Las batallas de Carlos Caicedo el alcalde de Santa Marta

Le arrebató el poder a las familias intrincadas con la política y los negocios y derrotó hasta al magistrado Pretelt para devolverle la ciudad a los samarios

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diciembre 13, 2015
Las batallas de Carlos Caicedo el alcalde de Santa Marta

El alcalde Carlos Caicedo no tuvo un solo día fácil en sus cuatro años de gobierno. Su carta de presentación fue la gestión como rector de la Universidad del Magdalena con la que rescató la principal alma mater del departamento de las garras del paramilitarismo y la politiquería buscando devolverle competitividad académica. Caicedo fue el palo electoral de las elecciones del 2011 cuando se impuso con 74.165  votos viniendo de ser un dirigente sencillo, desconocido, sin maquinaria  alguna en una ciudad controlada por un puñado de familias amangualadas con la clase política beneficiarias durante décadas de los negocios con dineros públicos. “A unos pocos les iba muy bien, al resto, la gran mayoría de la población muy mal”, dice Caicedo. Enfrentó adversidad política y jurídica en un intento por no dejarlo gobernar e incluso forzar su retiro. Las batallas ganadas abrieron un horizonte y le despejaron el camino a Santa Marta para entrar al ranking de las ciudades intermedias promisorias de Colombia e incluso de América Latina.

LA BATALLA CONTRA LA DELINCUENCIA, LA AMENAZA DE LOS URABEÑOS 

No habían pasado cinco días de su posesión como alcalde cuando los Urabeños decretaron un paro armado en el centro de Santa Marta. Una prueba de poder y control territorial como retaliación a la muerte de Megateo, el mayor del clan de los Úsuga. Caicedo enfrentó la primera prueba convirtiendo la crisis de orden público en una oportunidad.  Logró el apoyo del Ministro de defensa Juan Carlos Pinzón y del propio Presidente Santos quien visitó la ciudad para crear la Policía Metropolitana y echar a andar un plan de seguridad que se volvió bandera de gobierno logrando sacar a Santa Marta del ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo y bajar su tasa de homicidios.

LA BATALLA PARA PODER GOBERNAR

Caicedo ganó las elecciones con 74.165 votos, casi el doble de los obtenidos por su contendor, el conservador Alejandro Palacio Valencia. Pero ganó solo. Sin mayorías dentro del concejo y con dificultades de gobernabilidad. El desafío era entonces lograr gobernar con una clase política decidida a bloquearlo, revocarlo o desgastarlo hasta forzarlo a dejar el cargo. Decidió rodearse de un equipo independiente, con profesionales afines al proyecto ganador, sin consideraciones políticas.

La oposición tramó desde el primer día un plan para bloquearlo y utilizó como puntal al contralor Horacio Escobar, del grupo del parapolítico Trino Luna, antiguo contrincante suyo desde los tiempos de la rectoría de la Universidad del Magdalena. Desde el primer día trabajó para construirle un caso para separarlo del cargo pero finalmente todos los intentos fueron desestimados por las instancias judiciales y disciplinarias del orden nacional.

Además del contralor las mayorías en la bancada del concejo se convirtieron en un obstáculo para limitarle al máximo la capacidad de acción al alcalde e intentar desgastarlo. Pero el gobierno no se dejó maniatar. Con mecanismos novedosos para desbloquear las trabas arbitrarias, los ciudadanos decidieron actuar. Se dio el caso de un presupuesto de $126 mil millones destinado a la renovación de parques y para apalancar ejecuciones sociales complementarias. Ante la negativa de los concejales a aprobar los recursos un ciudadano interpuso una tutela que fue coadyuvada por muchas más y por la propia administración. Forzados a tener que argumentar las razones para el bloque presupuestal el concejo dio vía libre para el gasto con lo cual se inauguró una nueva dinámica de trabajo que se hizo solo efectiva en el segundo tiempo y que el nuevo alcalde deberá continuar por el volumen de recursos apropiados.

LA BATALLA PARA SANEAR LAS FINANZAS DE UNA CIUDAD QUEBRADA

Santa Marta estaba quebrada, sometida a Ley 550, sin recursos para invertir. Y lo más grave desde el año 2003 se había privatizado el recaudo de los impuestos de la ciudad, tercerizados a través de la firma española Recaudos y Tributos RIT / Grupo Inassa “Se trataba de un contrato leonino para la ciudad que le permitía a los españoles embolsillarse hasta $11 mil millones anuales sin presentar resultados positivos de mejoramiento del recaudo”, recuerda Caicedo.

Muy pronto el alcalde quiso suspender la concesión que iba hasta el año 2022, en la misma línea de actuación del alcalde de Cali Rodrigo Guerrero con la firma Si Cali. Caicedo interpuso una acción legal a la que se le atravesó por vía de tutela el  apoderado los españoles,  el influyente abogado, el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil. Con el tiempo se ha podido entender el porqué de la movida de Escobar. La tutela fue ganada en las primeras instancias pero en la segunda instancia pasó a la Corte Constitucional a donde le correspondió al magistrado Jorge Ignacio Pretelt. Como era de esperarse, Pretelt confirmó la tutela en favor de la empresa representada por su amigo Rodrigo Escobar Gil.

Caicedo no se amedrentó e interpuso el recurso de nulidad. En un hecho inédito, la sala plena de la Corte con Luis Ernesto Vargas en la presidencia, modificó la decisión de Pretelt. Sin embargo la sentencia definitiva durmió dos años en el pupitre del magistrado hasta que finalmente en el 2015 quedó en firme la decisión de revocarle la concesión al grupo español. La secretaria de hacienda tomó las riendas del recaudo que aumentará en un 40% con lo cual se le habrá ahorrado a la ciudad $140.000 millones. El ahorro del primer año de $13.000 millones Caicedo lo destinó para becas que aseguren la formación de jóvenes en carreras técnicas. Una denuncia por este caso corre contra Pretelt en la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

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Con Rodrigo Escobar Gil como apoderado de la empresa española Recaudos y Tributos, el magistrado Pretelt intentó evitar devolverle el recaudo de impuestos a la ciudad.

LA BATALLA CONTRA EL MURO DE LA EXCLUSIÓN

Desde hace 30 años, un muro impedía la continuidad de la Avenida del río hasta llegar al mar. El muro cumplía además la función de asilar el barrio El Prado, uno de los zonas residenciales de la élite de Santa Marta habitada por sectores políticos que habían gobernado la ciudad.  “Tumbar ese muro tenía un significado especial”, dice Caicedo. “Por un lado un claro efecto en la movilidad pero era altamente simbólico. Una señal de que la ciudad es de todos y que el capricho de unos pocos no se puede imponer sobre la necesidad de la mayoría. Demolerlo fue un acto justicialista, de reivindicación histórica; un mensaje de dignidad”.

Foto: archivo El Heraldo

Foto: archivo El Heraldo

 

LA BATALLA POR EL AGUA

El manejo del acueducto también fue entregado en concesión a otra empresa del mismo grupo español Inassa, Metroagua. Los malos servicios que tomaron la forma de calamidad pública forzaron una protesta colectiva a la que nuevamente el alcalde quiso responder con soluciones de fondo. Como acción inmediata se organizaron 22 nuevos pozos e intentó suspender la concesión, así como poder asumir el  manejo de los subsidios que le otorga la nación a los más pobres.  Esta pelea se perdió pero los estudios para asegurar una solución definitiva se echaron a andar y en el 2017 cuando concluya la concesión, el alcalde Rafael Martínez podrá  escoger  un nuevo operador que le cumpla a los samarios.

LA BATALLA PARA QUE EL PUERTO NO SEA DE UNOS POCOS

Los principales accionistas de la Sociedad portuaria son las mismas familias tradicionales, con la participación de algunos externos al Magdalena. El alcalde Caicedo, como presidente de la junta directiva se le ha atravesado al plan parcial con el que se pretendía modificar el uso del suelo para autorizar mega edificios vecinos al centro histórico, construir un nuevo muelle de cargo en plena zona urbana y utilizar la escasa agua potable para procesos industriales. “La interacción con algunos grupos empresariales no ha sido fácil pero poco a poco han entendido que cualquier decisión que involucre bienes públicos debe favorecer a la mayoría y no a intereses puntuales”.

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LA BATALLA POR LOS JUEGOS BOLIVARIANOS

Santa Marta consiguió, en una lucha solitaria sin mayor apoyo de Coldeportes, ser la sede de los Juegos Bolivarianos. Ganaron a pulso, sin recursos, ni terrenos, ni diseños de ningún escenario deportivo. “Pero hasta algunos escenarios deportivos estaban controlados por particulares después que el Departamento  los había concedido como al señor Eduardo Dávila, que era dueño del estadio Eduardo Santos(..) El director de Coldeportes, Andrés Botero, ha sido un palo en la rueda reacio a comprometer la contrapartida del gobierno nacional”, dice Caicedo. “Pero ahí vamos.  Contamos con planos maestros con un presupuesto de $25.000 millones para las arenas deportivas y el compromiso de la nación es el de aportar $120.000”. Además del impulso deportivo los juegos serán  la oportunidad de renovar urbanísticamente una zona completamente deprimida y que llegará con la construcción del nuevo aeropuerto internacional

LA BATALLA POR CIUDAD EQUIDAD

Caicedo le tendió la mano al vicepresidente Vargas Lleras para construir un mega proyecto de 4.000 casas dentro del programa de vivienda gratis.

El alcalde en quince días otorgó el plan parcial para la edificación de Ciudad Equidad, de igual manera estableció un acuerdo en el que una de las condiciones pactadas es que hubiera una compensación económica en beneficio de los residentes del lugar. El gobierno nacional quería bautizar la ciudadela Santa Elena pero Caicedo y los samarios la llaman Ciudad Equidad para acentuar con el nombre el propósito del proyecto. “No serán unas simples casas en serie puestas de cualquier forma. Será una ciudadela con vías pavimentas, áreas de cesión de zonas verdes, un hospital, una biblioteca y la nación se comprometió con colegio un gran colegio. Dimos la pelea para consolidar un programa urbano integral y volverlo un proyecto emblemático´´

SOBERANÍA DEL MERCADO

El alcalde Carlos Caicedo lideró otro proceso de soberanía contra particulares al lograr la recuperación del Mercado Público de Santa Marta, tomando posesión de tres predios después de una medida cautelar otorgada por el Juzgado Séptimo Administrativo.

En este lugar se estaban afectando varios derechos colectivos, tales como la protección de los bienes de uso público, la moralidad administrativa, el patrimonio público, el goce de un ambiente sano, el acceso a servicios públicos en forma eficiente y la garantía de la seguridad y la salubridad pública.

LA BATALLA FINAL: LA CONTINUIDAD

El triunfo de Rafael Martínez, de su mismo grupo político Fuerza Ciudadana  y quien había sido su primer secretario de gobierno, fue la conquista final de Carlos Caicedo. Los samarios votaron por la continuidad con el slogan:  “Sigamos con el cambio” con lo cual se aseguró  un proceso que empezó hace cuatro años con un compromiso: “Santa Marta está cambiando” y quedó sellado con 91.294 mil votos

 

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