A meses de las presidenciales en Colombia, contratos previos a la Ley de Garantías y firmas irregulares reabren el debate sobre corrupción y democracia

 - Las 3 millones de firmas falsas de Abelardo de la Espriella muestran la fragilidad del sistema electoral colombiano

A pocos meses de acercarnos nuevamente a las urnas para elegir al próximo presidente de Colombia, la situación política se sacude entre escándalos. El actual gobierno ha firmado contratos de manera apresurada antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, lo que genera gran preocupación en sectores de la oposición, pues podría inclinar la balanza en la elección de quien portará la nueva banda presidencial.

Por otro lado, el país se ve sorprendido por las revelaciones sobre candidatos inscritos mediante firmas. La Registraduría Nacional identificó serias inconsistencias en la recolección: muchas no coinciden con el registro del Archivo Nacional de Identificación (ANI). En algunos casos, hasta un 62% de las firmas resultaron inexistentes. Esto nos obliga a reflexionar: ¿estamos realmente construyendo el país que queremos y merecemos?

Este no es un asunto de ideología, de ser de izquierda o de derecha. Lo que verdaderamente importa es a quién vamos a confiar la misión de gobernar una nación golpeada históricamente por el flagelo de la corrupción. ¿Cómo podríamos depositar semejante responsabilidad en candidatos implicados en la adulteración de firmas, quienes aparentan respaldo popular mediante prácticas tramposas?

Es ingenuo pensar que los responsables desconocían lo que ocurría en la recolección. Cuánto se añoran aquellos tiempos en que, tras ejercer el voto, el dedo se teñía de rojo o azul como símbolo de pertenencia política y orgullo patrio. Hoy, esa imagen de honestidad y compromiso democrático parece lejana. El desprestigio de la clase política ha llevado a que incluso algunos votantes se lucren de la necesidad de los candidatos, exigiendo compromisos que no buscan el bien común, sino intereses particulares. La credibilidad en nuestros representantes se erosiona con cada nuevo escándalo, mientras la corrupción se normaliza como un mecanismo real y cotidiano.

Lo positivo, si algo puede rescatarse, es que en medio de la contienda electoral salen a la luz verdades ocultas. El desempolvamiento de procesos judiciales y las revelaciones entre candidatos, aunque muchas veces usadas como armas para destruir al adversario, permiten al menos conocer aspectos que de otro modo permanecerían ocultos.

Sin embargo, el apetito voraz por el poder ha llegado a tal extremo que se pierden los valores que sostienen la República. La democracia debería fortalecerse con transparencia y honestidad, pero hoy parece dominada por intereses mezquinos. Por eso, la pregunta sigue vigente: ¿con nuestra participación en las urnas estamos construyendo los colombianos el país que realmente queremos?

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