El aumento del salario mínimo en un 23,7%, decretado por el gobierno, es una apuesta peligrosa. Tiene algo de justicia distributiva, no hay que negarlo, pero también incluye ingredientes de populismo con fines electorales.
Imaginemos la dicha y el apoyo incondicional al proyecto político del progresismo de los trabajadores que devengan un salario mínimo, y de sus familias, al ver que sus ingresos aumentaron de la noche a la mañana como nunca antes lo habían hecho. Esto, sin duda, lo va a capitalizar el gobierno actual para consolidar el apoyo popular a su candidato.
Es una jugada de alto riesgo, que puede complicarle el manejo de la economía al próximo presidente. Muy pocos negocios obtienen las inmensas utilidades de los bancos, las grandes compañías, y los comercios y empresarios consolidados, y esta medida los puede llevar a la quiebra, generar desempleo y disparar la inflación.
Es una decisión temeraria, porque el flujo de caja de los millones de empleadores que pagan salarios mínimos —entre ellos los propietarios de muchas pequeñas y medianas empresas que a duras penas producen para pagar la nómina y dejan unos centavos para que sus dueños sobrevivan con la esperanza de que su negocio se fortalezca–, ese flujo de caja, no va a aumentar el primero de enero de manera que les posibilite cubrir el 23,7% del aumento del salario mínimo que le deberán pagar a sus empleados el año entrante.
A esos emprendedores solo les quedan alternativas poco prometedoras:
Subir el precio de los productos que ofrecen, hasta el punto que les permita compensar el aumento del salario mínimo, lo que produce carestía, es decir, inflación, y una muy posible disminución de las ventas.
Reducir las utilidades, en caso de que estas lo permitan. Es la menos lesiva de las opciones, aunque disminuirá las ganancias del propietario y su poder adquisitivo.
Bajarles el sueldo a los empleados que devengan salarios por encima del mínimo, en el caso de las empresas en que los paguen, lo que también mermará el poder adquisitivo de los asalariados.
Reducir la nómina, lo que generará desempleo.
Y la peor de todas: cerrar la empresa porque ya no produce para cubrir el salario mínimo de sus trabajadores, lo que provocará más desempleo y aumento del mercado informal, el del rebusque.
Esperemos, con los dedos cruzados, que estos pronósticos pesimistas no se materialicen, que la impredecible dinámica de nuestra economía no permita que la apuesta del gobierno, al subir el salario mínimo en un porcentaje sin precedentes, nos lleve a la reducción de la producción, el consumo, la inversión y el empleo, y que le dé la razón a los argumentos que ha expuesto Petro para justificar el aumento. Si esto sucede, todo aquel que no sea mezquino deberá celebrar el decreto.
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