes contratistas como AEIOTU, Fundación Nu3, Fundasalud, Funda enlace, Fundación Tiempo feliz, entre otras. Algunas de ellas con investigaciones abiertas por la discutible calidad en la ejecución de los contratos de las que son operadoras.
Por otro lado, el ahogo presupuestal en que sumerge el ICBF a las entidades comunitarias es notorio, infundiéndoles temor ante cada operación administrativa a realizar. Ello sin decir que no les aprueban en los respectivos comités la compra de enceres indispensables para el buen trabajo, desde escritorios y computadores, hasta impresoras, termómetros, tensiómetros, etc. Todo ello se puede resumir en una “ficticia autonomía” en que se ubican a las entidades contratistas comunitarias, donde se les dice que construyan sus propios procesos, pero las posibilidades reales resultan ser muy limitadas. Otra muestra del ahogo presupuestal en que sumen a las MC en el caso de los HCB, es el presupuesto de $2.517 diarios que da el ICBF para suplir 4 comidas por cada niño, cifra que no va acorde con los 5 billones de pesos de presupuesto general que maneja el Instituto para este 2016.
El penúltimo elemento a mencionar corresponden al perfil que ha asumido el ICBF como entidad administradora de cuotas políticas, en donde desde Senadores, alcaldes, gobernadores, hasta presidentes de Juntas y líderes comunales, buscan un poco de mermelada. Tal fenómeno repercute de manera clara en la prestación de servicios de calidad en la primera infancia, pues el criterio de selección del personal, la construcción de las políticas y los mecanismos de destinación de los recursos no estarán en función de la definición misional del Instituto, sino en cumplir intereses políticos de particulares.
El último elemento a mencionar y quizá el más importante de todos, es la inexistencia de una política de Estado clara, con pertinencia y calidad en cuanto la formación que demanda la primera infancia en un país que se está preparando para la Paz. Hace un par de días, tras 8 debates en el Congreso, se aprobó la política de Estado “De 0 a Siempre”, un ejercicio que más allá de una nueva destinación de recursos deja de lado los debates de fondo en cuanto al modelo educativo, se omite la discusión política y filosófica del tipo de educación a impartir, negando la posibilidad de cerrar la brecha social existente y el forjar sujetos políticos desde los primeros años para la Paz y la Vida Digna.
Al momento las temáticas formativas aducen a la reproducción de conocimientos, que no se fundan en la pertinencia, intereses y necesidades de la Comunidad. Haciendo que dicha “autonomía” vuelve a quedar como una mera frase de cajón.
El modelo de país y empresarial que ha asumido el ICBF parece no dialogar con la experiencia y forma de hacer de las madres comunitarias, aquellas que tras 30 años han aportado en los procesos educativos de la primera infancia. Nadie discute que los procesos de cualificación de los equipos de trabajo son una tarea urgente, pero la peor forma de alimentar dicha cualificación es poner a competir espacios que hasta ahora dan sus primeros pasos contra aquellos que ya vienen corriendo desde el gran capital.
