La gestión de RenoBo fue duramente cuestionada en un debate de control político en el Concejo de Bogotá, citado por el concejal del Partido de la U Rubén Torrado, en el que se reveló que esta empresa, encargada de la renovación urbana de la capital del país, no estaría cumpliendo sus metas de ejecución y estaría favoreciendo a privados, presuntamente evadiendo la Ley 80 de contratación.
El cabildante encendió las alarmas por la no ejecución de miles de millones de pesos de recursos públicos de los bogotanos, destinados a varios proyectos y planes parciales, los cuales son entregados por RenoBo a fiducias privadas y no son ejecutados, pero sí representan anualmente millonarias ganancias para quienes administran esos recursos.
“Según un informe de la Contraloría de Bogotá, a julio de 2025 había más de $591.000 millones depositados solo en negocios fiduciarios. Mientras tanto, las fiducias sí trabajan esos recursos y generan rendimientos financieros para ellos, mientras las obras permanecen paradas”, explicó Torrado.
Asimismo, expresó su preocupación porque una de las responsabilidades más importantes de la empresa para 2025 era la construcción de más de 2.000 viviendas VIS y VIP, pero a pocos días de finalizar el año no se ha ejecutado ninguna.
“Este año tenían la meta de promover 2.200 viviendas. ¿Saben cuántas habían reportado a octubre? Cero. Ni una sola solución de vivienda promovida. Tienen la plata y no la gastan, mientras en Bogotá hay más de 200.000 familias que anhelan una vivienda digna”, añadió.
Las irregularidades señaladas no se limitan a estos hechos. El concejal también dio a conocer un hallazgo fiscal de la Contraloría Distrital, que advierte que Bogotá habría perdido más de $10.000 millones por la venta de predios públicos por debajo del avalúo comercial y, en algunos casos, incluso por debajo del avalúo catastral.
“En Usme se vendió un lote por más de $1.000 millones por debajo del precio comercial; el predio Eduardo Umaña, cerca del Concejo, se entregó $4.800 millones por debajo del valor comercial; y en San Cristóbal, el predio Villa Javier se vendió con una pérdida de $4.600 millones, incluso por debajo del avalúo catastral. Tres casos distintos con el mismo ganador: Triada S.A.S.”, agregó Torrado.
Por otro lado, alertó sobre el proyecto del nuevo Centro Administrativo Distrital (CAD 2), que busca concentrar a las entidades del Distrito en un solo lugar, pero que resultaría insuficiente para albergar a las secretarías y funcionarios, luego de modificaciones en su localización, área construida y cronograma.
“El nuevo CAD, que inicialmente debía alojar a 10.600 funcionarios en 98.000 metros cuadrados, terminó reducido a menos de la mitad. Con el Decreto 644 de 2023 el proyecto quedó en cerca de 45.000 metros cuadrados y hoy no existe claridad sobre cuántas entidades o funcionarios podrá recibir”, señaló.
También manifestó preocupación por varios proyectos de RenoBo que, según indicó, presentan retrasos, prórrogas y adiciones contractuales, muchos de ellos a cargo de la constructora Las Galias. Entre estos mencionó: el Voto Nacional, que incluye el Distrito Creativo Bronx, la Alcaldía Local de Los Mártires y el Centro de Talento Creativo – SENA; los equipamientos sociales del Cable Aéreo San Cristóbal; San Bernardo – Tercer Milenio; el proyecto de vivienda VIS Las Cruces; Usme Idipron 2; La Palestina en Bosa y la Actuación Estratégica La Sevillana.
Finalmente, Torrado denunció un patrón de gastos injustificados en RenoBo, entre ellos la contratación de asesores con honorarios de hasta $26 millones mensuales, patrocinios y actividades sin impacto verificable, pagos por charlas sin resultados comprobados y la compra de camionetas por más de $185 millones cada una, presuntamente sin los soportes exigidos.
“Estos hechos demuestran que la gerencia de RenoBo no está cumpliendo su misión pública y que la entidad se ha convertido en un comodín para intereses privados, mientras los recursos de la ciudad se diluyen sin beneficio para los bogotanos”, concluyó el concejal, quien solicitó la intervención de la Personería de Bogotá, la Contraloría Distrital y la Veeduría Distrital.
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