Buena parte de los problemas de la vida local, asociados con falencias en la gestión de los servicios y políticas públicas, están asociados con la relación precaria y a veces perversa entre las instituciones estatales que operan la acción gubernamental y las organizaciones comunitarias y ciudadanas, que tienen tareas en la determinación de necesidades y prioridades sociales inmediatas. Partamos de reconocer que el enlace entre las agencias del Estado y los tejidos sociales organizados suele ser complejo y demandante, dado que en una sana lógica se trata de concretar cómo se ejerce la democracia en la relación entre gobernantes y gobernados.
Examinemos cada caso por aparte y comencemos con las instituciones locales; estas desarrollan su actividad a partir de normas, planes, protocolos técnicos y en general desde un dispositivo jurídico-organizacional que establece una lógica reglada de la acción, de la distribución de recursos y de lenguajes específicos para ordenar la vida en común. Las agencias estatales en principio operan a partir de una organización gerencial en la que se instalan primero cuadros directivos, después mediaciones técnicas donde se ubican mandos profesionales y estructuras de clasificación y operación de servicios que ejecutan personas de formación básica y tecnológica, para efectos de concretar las normas a través de diagnósticos, priorizaciones, ejecuciones y evaluaciones. Lo que suele suceder es que los directivos que llegan a los cargos de gobierno o no tienen la formación para asumir sus responsabilidades o van con propósitos muy distintos a servir a lo público, muchos van a servirse de lo público; en el nivel intermedio hay cuadros profesionales muy eficientes, pero también hay agentes que trabajan con desidia y sin mucha reflexión respecto a sus roles y responsabilidades; finalmente en el nivel operativo, aunque hay personas con experiencia que incluso conocen más de los organismos que los propios directivos, hace mucho daño el hecho de que en grupos importantes de contratistas falta capacidad técnica, pues el personal en ocasiones llega a cargos del Estado a través de transacciones con las clientelas políticas. Este cuadro crítico hace que tengamos una institucionalidad muy débil, que vive alienada entre normas y planes, incluso inentendibles para ellos mismos.
Tenemos una institucionalidad muy débil, que vive alienada entre normas y planes, incluso inentendibles para ellos mismos
Veamos ahora el escenario de las organizaciones locales de carácter ciudadano: los procesos públicos con sus leyes, planes y costumbres suelen elegir representantes de las comunidades para cuanta convocatoria colectiva o servicio define el Estado, las representaciones de las comunidades operan en diversos niveles y dinámicas territoriales, sectoriales y poblacionales; tenemos convocatorias de participación para todo. Sin embargo, el sentido de estas participaciones suele ser genérico, instrumental, poco decisivo, puntual y con pocas garantías de respuesta para las poblaciones. Se suma a esta circunstancia el hecho de que las representaciones formales no logran siempre concitar el interés del grueso de las comunidades y que las organizaciones que les justifican y sustentan no gozan de mucha permanencia y de procedimientos democráticos, reproduciéndose sistemáticamente disputas autoritarias. Frente a estas circunstancias las personas y los grupos de hábitat cotidiano prefieren las interacciones vecinales más informales, emocionales y distanciadas de la relación con el Estado. Se define así un contexto de participación comunitario, social y ciudadano precario, en términos de la integración de las poblaciones y de las posibilidades de movilización propia en torno a propósitos colectivos y públicos.
Pensemos ahora el tipo de relación que se termina estableciendo, señalando cinco grandes asuntos o problemáticas que son decisivos respecto a la razón por la cual no funciona democráticamente la gestión pública en los escenarios locales: (a) el lenguaje de las agencias institucionales es impositivo, poco inclusivo y dialogado, dando lugar recurrente a clasificaciones, estigmas y estereotipos de las poblaciones que devienen en barreras de acceso (b) por falta de atención a los procesos amplios a nivel social y cotidiano, la institucionalidad termina más bien ejerciendo la cooptación de las vocerías y las representaciones de las comunidades, (c) los servicios dejan de ser la concreción de derechos y se asumen como dádivas residuales que ofrece el gobernante, (d) al momento de concretar prioridades y alternativas en los servicios y proyectos en ejecución, prima el carácter asistencial y el desconocimiento de las personas, las comunidades y los grupos sociales, (e) la relación entre entidades gubernamentales y ciudadanía termina regida por la mentira, la publicidad falsa, y las relaciones de clientelismo y corrupción.
Así las cosas, cuando hay cambios a nivel de la institucionalidad local, está en manos de los nuevos gobernantes que elijan bien sus equipos, que se deslinden de las redes clientelares, que definan bien sus prioridades, sus mapas técnicos y su panorama de recursos, que abran los oídos a la escucha de las voces ciudadanas y que generen acuerdos virtuosos con los diversos sectores en la vida local. También desde el campo de los gobernados, de las organizaciones sociales y las ciudadanias, corresponde fortalecer la democracia local, insistir en la promoción y formación de nuevos liderazgos, así como valorar las nuevas agendas y conflictos para incidir con transparencia en la definición de las prioridades y los acuerdos necesarios para avanzar desde procesos y soluciones concretas. Ya veremos cómo avanzan las nuevas agendas que inician.
