Con este documento la CIDH le dio la razón al ex alcalde y determinó que ningún colombiano elegido popularmente puede ser destituido por una instancia administrativa
Son $300.000 millones por las basuras y el transporte público que sus abogados lograron suspender pero para la Corte Constitucional el impedimento todavía sigue
"El debate electoral debe dar prioridad al planteamiento de estrategias para rescatar la transparencia y credibilidad en las instituciones del Estado infiltradas de corruptos"
