El gobierno de Gustavo Petro se ha especializado en hacerles emboscadas a las leyes colombianas. Y lo peor es que esas estrategias sucias le han dado frutos.
Las más recientes emboscadas perpetradas por Petro y sus secuaces fueron la emergencia económica (no la que decretó por la calamidad que vive buena parte del país debido al invierno) sino la anterior (la que urdió para tapar el hueco fiscal) y el aumento desmedido del salario mínimo.
El gobierno tenía muy claro que los altos tribunales terminarían por tumbar los decretos mediante los cuales se expidieron esas medidas. Pero las tomó porque sabía que, de todas formas, esas trampas le iban a reportar ganancias.
En el caso de la emergencia la trampa fue doble. Primero porque se decretó sin que hubiera ocurrido un hecho sobreviniente e imprevisto que ameritara la declaratoria de emergencia y segundo porque se expidió el día que arrancaban las vacaciones judiciales.
El gobierno sabía que esa declaratoria era ilegal, pero necesitaba urgentemente billete para financiar la campaña electoral. ¿por qué se subió el IVA a los licores? Porque en las fiestas de fin de año es cuando la gente más consume alcohol. ¿Avispados no?
Uno de los principales cómplices de las trapisondas que elucubra Petro es Germán Ávila, el servil Ministro de Hacienda. Su antecesor, Diego Guevara (que resultó un tipo serio), no quiso hacerle el juego al Presidente y por eso duró poco en el cargo.
A Petro no le interesa que sus subalternos sean competentes. Lo que le gusta es que sean bien obedientes. Y Ávila lo es.
Petro y Ávila hicieron cuentas. Con el tiempo que duraban las vacaciones judiciales más el que se debía tomar la Corte Constitucional para estudiar la legalidad de la emergencia, tenían un mes largo para que los impuestos establecidos con esa medida extraordinaria les dejaran una linda suma, antes de que el alto tribunal la suspendiera. ¡Valía la pena pasarse la ley por la faja!
La misma receta aplicaron con el alza del salario mínimo. El dúo dinámico Petro-Ávila sabía que decretar un alza del 23% era abiertamente ilegal, porque la ley 278 de 1996 establece claramente los criterios en los que se debe basar el gobierno para definir esa remuneración mínima.
El artículo octavo de la ley en mención dice: “Cuando definitivamente no se logre el consenso en la fijación del salario mínimo, para el año inmediatamente siguiente, a más tardar el treinta (30) de diciembre de cada año, el gobierno lo determinará teniendo en cuenta como parámetros la meta de inflación del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la República y la productividad acordada por el comité tripartito de productividad que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; además, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del producto interno bruto (PIB) y el índice de precios al consumidor (IPC).
La meta de inflación es del 3%, el índice de precios al consumidor fue del 5,1%, la productividad no llegó al 1% y el incremento del PIB fue del 2,8%. Con lo cual, en rigor, el incremento del salario mínimo, debió estar alrededor del 7%, ¡menos de la tercera parte de lo que se subió!
Pero para que no nos tilden de michicatos, pongámosle que, en un gesto de generosidad, el Gobierno hubiera decretado un alza del 12%. Todo el mundo hubiera quedado contento: las centrales obreras, que propusieron un alza del 16%, habrán visto ese alza, que duplicaba la inflación causada, como una conquista, al igual que los trabajadores. Y los empresarios hubieran recibido con tranquilidad esa mejoría en el ingreso salarial de sus empleados.
Pero no. Lo que se requería era un incremento escandaloso que apalancara a los candidatos del petrismo al Congreso y a la Presidencia
Una vez más, Petro sabía que esa alza era ilegal y que los altos tribunales se lo iban a tumbar. Pero como de lo que se trata no es de cumplir la ley sino de ganar las elecciones, no dudo en decretarla.
El viernes ocurrió lo que tenía que suceder: el Consejo de Estado ordenó la suspensión del decreto que estableció el alza del 23%. Lo que lejos de molestar a Petro lo debe tener feliz.
La decisión del Consejo de Estado le da un nuevo impulso a las candidaturas del petrismo al Congreso y de Cepeda a la Presidencia. Qué mejor bandera electoral para este rey del populismo que salir a protestar porque los tribunales manejados por “la oligarquía” quieren tumbar el “salario mínimo vital”.
Como el daño ya está hecho, lo mejor que podría pasar es que el alto tribunal deje el alza de este año como lo decretó Petro. Y siente jurisprudencia para evitar que en el futuro aparezca otro populista que le dé por tomar medidas estrafalarias con propósitos electorales.
El daño ya está hecho. Evitemos que Petro y sus secuaces sigan sacándole jugo a esa emboscada.
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