El problema de las tarifas eléctricas en el Caribe

El problema de las tarifas eléctricas en el Caribe

La región Caribe es la más perjudicada con las políticas del servicio eléctrico, pues los usuarios están pagando el plan de inversión de las empresas AIR-E y Afinia

Por: Norman Alarcón Rodas
mayo 26, 2022
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El problema de las tarifas eléctricas en el Caribe
Foto: Archivo

La inflación se disparó en los últimos meses, según el Dane, y ya sobrepasó los dos dígitos anuales. Para los sectores pobres a mayo de 2022, 11,26 % vulnerables, 11,07%. clase media, 9,43 % y general 9,23 %, cuyo mayor componente son los alimentos y el precio de la electricidad.

El tema de los alimentos guarda directa relación con la seguridad alimentaria de los 50 millones de colombianos, duramente lesionada desde hace 30 años cuando se iniciaron la apertura económica y los tratados de libre comercio –16 han sido firmados por los últimos gobiernos–.

Hoy, más del 30 % de la dieta de los colombianos se importa de otros países, al punto que en el último año ingresaron 14 millones de toneladas de bienes agropecuarios que antes eran producidos en nuestros fértiles campos por campesinos, indígenas y empresarios nacionales. Se abre paso en el país la necesidad de renegociar los TLC para poder defender la producción nacional, entre otros factores, como lo ha reiterado por años el senador y excandidato presidencial Jorge Enrique Robledo.

En cuanto a la situación del servicio eléctrico, la región Caribe es la más perjudicada del país con las políticas oficiales. El artículo 318 del Plan Nacional de Desarrollo o Ley 1955 de 2019 determinó crear un régimen especial tarifario para la costa, porque según el gobierno en la misma “se pagan tarifas muy bajas y sus usuarios se tienen que ayudar metiéndose la mano al bolsillo”, como dice cínicamente la ponencia gubernamental.

La CREG reglamentó dicho artículo con la Resolución 010 de 2020, según la cual eran los usuarios quienes debían pagar vía tarifas y en forma anticipada el plan de inversiones de AIR-E y Afinia-EPM.

La Resolución 010 determinó, además, que las pérdidas eléctricas que van a tarifa se debían incrementar drásticamente. En consecuencia, entre julio de 2021 y mayo de 2022, el incremento de la tarifa ya va en 33.3 % –600 % de la inflación de 2021, que fue de 5,62 %–, con lo cual se les quita el pan de la boca a millones de habitantes de la Costa, la mitad de los cuales no alcanza a consumir sino dos comidas o menos al día.

Frente a esta calamitosa situación, varios candidatos presidenciales han expresado a la ligera que, de ganar el primer puesto de la nación, van a rebajar las tarifas eléctricas, pero sin explicar la forma de hacerlo ni el método propuesto para cambiar la fórmula tarifaria, que por ley le corresponde a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), entidad que hace parte del engranaje del Ministerio de Minas y Energía y cuyos comisionados son designados directamente por el presidente de la República.

En Barranquilla y en la sede de la campaña Fajardo Presidente se llevó a cabo hace pocos días el conversatorio “¿Es Barranquilla una ciudad competitiva?”, en el cual intervinieron el profesor Jairo Parada, el experto en temas empresariales Jaime Marum, el exgobernador José Antonio Segebre y Norman Alarcón, por la Liga Nacional de Usuarios. En lo concerniente al tema de las tarifas eléctricas se presentó una propuesta concreta sobre la necesidad de modificar la fórmula tarifaria del servicio eléctrico para todos los estratos y para el sector empresarial.

En dos aspectos: primero, modificar la tasa de retorno (rentabilidad) para la distribución de energía eléctrica que, según la Resolución CREG 007 de 2020, es de 11,36 % anual, supremamente alta y parecida a la rentabilidad de los peajes, cuando en el mundo esa utilidad es de alrededor del 7 % y en Finlandia del 3 %.

Segundo, modificar el cobro del impuesto de renta a las empresas de distribución de energía eléctrica y que estas les cargan a los usuarios vía tarifas, para que no cobren ese impuesto con el criterio nominal, que ha sido alrededor del 33 %, sino con lo que realmente pagan a la Dian, que a veces, por las exenciones y descuentos, no ha pasado ni siquiera del 20 %, como consta en documentos oficiales, exenciones y descuentos que consiguen estas empresas mediante el cabildeo en el Congreso de la República.

En suma, que no les cobren en las tarifas a los usuarios la tasa nominal sino lo que realmente le pagan al fisco, un porcentaje muy diferente. Cabe aclarar que, con estas prácticas, los responsables pueden estar bordeando el Código Penal.

Con estas dos modificaciones, además de otras, se lograría una rebaja de las tarifas eléctricas, para lo cual es necesario una gran movilización regional y nacional, llevar a cabo debates en las corporaciones públicas, en la academia, sindicatos, comunales y ligas de usuarios, para presionar al nuevo gobierno, cualquiera el que sea, porque realmente estamos llegando a un punto de hambrunas y necesidades básicas insatisfechas que no da espera.

 

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