El Gobierno Nacional publicó el proyecto de Decreto por el cual se crea el ¨Programa Presidencial para la prevención del terrorismo¨. En este se instalan tres instancias de coordinación interagencial bajo la sombrilla de la Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional. El Centro Integrado de Información e Inteligencia para la prevención del terrorismo – CI3T, El Centro de Coordinación contra las finanzas de organizaciones de delito transnacional y terrorismo, y la Estrategia para la prevención de la radicalización y el extremismo violento.
En los últimos treinta años han sido innumerables los intentos de los gobiernos por concentrar la inteligencia y sus instituciones en centros integrados del nivel presidencial, todos ellos frustrados gracias al develamiento oportuno de intereses soterrados de alfiles presidenciales profundamente politizados que encuentran en la función de inteligencia una herramienta de poder, acceso y control sobre la información privilegiada con clasificación de secreto y ultrasecreto.
Para evitar este monopolio, se creó la Ley Nacional de Inteligencia - 1621 de 2013 - luego de un metódico trabajo entre el Congreso, la academia y el Ministerio de Defensa Nacional, que permitió por primera vez en la historia del país contar con una Ley moderna y sofisticada, llenando los vacíos en esta materia y estipulando una estricta regulación, control, límites y marco de acción de la inteligencia. Esta Ley ha sido eficaz en su aplicación, ordenó esta actividad y la enmarcó en el principio supremo de garantizar y promover los derechos fundamentales y los derechos humanos. Ha sido igualmente referente clave de otros países.
La integración y coordinación de la actividad de inteligencia ha estado bajo el liderazgo del Ministerio de Defensa Nacional. Allí funciona la Junta Nacional de Inteligencia a la cual convergen los servicios de esta especialidad, se invita además a la DNI, a la UIAF y a la Fiscalía. Esta Junta ha funcionado en armonía, con eficacia y legalidad, es el núcleo de reserva que blinda y garantiza el funcionamiento adecuado de la Inteligencia Estratégica, Táctica y Operacional del Estado. Con un elemento adicional, de allí se han desprendido algunas de las más contundentes operaciones contra objetivos de alto valor del terrorismo, el narcotráfico y las bandas criminales.
Es contraproducente para la democracia y lesivo para la Inteligencia Nacional, la incomprensible creación de estos tres centros de coordinación interagencial, con iguales actores, funciones y objetivos a los de la Junta Nacional de Inteligencia. Se crea un paralelismo, más burocracia, se politiza y se amenaza el secreto de la información.
Se expresa en el proyecto, que los centros proveerán de inteligencia a la Fiscalía y a la Policía Judicial para actuar en el marco de la ley penal en contra de los actores criminales. A caso esta misión no la cumple la Junta Nacional de Inteligencia?. A caso desde esta Junta no se intercambia inteligencia para prevenir el terrorismo, perseguir las finanzas ilegales y analizar los escenarios violentos y extremistas?. Estamos reviviendo intereses Non Sanctos para politizar la inteligencia concentrando en el Palacio de Nariño a los servicios, su inteligencia y a sus funcionarios?.
Los Centros Integrados de Inteligencia ya existen, fueron creados desde 2004 en la Dirección de Inteligencia Policial, allí participan los diferentes servicios de inteligencia del país, funcionan distanciados del poder político, operan como mecanismos técnicos, con alcance estratégico y operacional, arrojando importantes productos y procesos sobre terrorismo, narcotráfico y criminalidad. ¿Por qué sacarlos de la cápsula que los mantiene inmunes al manoseo político?
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La Consejería de Seguridad Presidencial, además de la inoperancia que la ha caracterizado, pone en gran riesgo la reserva e integridad de la inteligencia y afina su uso con intenciones políticas
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Pese a las injerencias indebidas en el Ministerio de Defensa Nacional, la Junta Nacional de Inteligencia ha conquistado un espacio excepcional de independencia. Mientras tanto, la Consejería de Seguridad Presidencial, además de la inoperancia que la ha caracterizado a través del tiempo, pone en gran riesgo la reserva e integridad de la inteligencia y afina su uso con intenciones políticas. Esta Consejería como muchas otras, aparecen y desaparecen con el vaivén de los gobiernos de turno, cambia súbitamente su rol y alcance, no pasa de ser la secretaría técnica del casi inexistente Consejo Superior de Seguridad y Defensa, no ha logrado estructurar su esencia como órgano rector de las políticas de seguridad y defensa del país y termina en la mera formulación de planteamientos teóricos con poca eficacia en el terreno como las denominadas zonas futuro, y documentos estratégicos que han desencantado a algunas instituciones, como la recién creada política de convivencia y seguridad ciudadana. Tampoco logra encajar en la articulación y cooperación en estos asuntos con los Ministerios de Defensa y del Interior.
Para no ir muy lejos, recordemos el reciente fiasco del Consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos Jhon Bolton, que salió por la puerta de atrás divulgando los secretos que durante 3 años obtuvo en su interacción con los servicios de inteligencia estadounidenses, que para el bien de ese país, las agencias federales tienen muy claras sus limitaciones de suministro de información cuando son llamados a participar en centros de integración altamente politizados. El peligro está a la vuelta de la esquina.
