El recién nombrado por el alcalde Daniel Quintero nombró a Álvaro Guillermo Rendón presidente de EPM a comienzos del 2020. En tanto su tarea prioritaria por instrucción de Quintero era demandar al Consorcio constructor como responsable de la catástrofe ocurrida dos años atrás buscó al exmagistrado Alexander Sánchez Pérez para que ocupara la vicepresidencia de Asuntos Legales y desde allí estructurara la demanda. El ex magistrado auxiliar se trasladó a Medellín pasara posesionarse en el cargo en junio del 2020. Se puso manos a la obra.
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La tarea era mayúscula y buscó apoyarse en pesos pesados para que lo acompañaran en el proceso de conciliación y la posterior demanda por 9.9 billones que radicó a comienzos del 2021. Contrató al exmagistrado Carlos Bernal- quien estaba renunciando de manera inusitada a la Corte Constitucional y a la poderosa firma multinacional Baker & Mackenzie, Haber aceptado el jugoso contrato de EPM le significó serias críticas por parte colegas por tratarse de un típico caso de puerta giratoria. Fue cuestionado públicamente por reconocidas entidades como De Justicia liderada por Rodrigo Uprimy; textualmente se le recordó que “Un exmagistrado litigante no es un abogado común. Más allá de los nexos personales que pueda tener con sus sucesores, el hecho de haber concebido algunos de los precedentes constitucionales le confiere un estatus especial que inclina la balanza de la justicia a favor de la causa que defiende”
Bernal había sido ternado por el Presidente Juan Manuel Santos y elegido en el 2017 pero se retiró después del tercer año tras a pesar de haber sido designado para un período de ocho años. Se retiró dejando un sin sabor por sus posiciones frente al recién firmado proceso de paz con las Farc. Fue el artífice del hundimiento del recurso de Fast Track para tramitar de manera express las leyes para materializar los compromisos del Proceso de paz firmado entre el Estado y las Farc como Juan Manuel Santos y Timochenko como protagonistas.
No resultó sorprendente que el Presidente Iván Duque lo nominara en el 2021 como comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington cargo que ocupó en Washington hasta diciembre del año pasado y aunque quiso reelegirse postulado por el Peru, no consiguió los votos.
Sánchez Pérez fue quien interpuso la demanda pero su permanencia en EPM fue fugaz y sin cumplir año salió del cargo igual que el gerente Rendón, polemizando duramente con el alcalde Quintero. Regresó a Bogotá a ejercer su práctica profesional y fue uno de los primeros superintendentes delegados que nombró Cielo Rusinque recién asumió el cargo de Superintendente de Industria y comercio.
Alexander Sánchez fue nombrado el 11 marzo de 2024 Superintendente delegado para asuntos jurisdiccionales y ya ocupaba el alto cargo cuando un Tribunal arbitral falló en favor de los demandados, los constructores el Consorcio CCCI, conformado por Conconcreto, Camargo Correa y Coinsa.
La segunda demanda acaba de perder EMP que le costará 780 mil millones
El segundo caso en el que jurídicamente fue derrotado en los estrados judicioales EPM fue por el alcance de la responsabilidad de la Empresa de servicios públicos de Medellín con Hidroituango.
La sección tercera del Consejo de Estado ratificó el laudo del 7 de diciembre de 2023, el Tribunal de arbitramento reafirmó las obligaciones que derivaban del contrato Bommt (construir, operar, mantener y transferir) suscrito en marzo del 2011 entre EPM y la Sociedad Hidroituango SA que la obligaba a cumplir y ejecutar hasta su finalización el contrato con las modificaciones acordadas bilateralmente por las partes".
En este laudo de dos años atrás, EPM ya había sido conminada pagar más de $ 780.000 millones a la sociedad Hidroituango en sonoro fallo que tuvo como árbitros a Ruth Stella Correa Palacio, Jaime Humberto Tobar y Fernando Pabón Santander Se cuantificó el valor del incumplimiento contractual en el proceso de construcción de la hidroeléctrica. Este es el laudo arbitral. en el que los juristas explican que EPM, como empresa proveedora de servicios terminó incumpliéndolo a raíz de la crisis que se vivió en la obra en 2018.
El abogado Alberto Montaña Plata quien acaba de ser elegido presidente del Consejo de Estado, ratificó la sanción económica y será el actual gerente de EPM, John Maya quien ha hecho toda su vida profesional en la entidad y fue nombrado por el Alcalde Federico Gutiérrez quien tendrá que honrar la deuda con la Sociedad Hidroituango en cabeza, desde hace dos años del abogado y economista Alejandro Arbelaez, quien llegó al cargo después de ser vicerrector académico de la Universidad de Medellín y de haber sido director de proyectos de la Fundación Proantioqia. Ninguno de los dos funcionarios ni el que tendrá que responder institucionalmente por la cuantiosa suma de dinero ni quien la recibirá para su administración tuvieron nada que ver en la decisión que dejó en firme el Consejo de Estado.
Hidroituango es la central hidroeléctrica más importante del país y una de las más grandes de Latinoamérica, creada para atender la creciente demanda de energía eléctrica en Colombia.
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